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“ODIO LAS “CONEXAS´´, PERO EL DESTINO ME EMPUJA A ELLAS”

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Espacio Tributario
                 Ya en alguna ocasión anterior he caí­do en la tentación -ahora repetida- de traer a colación esa célebre frase “ochentera” con la que se anunciaba televisivamente la emisión de una película de Charles Bronson : odia la violencia, pero el destino le empuja a ella”. Pueden creerme, a mí­ con las conexas me pasa tres cuartos de lo mismo. Entraron en mi vida ya hace algo más de una década, por la puerta de atrás, sin avisar y con la apariencia de hacer una visita rápida, casi de cumplido…, pues no sólo se han instalado en mi salón y se beben mis cervezas, sino que a este ritmo seré yo el que me vaya y las deje a ellas solitas, de lo “superado” que me tienen. Como en tantas cosas de la vida, creo que su victoria no va a ser por rendición del adversario sino por puro aburrimiento. ¡Qué cruz!

 

En esta ocasión, como en tantas otras, intentaré empezar por el principio. Y el principio obliga a apuntar que -¡otra vez!- ha vuelto a ocurrir: si hace apenas unas semanas les daba cuenta de alguna peculiar interpretación del TEAC, contraria a las pretensiones del Departamento de Inspección de la AEAT, divulgada por obra y gracia -precisamente- de la interposición de un recurso de alzada por ese Departamento, ahora ha sido el Departamento de Gestión el que ha “levantado la liebre” sobre una interpretación de un TEAR favorable a los intereses de un contribuyente y que la AEAT pretendía “tumbar”. Sigo preguntándome si esta estrategia del erario público al recurrir todo aquello que contraría sus pretensiones no se vuelve en su contra al servir de aviso a navegantes de interpretaciones económico-administrativas que, de otro modo (visto el grado de “opacidad” del grueso de la doctrina económico-administrativa), nunca hubieran trascendido más allá del estricto áámbito del contribuyente afectado por ellas…

 

El caso ahora es, en resumidas cuentas, que la AEAT regularizó la escisión realizada en 2004 por la empresa Y, negándole la aplicación del régimen de neutralidad y diferimiento. Mediante esa escisión de Y se constituyó la sociedad X, que ya mediante esa aportación inicial se hizo con la titularidad de un inmueble, registrándolo -obvio es decirlo- en su activo por el valor contable histórico que lucía en el balance de Y. La cuestión es que X en 2006 vendió ese inmueble, integrando en su base imponible del Impuesto sobre Sociedades (IS) la plusvalía resultante de la diferencia entre el precio de venta y aquel valor contable (pues en eso consiste el diferimiento). Pero, claro, si la AEAT le cuestiona a Y la aplicación del régimen especial a su escisión, y le exige el IS/2004 por el beneficio aflorado a la fecha de esa reestructuración, parece claro que X argumente que ese mismo beneficio no podrá¡ integrarse -también- en su propia base imponible, siendo así­ que insta ante la AEAT la rectificación de su declaración del IS/2006 y, en consecuencia, la devolución de la cuota proporcional correspondiente a la plusvalía fiscal ya registrada por Y.

 

Ante esa iniciativa de X, la Oficina Gestora de la AEAT reacciona negándosela pues la liquidación practicada por la Inspección a Y fue recurrida por ésta ante el TEAC y, posteriormente, su resolución desestimatoria, ante la Audiencia Nacional, siendo así­ que el acto administrativo sobre el que X fundamenta sus intereses no es firme y, por tanto, no es válido como “cimiento” sobre el que construir su solicitud de devolución de ingresos indebidos.

 

Pero, el hombre es voluntad, y X recurre esa desestimación ante el TEAR-Madrid que estima sus pretensiones. Es contra esta resolución del TEAR contra la que el Departamento de Gestión Tributaria recurre en alzada ante el TEAC dando lugar a la resolución que motiva estas líneas.

