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La responsabilidad de recibir notificaciones administrativas de otra persona

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Vivienda

Dos personas demandan a quien había recibido notificaciones administrativas y no se las había hecho llegar, reclamando, al amparo del art. 1902 del Código Civil, el resarcimiento de daños y perjuicios derivados de la actuación negligente del demandado, fundamentando su pretensión en que los demandantes solicitaron de la Administración una serie de ayudas públicas a propietarios para fomento del alquiler, y que no recibieron ninguna notificación, siendo informados de que su expediente había sido archivado, de modo que posteriormente pudieron comprobar que las notificaciones no les habían llegado al haber sido realizadas al demandado que no se las hizo llegar. Cuantificaron su petición en 6.000 euros por la ayuda no percibida, más 2.400 euros por daños morales.

El Juzgado de primera instancia estima en parte la demanda condenando al demandado a pagar 960 euros más el interés legal, apreciando compensación de culpas.

La Audiencia provincial estima en parte la apelación por considerar que el demandado  incurrió en negligencia y que medió una relación de causa a efecto entre esa actuación y la denegación de la ayuda o subvención interesada. En cuanto a la indemnización procedente, considera probado el lucro cesante y no los daños morales.

En cuanto a la concurrencia de culpas, considera que los actores contribuyeron en un 20% al propio daño sufrido al no instar la nulidad de dichas notificaciones por lo que atribuye al demandado un 80%, reducción que aplica a la indemnización procedente de 6.000 euros, que queda reducida a 4.800 euros, más los intereses legales desde la presentación de la demanda, sin especial declaración sobre costas causadas en ambas instancias.

El Tribunal Supremo en sentencia de 24 de mayo de 2017, desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de la Audiencia.

Considera el Supremo que el recurrente no justifica la vulneración de la jurisprudencia de esta sala mediante la aportación de las sentencias que se citan, que ninguna relación guardan con el supuesto ahora planteado, sin que en el desarrollo del motivo se haga referencia expresa a la doctrina sentada por dichas sentencias, limitándose la parte recurrente a negar la existencia de acción culposa por su parte. Dicha culpabilidad ha sido apreciada correctamente en la instancia pues, con independencia de las relaciones que el demandado pudiera tener con la entidad mercantil de gestión, por cuenta de quien actuaba – las que resultan ajenas a este proceso- fue él quien recibió las notificaciones que finalmente no llegaron a sus destinatarios quedando así como responsable ante los mismos, según ha estimado la sentencia recurrida.

Asimismo resulta intrascendente la doctrina que se alega acerca de una interpretación amplia que esta sala ha sostenido sobre los requisitos que han de concurrir para que se dé la responsabilidad por hecho de otro a que se refiere el artículo 1903 CC . La responsabilidad por el hecho propio no queda excluida por la circunstancia de que dicha norma permita exigirla también de aquellas personas o entidades que deban responder por hechos de otro. Es cierto que, en su caso, los ahora demandantes pudieron haber dirigido su acción contra la entidad de gestión inmobiliaria, por cuya cuenta actuaba, al parecer, el demandado; pero nada les impedía reclamar directamente a dicho demandado como receptor de las notificaciones, sin perjuicio de las relaciones de éste con la empresa por cuya cuenta afirma haber actuado.

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