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¿Qué es la desafección?, ¿y tú me lo preguntas?

Desafección
Espacio Tributario

A mi abuelo, Xesús Taboada Chivite (1907/1976).

In memoriam.

El pasado viernes 25/11 estuve en Verín -capital del Valle de Monterrey, al sur de la provincia de Orense-, de donde es originaria mi familia materna. Fui allí para asistir, emocionado, al homenaje que, con motivo del cuadragésimo aniversario de su fallecimiento, se le rindió a mi abuelo, Xesús Taboada Chivite; un referente intelectual que impulsó un espíritu renacentista (tal y como reza la publicidad que divulga el evento conmemorativo), ansioso por saber y por divulgar el conocimiento. Entre sus múltiples estudios, destacan aquellos focalizados en la etnografía y el folklore, los ritos y las costumbres populares (paradigma de ello es la figura del “cigarrón” cuya foto preside estas líneas).

La Agencia Tributaria (AEAT) está desarrollando una campaña en la que -olvidado ya el malogrado “Hacienda somos todos” (desautorizado, como es sabido, por la mismísima Abogacía del Estado)- ahora el mensaje clave es “contribuimos para recibir”, remedo postindustrial del clásico “do ut des”, basado en la idea nuclear de la solidaridad. La iniciativa mediática se fundamenta en una sociedad de ciudadanos concienciados con su “responsabilidad” de compartir, de promover la igualdad de oportunidades, contribuyendo para ello -cada uno conforme a sus posibilidades- al bienestar colectivo. La llamada a recolectar (léase recaudar) esos recursos compartidos no es otra que la propia AEAT que, de este modo, ofrece su mejor cara: una Administración amable encargada de gestionar esa solidaridad social.

“Obras son amores, y no buenas razones” afirma sabiamente el refranero popular, y hay actitudes que delatan -de un modo tan frío y aséptico, como inapelable- un cierto estado de cosas. Veamos: el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), el pasado 27/10, dictó la resolución recaída con motivo del recurso de alzada para la unificación de doctrina (ese medio exótico mediante el que la propia Administración -cual Jekyll y Mr. Hyde- se autocuestiona sus decisiones, ahorrándose el trámite de la siempre procelosa declaración de lesividad) interpuesto por la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT contra una resolución dictada por el TEAR-Canarias. Los hechos más relevantes del conflicto suscitado son los siguientes:

  • El 21/2/2014 la AEAT notificó a X una liquidación de IRPF/2007, con resultado a ingresar. Dada la fecha de notificación, el plazo voluntario de ingreso vencía el 7/4 siguiente (el 5 y 6/4 eran inhábiles a esos efectos).
  • X recurrió en plazo esa actuación ante el TEAR, solicitando el 18/3/2014 la suspensión sin garantía, petición que fue inadmitida –¡ay!, esas inadmisiones…-, tal y como se le notificó ya vencido el plazo voluntario de ingreso; en concreto, el 21/4 siguiente (la AEAT, por su parte, tuvo conocimiento de ello ocho días después, el 29/4).
  • El 1/5 inmediato posterior (i.e.: apenas 48 horas después de que la AEAT conociera la inadmisión de la suspensión), se dicta una providencia de apremio sobre la liquidación en cuestión.
  • El 15/5/2014, X recurrió ante el TSJ-Canarias la inadmisión de la suspensión acordada por el TEAR, solicitando asimismo, ya en esta vía judicial, la suspensión cautelar de aquella.
  • El 21/5/2014, se recurre en reposición la providencia de apremio; impugnación que fue desestimada el 18/6 siguiente, acuerdo que, a su vez, X recurrió ante el TEAR el 10/7.
  • El TSJ, por su parte, el 31/7/2014 dictó un auto concediendo la suspensión cautelar de la inadmisión acordada por el TEAR.
  • El 18/12/2014, el TEAR resuelve la reclamación interpuesta contra la desestimación del recurso relativo a la providencia de apremio, estimándola al entender que “la suspensión se entiende preventivamente concedida desde que se solicita, aunque sea sin garantía; lo que viene exigido por el artículo 24 de la Constitución (…)”.

Es contra esta resolución del TEAR-Canarias contra la que la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT interpone el recurso de alzada, solicitando que el TEAC declare que “los actos de ejecución dictados una vez inadmitida la solicitud de suspensión en vía económico-administrativa y antes de la interposición de recurso contencioso-administrativo contra el propio acuerdo de inadmisión, con solicitud de suspensión del mismo, son conformes a derecho”.

Es obvio el nudo gordiano del debate aquí suscitado: habiéndose inadmitido -ya una vez vencido el originario plazo voluntario de pago- la petición de suspensión, ¿es jurídicamente ortodoxo girar una providencia de apremio antes de que venza el plazo para recurrir esa inadmisión, procedimiento judicial en el que podrá adoptarse una medida cautelar relativa, precisamente, a aquella inadmisión económico-administrativa?