 

Aquí­, en esencia, vuelve a reproducirse -¡y ya van!- la concurrencia prototípica de los ingredientes tantas veces analizados en esta bitácora: una actuación administrativa cuyos efectos, lejos de circunscribirse al impuesto/período/obligado objeto directo de la misma, tiene una vocación expansiva, siendo así­ que “salpica” -en este concreto supuesto- a ese mismo impuesto (el IS), pero en otro período (el regularizado por la AEAT era 2004 y el “contagiado” 2006) y, además -y Éste es un elemento específico de este caso que introduce una variable acreedora del máximo interés-, en sede de otro obligado tributario: mientras que el inspeccionado era la entidad escindida (Y), la que resulta “contaminada” y, como tal, la que insta la devolución de ingresos indebidos, es la constituida (X) a resultas de la escisión.

 

Ante ese escenario, el recurso instado por el Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT se “basa” en el pretendido “argumento” de que la presunción de validez y ejecutividad son predicables solo respecto de cada acto administrativo pero sin posibilidad de extensión a un tercero, que ninguna norma prevé la extensión de efectos que la entidad pretende, y realza los efectos perversos que podrán derivarse de una eventual desestimación de los recursos planteados por Y”. Expondré mi reacción a esta tesis de un modo sumamente escueto: me encanta”(léase, por favor, engoladamente, al más puro estilo “borjamari”) .

 

Y para no irme por las ramas, y en lo que a la AEAT se refiere, le esgrimiré un único argumento contrario a sus pretensiones: parece obvio que la AEAT tiene personalidad jurídica y, además -y esto es aquí­ lo relevante-, Ésta es Única; siendo así­ que no cabe entender que mientras un brazo (Inspección) defienda A, otro (Gestión) mantenga que es B la tesis a sostener. Siendo esto así­, la postura de la AEAT tiene un agujero (tiene más, pero seré breve), y no precisamente menor: el supuesto de hecho que dio lugar a la resolución del TEAC de 24/4/2013, en el que Inspección le giró una liquidación a un socio de una sociedad transparente, cuyo exclusivo pretendido fundamento era la liquidación previamente girada a la transparente (y eso, dicho sea de paso, que esa liquidación estaba ya no recurrida -matiz al que yo no le atribuyo relevancia jurídica alguna a los efectos aquí­ objeto de análisis- sino, además, suspendida). Es decir, que es palmario que en el caso que dio lugar a esa resolución de 2013 la AEAT sostuvo que la presunción de validez del acto administrativo de regularización de la transparente no era predicable sólo en lo que a ésta se refiere, sino que extendía sus efectos jurídicos a un tercero (su socio). Parece que huelga extenderse más  sobre este particular que evidencia un palmario doble rasero de la AEAT.

 

El TEAC, por su parte, en su resolución intenta hacer un imposible ejercicio de malabarismo para sostener que si la falta de firmeza de un acto no le impide a la AEAT construir sobre él otros actos ulteriores, tampoco esa falta de firmeza puede esgrimirse por ésta para cercenar las pretensiones de los contribuyentes basadas, precisamente, en aquellos actos previos de la propia AEAT. El malabarismo no está en esa conclusión -que yo suscribo desde la primera hasta la última palabra-, sino en la argumentación desarrollada para llegar a ella, donde lamina -por pretendidamente intrascendente- cualquier efecto, por nimio que éste sea, que quepa reconocer a la institución de la suspensión sobre el acto primigenio que las actuaciones ulteriores toman como base.

 

Para ello echa mano de su baúl de los recuerdos, esgrimiendo resoluciones que no son sino jalones de ese viaje a ninguna parte en el que el TEAC se embarcó ya hace unos años, cuando decidió sostener -por el “artículo 33″- que la Administración puede emitir liquidaciones que tienen su causa en acuerdos de liquidación correspondientes a periodos anteriores (,..), aunque los acuerdos de liquidación que constituyen la causa de dichas liquidaciones provisionales no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnados en ulteriores vías revisoras e incluso se haya suspendido su ejecución en dichas vías(es obvio que es este último inciso el que incorpora una carga de profundidad enorme, unas ruedas de molino con las que desde este foro no se va a comulgar).

