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Y seguimos para bingo: a vueltas con el cómputo de los plazos

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Espacio Tributario

A Joaquín Zejalbo Martín (1956-2017)

In memoriam.

Obviamente, no lo voy a negar, lo que me pedía el cuerpo era abordar en este “post” la tan cacareada sentencia del Tribunal Constitucional sobre la malhadada amnistía. De momento, correré un tupido velo, tomaré aire y – “ya si eso”- más adelante. Esto tal pareciera el “eterno retorno de lo igual” . ¡Qué cruz!

Debo de tener una vocación docente frustrada. Lo digo porque en las ocasiones (menos de las que me gustaría, y de las que mi tiempo me lo permite) en las que, gracias a varias instituciones que han depositado su confianza en mi presunta capacidad didáctica, imparto clases a futuros profesionales del ámbito tributario, disfruto, y mucho.

En esas clases, lejos de centrarme en el detalle concreto -siempre candidato a ser olvidado por el mero transcurso del tiempo-, pretendo mostrar la importancia de algunas herramientas básicas que quizá resisten mejor los embates del tiempo: el espíritu crítico, la libertad, el criterio propio (sin desmerecer los ajenos), las eternas ganas de aprender, …, y todo ello regado con alguna característica propia de nuestro carpetovetónico carácter tal como hacerles ver, ya desde los inicios de su carrera profesional, la insoportable inseguridad jurídica a la que tanto el legislativo como el ejecutivo y el judicial nos someten. Con todos esos ingredientes, la ilusión y el tiempo pondrán lo demás para lograr unos profesionales solventes.

Lo de la inseguridad jurídica, lejos de ser un “mantra” objeto de tertulias de sobremesa de asesores ya bregados en años de cuitas tributarias, es una realidad, cruda realidad. Paradigma de ello es la diferente interpretación del Tribunal Constitucional y del Supremo acerca de la interrupción de la prescripción penal. Así:

-. (…) la expresión “[la] prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el culpable” no pueda entenderse en sentido distinto al de su claro tenor literal, es decir, en el de que es indispensable para dicha interrupción que haya comenzado un procedimiento que, al tener que estar dirigido contra el culpable —cualquiera que sea la impropiedad con que este término haya sido empleado—, no puede ser otro que el procedimiento penal o, lo que es lo mismo, el abierto o iniciado por quien tiene atribuido el ejercicio del ius punendi del Estado en el actual estado de la legislación; esto es, el Juez” (STC 29/2008, de 20/2).

-. “La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha tenido conocimiento de la reciente sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional el pasado 20/02/08, que declara la nulidad de la nuestra de 14/03/03 y, tras su análisis, ratificamos nuestros precedentes Acuerdos de Sala General de 12/05/05 y 25/04/06, por cuanto el Órgano Constitucional reitera la extensión de su jurisdicción basándose de nuevo en una interpretación de la tutela judicial efectiva, en este caso, en relación con el potencial derecho a la libertad personal de los recurrentes, que vacía de contenido el art. 123 CE.

Este precepto constitucional, dentro del Título correspondiente al Poder Judicial, tiene como misión preservar el debido equilibrio entre órganos constitucionales del Estado, en este caso, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, para asegurar el adecuado funcionamiento de aquél, de forma que se desconoce su esencia, fijando una interpretación de la legalidad ordinaria que sólo corresponde al Tribunal Supremo” (Acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo de 26/2/2008).

Los alumnos, obvio es decirlo, no dan crédito a que tan altas instituciones del Estado no tengan criterios armónicos sobre aspectos tan básicos -a la par que trascendentes- tales como la interrupción de la prescripción penal…

Al lado de semejante debate (sin duda del todo enriquecedor en el ámbito teórico-doctrinal; a la par que tan desastroso en lo que seguridad jurídica se refiere), parece que cualquier otro tendría un impacto menor, ya del todo nimio. Y probablemente así habría de ser si no fuera por el enorme -ingente- universo de contribuyentes afectados por alguna que otra controversia atinente a aspectos más procedimentales. Me refiero a la sempiterna controversia sobre el modo de cómputo de los plazos administrativos por meses.

Y es que el Tribunal Supremo, mediante su sentencia del pasado 25/4, ha insistido en su tesis de que “en plazos señalados por días, para asegurar que el ciudadano disponga del tiempo que marca la ley, es sin duda necesario llevar el dies a quo al día siguiente al de la notificación; de otro modo, se hurtaría al recurrente de un tramo del término: las horas transcurridas hasta la práctica de la indicada notificación. Sin embargo, en plazos señalados por meses o años no es preciso a estos efectos trasladar el dies a quo al día siguiente al de la notificación. Puede afirmarse gráficamente que, por lo mismo que de lunes a lunes hay más de una semana (ocho días, no siete), de 26 de enero a 26 de febrero hay más de un mes, sin que, en principio, se le haya privado al demandante de parte del plazo mensual que le correspondía por el hecho de que el dies ad quem se identificara con el día equivalente al de la notificación. Los preceptos aplicados en el presente caso (arts. 241.1 LGT y 48.2 LPC) establecen que el plazo de impugnación empieza a correr a partir del día siguiente al de la notificación. No obstante, tampoco resulta irrazonable interpretar, como hace la Sentencia impugnada, que el ordinal del dies ad quem coincide con el del día en que se practicó la notificación: por lo mismo que de martes a lunes hay una semana, de 27 de enero -que es el día siguiente al de la notificación- a 26 de febrero hay el mes legalmente garantizado para la interposición del recurso de alzada, que era en este caso un presupuesto procesal del acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo afirma la Sentencia recurrida cuando, apoyándose en la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, insiste en que el art. 241 LGT y la nueva redacción del art. 48.2 LPC (dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero) han alterado el día inicial de cómputo, pero no la fecha de vencimiento, que sigue siendo el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda. Dicho de otro modo, establecido que el dies a quo es el siguiente al de la notificación, si se llevase el dies ad quem al día equivalente del mes siguiente, se daría al administrado más tiempo del que marca la ley”.

Sin embargo, y esto es lo aquí destacable, esa interpretación convive con la contraria mantenida por el Tribunal Constitucional (así, por ejemplo, en sus STCs 148/1991 o 48/2003) en la que en los plazos contados por meses, el día que se toma como referencia no es el de la notificación o publicación, sino el correlativo mensual al día siguiente de la notificación o publicación.

Dicho esto, no es menos cierto que a día de hoy este debate habrá de considerarse -aunque no pongamos la mano en el fuego- razonablemente “pacificado” por obra y gracia de las previsiones de la Ley 39/2015, ese dechado de ortodoxia jurídica que en su día ya fue objeto de crítica en este foro, cuando en su artículo 30.4 señala que “si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes”.

Lo que, por favor, bajo todo punto de vista habremos de expulsar de nuestra mente es esa estrambótica tesis sostenida por algunos abogados no especializados en el ámbito impositivo que, presentando el recurso dentro de las 15 horas del día siguiente al último del plazo, buscan que se les aplique esa dilación del plazo así prevista en el artículo 135.1 LEC. Y es que como apunta la STS de 25/4 que motiva estas líneas, “no está prevista la aplicación supletoria de esta ley en los procedimientos tributarios regulados por la Ley General Tributaria y tampoco se puede deducir de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/1992, sobre procedimientos administrativos en materia tributaria, dado que estos procedimientos tienen su propia normativa por la que se rigen y ésta no contempla esta posibilidad”.

¡Ea!

 

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