Cerrar

“Aún hay jueces en Madrid: varapalo judicial a la reforma de la Ley General Tributaria”

Ley General Tributaria
Espacio Tributario

La ya célebre exclamación “Aún hay jueces en Berlín” (“Es gibt noch Richter in Berlin!”, en su versión germánica y, por tanto, original) fue pronunciada por Federico II el Grande, rey de Prusia, cuando supo que su vecino, un humilde molinero al que el propio rey había ordenado demoler su molino porque afeaba las vistas de su palacio de Postdam, había ganado el recurso que interpuso contra esa demolición, fallo judicial que ordenaba al propio rey no sólo la íntegra reconstrucción del molino sino, también, la indemnización a su propietario. Desde entonces, esta frase ha quedado como un hito histórico en el altar de la división de poderes al poner de manifiesto que la Justicia (el Poder Judicial) puede dar la razón al más humilde de los ciudadanos frente a la aparente omnipotencia de los poderes del Estado.

Tal y como es sabido, dentro de la tan cacareada “reforma fiscal”, el Gobierno ha impulsado (bien es cierto que dándole un ínfimo perfil mediático, no vaya a ser que se divulgue en demasía) una muy sustancial modificación de la Ley General Tributaria (LGT), esa regla básica que rige las siempre peculiares relaciones entre la Administración Tributaria y los ciudadanos en su faceta de contribuyentes. Y lo cierto es que el anteproyecto emanado del Ejecutivo introduce una muy sensible pérdida en el estatus jurídico de los contribuyentes que ven así como los pocos derechos que aún les quedan se van reduciendo todavía más para, en paralelo, incrementar sustancialmente las facultades/prerrogativas exorbitantes de las que hace uso la Administración Tributaria.

Sea como fuere, la cuestión es que el mencionado anteproyecto, en su larga tramitación, pasó por la lupa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que evacuó su dictamen al respecto el pasado 30 de septiembre. Y el parecer del CGPJ es merecedor de todo nuestro interés puesto que, lejos de alabar las pretensiones del Ejecutivo (que aquí actúa como “prelegislador”), ha echado todo un jarro de agua fría (gélida, diría yo) sobre muchos de los aspectos más relevantes que el anteproyecto incluye.

Centremos, pues, nuestra atención en algunos de ellos:

-. La primera ya en la frente: el CGPJ reprocha al Gobierno que el texto de reforma de la LGT “no viene acompañado por la memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como por una memoria que contenga la estimación del coste a que dará lugar” contraviniendo así lo previsto en la Ley 50/1997 que regula la actuación del propio Gobierno. Mal empezamos si el propio poder desatiende/desobedece las normas que él mismo se da. Este asunto, no nos despistemos, no es baladí porque, ¿con qué legitimidad, ese mismo Gobierno, incumplidor, va a exigir a la ciudadanía el cumplimiento de múltiples y complejas normas si él es el primero que no lo hace?

-. A continuación, el CGPJ hace lo que ya casi podríamos considerar como un “brindis al sol” que es abogar por que “como cuestión previa y general a todo el Anteproyecto, es necesario advertir de la necesidad de que se incremente la seguridad jurídica del contribuyente”. Y es que, desde instancias más que autorizadas, ya hace tiempo que se denuncia que “las constantes y arbitrarias modificaciones tributarias causan una enorme incertidumbre, una sensación de temporalidad y una inseguridad jurídica que están provocando un daño inconmensurable a nuestro país”.

-. En cuanto al “conflicto en la aplicación de la norma tributaria” (ese eufemismo postmoderno con el que ahora se conoce el clásico “fraude de ley”), se denuncia “la insólita ampliación de las potestades administrativas de control y represión de las infracciones tributarias y la correlativa minoración de los derechos y garantías del contribuyente”. A este respecto, me permito traer aquí a colación las interesantes (por insólitas) matizaciones que la Junta Arbitral del Convenio Estado-Navarra hace en su reciente resolución de 15/5/2014, donde desautoriza la interpretación de la AEAT de que en nuestro Derecho tributario “el fondo prevalece siempre sobre las formas” y pretende sustentar esta aseveración en los artículos 13, 15 y 16 de la LGT (…) y con él pretende resucitarse la antigua y denostada teoría de la interpretación económica del Derecho tributario.

Esta tesis, propia de regímenes autoritarios y adoptada por la Ordenanza Tributaria alemana de 1919, ha sido unánimemente rechazada por la doctrina (especialmente tras el definitivo estudio monográfico de Ezio VANONI sobre la Naturaleza e interpretación de las normas tributarias, traducido en España por el profesor Martín Queralt) y por la jurisprudencia, porque no es compatible con el Estado de Derecho. Fue proscrita por el art. 23 de la LGT de 1963 (“Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en Derecho”), y la proscripción se ha mantenido con el mismo texto en el art. 12 de la LGT vigente. El significado de este precepto, aparentemente inocuo por ser obvio lo que en él se dice, se entiende en su contexto histórico y no es otro que el de expulsar del Derecho tributario español toda traza de interpretación económica, o con criterios especiales o extrajurídicos.