 

Veamos como el propio TEAC, el “solito”, se enfanga en su propio lodo cuando afirma más adelante que aunque la resolución con liquidación provisional practicada por el ejercicio 2004 no fuera firme, toda vez que fue recurrida en ví­a administrativa, ello no es obstáculo para que la misma produzca efectos, ya que es ejecutiva. Es decir, que el TEAC entiende que una actuación administrativa puede cimentarse en otra previa única y exclusivamente en la medida en que ésta sea ejecutiva; premisa pétrea que, no obstante, desmiente -él mismo- cuando, apenas unas líneas más adelante, sostiene que la suspensión de los actos administrativos (…) no impide que la liquidación suspendida, aun cuando no pueda ser ejecutada, pueda servir de fundamento a una liquidación posterior relativa a un ejercicio distinto”. La reacción lógica no se hace esperar: ¿en qué quedamos?,¿es la ejecutividad un requisito sine qua non para activar ese pretendido “contagio” a otros actos, o no? Y, es más, no contento con eso, poco después vuelve sobre sus fueros: la ejecutividad del acto administrativo dictado en sede de la sociedad (…) inviste a aquél de la presunción de validez, imponiéndose, salvo que mediara suspensión, su ejecución al contribuyente” (es decir, que el “contagio” de una sociedad a su socio sólo será factible si la regularización practicada a la primera no estuviera suspendida). Es decir, que lo que no puede ser, no puede ser; y, además, es imposible.

 

En lo que respecta a los pretendidos efectos perversos” sobre los que la AEAT advierte para el caso de que el recurso planteado por Y prosperara (es decir, que así­ se consumara una desimposición total, al ya haber mediado la devolución de ingresos indebidos a X), el TEAC hace una confesión, no menor: reconoce que el eventual pronunciamiento favorable a Y no tendrá el carácter de “documento esencial” a los efectos de abrir la “lata” de un recurso extraordinario de revisión, constatación que le lleva a reconocer que qué duda cabe que la situación planteada sigue requiriendo una solución”. Solución que, obsérvese, no viene (no puede venir) de la mano de la vidriosa regulación de las obligaciones tributarias conexas pues el concepto de éstas, por obra y gracia del artículo 68.9 LGT, se circunscribe a las del propio obligado tributario” y no a las de un tercero (entidad escindida y entidad creada por la escisión)…

 

Es, así­, la perentoria necesidad de dar salida a un callejón que no lo tiene, lo que lleva al TEAC a aceptar el abrazo del oso: léase el interpretar que el artículo 128.1 RGGI cuando afirma que la Administración tributaria no podrá efectuar una nueva liquidación en relación con el objeto de la rectificación de la autoliquidación, salvo que en un procedimiento de comprobación o investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la resolución del procedimiento de rectificación”; interpreta -digo- que una hipotética resolución/sentencia estimatoria de las pretensiones de Y, constituye una de esas “circunstancias” que “habilitan corregir en sus justos términos el enriquecimiento injusto que aquella sentencia o resolución consagrarán en el contribuyente cuya solicitud de rectificación se atendió”. No estoy de acuerdo -no puedo estarlo-, pues no es eso -entiendo- lo que ese precepto contempla cuando exige que esas nuevas circunstancias afloren en un procedimiento de comprobación o investigación posterior” (no parece que el pretendido automatismo de exigir a X la devolución de lo indebidamente reintegrado por la AEAT sea un procedimiento de comprobación/investigación, sino una mera ejecución de ese eventual pronunciamiento favorable a Y).

 

Lo siento, pero, no. No voy a admitir pulpo como animal doméstico. Me niego.

 

 

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