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Sobre el derecho de residencia de familiares comunitarios

Extranjería

El 10 de julio se publicó en el BOE la Orden PRE/1490/2012 que establece las normas para la aplicación del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, real decreto que fue modificado por la disposición final quinta del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El Real Decreto 240/2007 establece el régimen jurídico de los ciudadanos comunitarios y sus familiares no comunitarios (incluyendo a los familiares no comunitarios de los españoles). El artículo 7 de ese real decreto regula la residencia superior a tres meses de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, por extensión, la de los familiares no comunitarios de estos.

Antes del 20 de abril la residencia de ciudadanos comunitarios por un período superior a tres meses estaba sólo sometida a la obligación de solicitar personalmente inscripción en el registro central de extranjeros, con la simple presentación de pasaporte o documento de identidad en vigor. Era una extensión absoluta del derecho a la libre circulación de personas dentro de la Comunidad Europea, con la exigencia de la mínima burocracia. Y digo era porque a partir del 20 de abril las cosas han cambiado de forma significativa.

La disposición final quinta del Real Decreto Ley 16/2012, bajo la rúbrica de la racionalización del Sistema Nacional de Salud introduce una nueva redacción que parte de una filosofía netamente distinta, en cuanto restrictiva. De no pedir prácticamente nada, hemos pasado a exigir una exhaustiva demostración de que el extranjero comunitario y su familia disponen para sí y los miembros de su familia de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España. Eso se consigue siendo un trabajador por cuenta ajena o propia o pudiendo demostrar un cierto poderío económico, situación que se proyecta en toda la familia. En lo que se refiere a medios económicos suficientes, no se ha establecido un importe fijo, pero en todo caso no superará el nivel de recursos por debajo del cual se concede asistencia social a los españoles o el importe de la pensión mínima de Seguridad Social.

El cambio que el legislador introduce no se limita a la asistencia sanitaria, ya que la exigencia no es tener cubierta cualquier contingencia de salud a través de un seguro médico (bien por tener derecho a cobertura de la seguridad social, bien a través de uno privado), sino la acreditación de tener medios suficientes de vida para sostenerse y sostener a su familia, sea esta también comunitaria o no. Si no se cumplen las ratios, el comunitario no es bienvenido y debe volver a su país comunitario de origen; aquí sólo se acoge a quien no supone una carga para el sistema.

Una conocida sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de junio de 2010, estableció que el término familiar de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea incluye a los familiares de un ciudadano español que se reúnan o lo acompañen, sentencia que la propia exposición de motivos de la orden PRE recoge. Una duda que se plantea de forma inmediata es la situación de los familiares de españoles que sean nacionales de terceros Estados (o incluso comunitarios). Esto es, qué pasa con el cónyuge digamos polaco o argentino o alemán de un español/a que se ha quedado sin recursos económicos ¿Debe volver a su país de origen si se convierte en una carga para la asistencia social? ¿Pasan las prestaciones no contributivas a tener cómo únicos beneficiarios posibles a los españoles? ¿El español emparentado con un no español arriesga la residencia de su familiar al pedir ayuda a la asistencia social? Con las normas en la mano, nos inclinamos para responder afirmativamente a todas esas preguntas.

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