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¿Qué pasa con lo anterior al 13 de febrero?

Laboral

El alcance de las modificaciones operadas por la presente reforma laboral no se puede dimensionar correctamente hasta que empiecen a dictarse sentencias – y sentencias de tribunales superiores de justicia – que marquen criterios estables sobre la interpretación de algunos de los puntos controvertidos e interpretables. Pueden darse además situaciones jurídicas muy transitorias, ya que la aprobación de la reforma laboral tras superar el trámite de las cámaras se estima que no se producirá hasta el mes de junio, y puede que se introduzcan en ella matices que representen diferencias en las posiciones jurídicas pre y post convalidación de la reforma. En las situaciones pre y post reforma hay diferencias relevantes que ya han empezado a generar jurisprudencia, porque no se fijó un criterio a seguir transitoriamente.

Los despidos formalizados antes del 13 de febrero –muchos de los cuales aún están pendientes de juicio- constituyen un caso curioso.

El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores anterior a la reforma establecía la obligación del abono de los salarios de tramitación en los supuestos de despido declarado improcedente, tanto si el empresario optaba por readmitir como por extinguir la relación contractual con el abono de la indemnización de 33 o 45 días por año. Esto es, la parte empleadora debía abonar al trabajador “una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación”.

Ese era uno de los mayores riesgos del empresario, que en ocasiones podía suponer una cantidad superior a la propia indemnización por despido. El nuevo artículo 56 reserva el abono obligado de los salarios de tramitación al único supuesto de readmisión del trabajador despedido improcedentemente, y no cuando el empleador opta por la indemnización.

Y la pregunta es ¿qué pasa con los despedidos, digamos por causas objetivas, antes del 13 de febrero pendientes de juicio o sentencia posterior? Porque si sus despidos son declarados improcedentes lo serán en fecha posterior a la reforma. ¿Deberían cobrar salarios según el artículo 56 vigente cuando los despidieron o no tienen derecho a ellos según el vigente cuando sale la sentencia declarando ese despido improcedente?

Una sentencia del TSJ del País Vasco de 21 de febrero de 2012 se plantea si deben abonarse o no los salarios de tramitación a un despido que califica de improcedente (revocando la calificación de nulidad efectuada por el juzgado de instancia), despido que ocurrió el 14 de julio de 2011 con sentencia del Juzgado de lo Social de 22 de agosto -en agosto se trabaja en los juzgados, en contra de la creencia extendida de que cierran-, sentencia recurrida que ahora resuelve el Tribunal Superior. Y se puede considerar este lapso de tiempo en resolver – 7 meses- relativamente rápido.

El tribunal argumenta en sentido positivo con apoyo en el Código Civil (“Las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”) y la Constitución (“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”). Consideran que al no haber regla fijada en el RDL 3/2012 se ha de estar al principio de irretroactividad general de las normas jurídicas, considerando que el hecho de la restricción o supresión de un derecho individual (el percibo de los salarios de tramitación reconocido en la normativa anterior) no puede aplicarse con carácter retroactivo.

Siendo un argumento jurídico bien fundamentado, hemos leído sentencias de juzgados (la instancia primera e inmediatamente anterior a cualquier Tribunal Superior de Justicia) en las que se establece que no proceden los salarios de trámite ya que la fecha de declaración del despido como improcedente es la de la propia sentencia, por lo que es de aplicación la redacción vigente en el momento que se califica como improcedente y no la vigente en el momento de tomar la decisión (calificada como errónea) de considerarlo despido por causas objetivas. Hay tantos tribunales Superiores de Justicia como autonomías (y varias salas en cada uno), por lo que puede que encontremos dos criterios que sólo el Tribunal Supremo podrá convertir en uno, y eso sólo si alguno de los implicados se lo plantea, asumiendo el riesgo de costes y costas.

Menos controvertidas están resultando las situaciones pactadas antes de esa fecha (horarios en reducción de jornada, condiciones más favorables, etc.) que se consideran consolidadas y no afectadas por los cambios legislativos. Obviamente, cuando los acuerdos de los que traen causa cumplan su vigencia, el panorama de negociación será diferente, lo que no significa que no puedan mantenerse ni que no haya que justificar un cambio de criterio.

La bonificación por reincorporación de la mujer trabajadora tras la maternidad, que ha sido eliminada desde el 13 de febrero, se sigue aplicando a las mujeres reincorporadas efectivamente hasta el día 12 de febrero o las que ya la tuvieran aplicada en la cotización empresarial. Puede darse el caso de mujeres que ya no estuviesen de baja maternal en sentido estricto antes del 12 de febrero pero que no se haya notificado la reincorporación efectiva hasta después (digamos mujeres que enlazaron la baja de maternidad con vacaciones, o que se han reincorporado parcialmente manteniendo la situación de baja a tiempo parcial); en esos supuestos, la bonificación no llega a generarse según el criterio de la Administración. Quizá sea un criterio que también se discuta.

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