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Revalorización de las pensiones vía judicial

Laboral

La revalorización de las pensiones en función del IPC no es una de las bondades que agradecer a ningún gobierno. Responde a una previsión legislativa expresa del artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social que se denomina, precisamente, revalorización: “Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año”.

Para el año 2013, además de incrementar las cargas para los pensionistas vía repago de los medicamentos, se optó por suspender la aplicación de ese artículo 48.1. y se estableció que el incremento de las pensiones sería de “un uno por ciento tomando como referencia la cuantía legalmente establecida a 31 de diciembre de 2012. No obstante, se incrementarán un uno por ciento adicional al previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 todas aquellas pensiones que no superen los 1.000 euros mensuales o 14.000 euros en cómputo anual. Estas pensiones, por tanto, se incrementarán en el dos por ciento”. Nada que ver con el incremento del IPC, que estuvo en el 2,9%.

Algunos, muy pocos, de los miles de afectados por este incremento-congelación alternativo diseñado por el ejecutivo interpusieron demandas ante los juzgados de los social. Vía UGT está accesible la sentencia del pasado jueves 13 de junio, de un juzgado de lo social de San Sebastián sobre este particular, sentencia en la que el juez de instancia considera que el RDL LEY 28/2012 establece una cuantificación determinada de reajuste de las pensiones que no se ajusta al incremento legalmente establecido y medido por la Ley General de la Seguridad Social, que de hecho no ha sido modificada. Por tanto el demandante tiene derecho a su revalorización y a su paga única compensatoria. Aunque por cuantía la sentencia debiera ser irrecurrible, el juez atiende al hecho de la afectación general del asunto y da pie al INSS y a la TGSS para que puedan interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, lo que suponemos harán de inmediato. Tengamos en cuenta que aunque el interés sea general, la reclamación del derecho es individual, quién no reclame no verá el incremento por mucho que a este ciudadano en concreto le acabe dando la razón el Tribunal Supremo.

Cambiar esa norma de revalorización parece ser el objetivo final de todo este debate en torno a la sostenibilidad de las pensiones, ya que ningún gobierno se atreve a hacerlo directamente – el coste electoral pesa, hay que perseverar en el sagrado equilibrio político entre bien general y el bien particular de mantenerse en el poder- sino que se trabaja en crear un estado de opinión para que el cambio parezca irreversiblemente impuesto por las circunstancias y no una opción política predeterminada (que no por ideológica deja de ser legítima).

Sobre la fórmula matemática que se esboza como probable para “corregir” el cálculo de las pensiones hace una reflexión interesantísima y amena la Doctora en Matemáticas Clara Grima. Siempre es importante refrescar conocimientos, porque la asepsia y objetividad de un cálculo depende no del cálculo en sí mismo, sino de las magnitudes que se emplean.

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