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La falta de “advertencia” como causa de improcedencia en el registro de morosos

Civil

Si a cualquiera de nosotros nos preguntasen si estamos en algún registro de morosos, es muy probable que la mayoría no supiéramos contestar a la pregunta, mucho menos “metidos en el lío” sabemos cómo evitarlo y seguramente “ni idea” de los requisitos que han de cumplirse para que sea una inclusión válida.

En la entrada de hoy analizaré una reciente sentencia de nuestro Supremo en la que aboga por la importancia del requerimiento previo antes de incluirnos en un registro de morosos. Es decir, considera la vulneración del derecho al honor de una persona que no ha sido previamente requerida al pago ni advertida de su posible inclusión en un registro de morosos.

En el caso que nos ocupa, la inclusión en el registro de morosos se realizó sin previo requerimiento de pago al cliente ni advertencia de ser incluido en un registro de este tipo.

El requerimiento de pago previo requisito `sine qua non´ para la validez del registro de morosos

En este caso el punto de partida de la disputa surge de la firma de un contrato de préstamo hipotecario contratado por el “protagonista” de esta historia con una entidad bancaria, la cual, ante el impago del préstamo concedido a su cliente, comunicó sus datos personales a un registro de morosos, sin más preámbulo. Nos encontramos ante “una casa empezada por el tejado”, ya que la inclusión en el registro de morosos se realizó sin previo requerimiento de pago al cliente ni advertencia de ser incluido en un registro de este tipo ante la situación de impago como incumplimiento de su obligación contractual.

Asimismo, en la exposición de hechos, el perjudicado mantenía negociaciones con el banco para la cancelación del préstamo mediante dación en pago. Motivo por el cual, el cliente “excusaba” su impago, por intentar poner fin al vinculo contractual con la entidad bancaria al tiempo que se le incluye en el registro mencionado, motivado por el impago. A su criterio, no procedía su inclusión en un registro de morosos.

El perjudicado interpuso una demanda de protección al honor contra el banco y reclamó una indemnización por daños materiales y morales causados. Sus datos personales estuvieron en el registro de morosos durante casi 4 años, pudiendo ser consultados públicamente por quien se le antojase hacerlo, incluidas entidades con las que el perjudicado mantenía relaciones profesionales.

Las distintas consideraciones de los tribunales

En primera instancia se estimó parcialmente la demanda, ya que, por un lado, existía una deuda cierta, líquida y vencida, pero no quedaba probada la falta de liquidez alegada por la entidad bancaria para cancelar el préstamo mediante la dación de pago del inmueble hipotecado. Y, añadía el Tribunal, se incumplía el requerimiento previo de pago exigido en la normativa reguladora de la protección de datos causando su infracción y una intromisión ilegítima del derecho al honor.

La entidad bancaria recurrió en apelación esta decisión y la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la falta de requerimiento previo, pero sin considerar la intromisión ilegítima del honor alegada.

Ante esta decisión el perjudicado interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo el cual no consideró lícita la inclusión en registros de morosos como método de presión para lograr el cobro de deudas y, en cumplimiento de la normativa que regula la protección de datos de carácter personal es, por tanto, “determinante para decidir si, en el caso de inclusión de los datos de una persona física en un registro de morosos, la afectación del derecho al honor constituye o no una intromisión ilegítima”.

Asimismo, mantiene su propio criterio respecto al requerimiento de pago previo, en sentencia anterior , considerando que “no es simplemente un requisito ‘formal’, de modo que su incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción administrativa. El requerimiento de pago previo es un requisito que responde a la finalidad del fichero automatizado sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias” (por diferentes motivos, incluidos voluntarios, sin justificación alguna). Aclara, el Tribunal que con la práctica del requerimiento se evitarían inclusiones que no procedan, y en este caso, consta que “el demandante había mantenido negociaciones con la entidad demandada para cancelar el préstamo mediante la dación en pago de la finca hipotecada. Por tal razón, cobraba todo su sentido el requisito del requerimiento previo de pago con advertencia de inclusión (…)”.

Y la última palabra la tiene el Supremo

Consideró el Supremo que los datos del demandante se mantuvieron por periodo inferior informado y que la entidad bancaria los canceló en cuanto tuvo conocimiento de la personación del demandante en el proceso de ejecución hipotecaria. Y atendiendo a todo lo anterior, procede únicamente la indemnización del daño moral causado al demandante, por haber sido consultados sus datos por varias empresas con las que operaba, la cual fija en la cantidad de 10.000 euros, por indemnizaciones similares fijadas con anterioridad por este tribunal.

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Imagen de Bruno Glätsch en Pixabay