La realidad es que el principio “substance over form” es un criterio contable (no tributario) de origen anglosajón, que hoy recoge el art. 34.2 del Código de Comercio para concretar el significado del principio de “imagen fiel” que la reforma contable de 1989 colocó en la cúspide de los principios contables. Dice el art. 34.2 del Código de Comercio que “en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica”. Este principio no se puede extrapolar al Derecho tributario donde la realidad económica sólo se tiene en cuenta en el limitado contexto y ámbito de aplicación del vigente art. 15 de la LGT, con el que se trata de combatir el abuso de Derecho y lo que tradicionalmente se ha conocido como fraude a la ley tributaria”.

-. En lo que respecta a la prescripción, “parece que el prelegislador se ocupa de establecer mecanismos para impedir “a toda costa” que la prescripción llegue efectivamente a producirse, bien otorgando poderes exorbitantes a la Administración Tributaria, bien incrementando las causas interruptivas”, lo que le lleva a denunciar que “resulta ciertamente sorprendente esta declaración de imprescriptibilidad, que carece de parangón en nuestro ordenamiento jurídico, más allá (de) la referida a delitos de especial gravedad previstos en el Código Penal como crímenes contra la humanidad”.

-. En lo que se refiere a la divulgación pública de los datos identificativos de deudores a la Hacienda Pública, “nos planteamos serias dudas acerca de que esta publicidad resulte compatible con la legislación sobre protección de datos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Pero si estas consideraciones son ya de por sí invalidantes de las pretensiones del Ejecutivo, no se pierdan las que se vuelcan en el “voto particular concurrente” emitido por la vocal María Concepción Sáez Rodríguez, que, entre otras, nos deja las siguientes “perlas”:

-. “La modificación de la LGT por el Anteproyecto (…) no parece que siga el camino de la claridad y simplificación. La simple lectura de su Exposición de Motivos pone sobre aviso. Tiene toda la apariencia de un texto precipitado. Como si se hubieran reunido, sin pulir, trabajos realizados, con mayor o menor acierto, desde hace tiempo sobre la materia. (…) Se observa en el Anteproyecto un desconocimiento voluntario de la construcción normativa, doctrinal y jurisprudencial respecto de la naturaleza de los diferentes actos administrativos (…); y de los distintos tipos de liquidaciones tributarias (…). Es evidente que esta reforma choca con todo el entramado doctrinal, jurídico y jurisprudencial sobre la materia, como si prescindiendo del arte arquitectónico se decidiera actuar contra la estructura de un edificio, afectando no solo al mismo sino también a los colindantes. De ello nada bueno se puede esperar”.

-. Así, en lo que se refiere a las prerrogativas que se le pretende otorgar a la Administración tributaria durante el proceso penal relativo a presuntos delitos contra la Hacienda Pública, señala que “la potestad jurisdiccional exclusiva y excluyente de juzgados y tribunales establecida en el artículo 117.3 de la Constitución, y reconocida en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que, no olvidemos, deriva directamente de la división de poderes inherente a todo Estado democrático de Derecho- queda seriamente comprometida”.

-. En cuanto a las pretendidas limitaciones para la aportación de pruebas en los procedimientos tributarios,  “puede conculcar el derecho de defensa del obligado tributario, y que no se explica ni se justifica en la Exposición de Motivos”.

-. En lo relativo a las modificaciones propuestas relativas al nuevo régimen de la responsabilidad patrimonial del legislador tributario, “con ello, se evita o, al menos, se obstaculiza la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado legislador vía prescripción de acciones en claro perjuicio para los ciudadanos”.

Recientemente ya tuve ocasión de exponer en otro medio lo que -en  mi subjetiva y modesta opinión- nuestro país demanda, que es un sistema fiscal incentivador, simple, coherente, armonizado, suficiente -¿para cuándo una reflexión -sincera, seria y sosegada- sobre nuestra pesada estructura administrativa/territorial?- y eficaz; aplicado por una Administración que, persiguiendo implacablemente el fraude, no vea en todos y cada uno de los contribuyentes -en su inmensa mayoría, meritoriamente cumplidores- a unos potenciales defraudadores”.

Mientras eso llega (si es que llega), al menos, podemos congratularnos de que “aún hay jueces en Madrid”.

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo . Garantía profesional.

©Todos los derechos reservados. Los contenidos de esta web son propiedad exclusiva de SIGA 98, S.A. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial.

2 Comentarios

  1. Comentario interesante.
    ¿Cómo afecta a la tramitación de este anteproyecto de ley? ¿En qué medida el Gobierno queda vinculado por ese dictamen?
    Entiendo que, dadas las fechas en que nos encontramos, resultará extremadamente complicado que cualquier modificación de la LGT pueda entrar en vigor el 1-1-2015. ¿Cuál es la opinión de los expertos en esta materia?
    Gracias por adelantado

  2. […] -. “Cuando lo que hay es una discrepancia con el obligado tributario acerca de la deducibilidad de unos determinados gastos, o sobre la interpretación jurídica de una realidad aceptada tanto por el contribuyente como por la Inspección, estamos en el peor de los casos ante un problema de “cuota impagada”, nunca de “cuota defraudada“”. […]

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

Pin It on Pinterest