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La solución extrajudicial de las reclamaciones por cláusulas suelo

Reclamaciones de cláusulas suelo
Vivienda

Para paliar la previsible avalancha de reclamaciones judiciales para recuperar lo indebidamente pagado en hipotecas con cláusulas suelo el Gobierno ha recurrido una vez más a legislar mediante Decreto-Ley con el fin de proporcionar a los consumidores un instrumento que les permita obtener una rápida respuesta a sus reclamaciones.

Las ventajas de una solución extrajudicial a los litigios son indudables, no hay más que echar mano del tantas veces repetido dicho “más vale un mal arreglo que un buen pleito”, sin embargo en este supuesto es cuando menos dudosa la bondad del procedimiento extrajudicial previsto.

La experiencia señala que entre los perjudicados hay quienes ni siquiera saben que en su escritura de hipoteca existe una cláusula suelo, para ese caso el Decreto Ley tiene previsto que “las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario”.

Es decir la defensa básica de los perjudicados queda en manos de quien provocó ese perjuicio, pero no se señala en ese Decreto Ley ante quien se deberá garantizar que el sistema extrajudicial ha sido conocido por todos los perjudicados, ni quién controlará su ejecución, y sobre todo, no hay prevista ninguna sanción para el caso de incumplimiento.

Haciendo un esfuerzo de imaginación, todos los perjudicados son informados y reclaman, en tal caso está previsto que el banco realizará el cálculo de lo que debe devolver y el perjudicado manifestará si está de acuerdo o no.

Es innegable que la mayoría de los consumidores, como los denomina el Gobierno, no tienen los conocimientos suficientes para averiguar si ese cálculo es correcto o no, con lo cual deberán acudir a un experto que lo compruebe y pagar los honorarios que correspondan a ese trabajo, costo que deberán asumir, y que, sin embargo, en una reclamación judicial hubiera formado parte de la presumible condena en costas al banco.

En el caso de que el banco por error, negligencia o mala fe, haya efectuado un cálculo erróneo a su favor, el perjudicado deberá aguardar tres meses para interponer la demanda judicial y entrará entonces en la interminable espera que supone hoy un pleito, así como deberá anticipar los gastos del mismo.

Si el Gobierno, como señala en la introducción pretendía evitar “que se produzca un aumento de los litigios que tendrían que ser afrontados por la jurisdicción civil, con un elevado coste a la Administración de Justicia por cada pleito y un impacto perjudicial para su funcionamiento en forma de incremento sustancial del tiempo de duración de los procedimientos”, ¿no hubiera sido mucho más eficaz, someter estas devoluciones al interés del 20% de interés de demora, análogo al que tiene previsto la Ley del Seguro, para la aseguradoras que retrasan el pago de las indemnizaciones?

Sustraer, como se pretende, la resolución de este conflicto a la Administración de Justicia, con el razonamiento antes citado, es algo así como si para acabar con  las listas de espera en la intervenciones quirúrgicas, la administración sanitaria derivara a esos pacientes a las consultas de curanderos, brujos y sanadores.

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