El asunto no es baladí, habida cuenta que la normativa específicamente aplicable apunta que “la inadmisión a trámite (de la petición de suspensión) supondrá que la solicitud de suspensión se tiene por no presentada a todos los efectos”, previsión legal que deja al contribuyente al pie de los caballos cuando, en un caso como el aquí suscitado, aquella inadmisión se le notifica cuando ya ha vencido el primitivo plazo de ingreso.

Entiende el TEAC que “no cabe entender que (…) dicha suspensión cautelar deba mantenerse durante el plazo legal para interponer el recurso jurisdiccional contra dicha inadmisión a trámite y hasta tanto el órgano judicial resuelva sobre ella, con la consiguiente imposibilidad de continuar el procedimiento de recaudación, toda vez que, por un lado, este precepto no resulta aplicable (…) al supuesto de hecho del presente recurso extraordinario; por otro, porque aquí no habría suspensión en la vía económico-administrativa que debiera mantenerse en la jurisdiccional en la medida en que la inadmisión a trámite determinó que la solicitud de suspensión se tuviera por no presentada a todos los efectos; y finalmente, porque en el caso analizado en el presente recurso extraordinario, no han existido garantías”. Y es ese argumento el que le lleva a establecer como criterio administrativo uniforme que “son conformes a Derecho los actos de ejecución dictados una vez inadmitida la solicitud de suspensión en vía económico-administrativa y antes de la interposición de recurso contencioso-administrativo contra el propio acuerdo de inadmisión, recurso en el que se podrá solicitar la suspensión que, caso de ser concedida ulteriormente por el órgano jurisdiccional, tendrá efectos desde la fecha en que se solicitó”.

Es decir, si bien la literalidad de la normativa aplicable parece conducir a la conclusión alcanzada por el TEAC y pretendida por la AEAT, no es menos cierto que en el supuesto de hecho enjuiciado confluyen unas circunstancias (extrapolables, por cierto, a muchos casos análogos) que provocan que la solución arbitrada corra el serio riesgo de incurrir en una manifiesta injusticia material. Veámoslas:

  • Que la decisión sobre la suspensión demandada en vía económico-administrativa se dilate hasta más allá del plazo voluntario de ingreso (dejando al contribuyente ya sin “red” cuando aquella se inadmite), es una eventualidad que queda a expensas única y exclusivamente de una sola de las partes (aquí, el TEAR).
  • Que el TEAR notifique su inadmisión a la AEAT el 29/4 y ésta gire el apremio en apenas 48 horas introduce una celeridad ante la que el contribuyente se ve cuasimposibilitado para reaccionar pues -según la doctrina ahora confirmada- su única posibilidad real de defensa habría sido recurrir casi en tiempo real.
  • Qué decir de que el apremio se gire un día festivo (el 1/5, día del trabajo)…
  • Que, en tales circunstancias, el plazo de 2 meses que tiene el contribuyente para recurrir legítimamente a la vía judicial es de tal amplitud que a la postre resultaría estéril a los efectos de defender la posición del administrado, habida cuenta que el plazo para ingresar la propia providencia vence también incluso antes del habilitado para acudir al TSJ.
  • Que -ítem más- se da carta de naturaleza al apremio girado pues el TEAC asume que la suspensión instada ante el TSJ, y que judicialmente este acuerde, ya solo surte efectos desde su petición, por lo que esa medida cautelar no cuestiona -ya “ex post”- la ortodoxia jurídica de aquel.

Por todo ello, discrepo -tan respetuosa como profundamente- con i) la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT por interponer un recurso sobre un aspecto procedimental que, delatando un excesivo celo en defensa del crédito tributario, corre el riesgo de generar situaciones de palmaria injusticia material; y ii) con el TEAC que, pese a resolver conforme a la literalidad del derecho positivo, entiendo que, de haber ponderado algunos principios generales del derecho, su resolución pudiera haber resultado más justa sin menoscabo alguno de su ortodoxia jurídica.

Desde mi particular perspectiva, entiendo que el uso de esta “lupa” administrativa a la hora de preservar el crédito tributario en situaciones que, además, no vienen a hacer frente a actitudes y/o conductas fraudulentas sino a delimitar (cercenándolo muy sensiblemente) el legítimo derecho de defensa de los contribuyentes, coadyuvan a un tan progresivo como preocupante distanciamiento del cuerpo social respecto de los poderes públicos, pues aquel tiene la sensación (tan legítima como subjetiva) de que, haga lo que haga, siempre estará en la casilla equivocada. Obsérvese que lo aquí acontecido no es arbitrario, pues, sobre el papel, se enmarca dentro de los límites de la lícita discrecionalidad administrativa; pero episodios como este corren el riesgo de alentar una peligrosa desafección, y de la desafección al desinterés hay apenas un paso, y de ahí a la desestructuración social… “Obras son amores (...)”.

La figura del “cigarrón” del carnaval de Verín tiene un origen histórico incierto, si bien la mayoritaria creencia popular es que representaría a los antiguos recaudadores de impuestos de los Condes de Monterrey, nobles -élite social de entonces- que vivían enclaustrados en su castillo, disfrutando de un modo de vida muy distinto al del pueblo llano (súbditos y no ciudadanos), al que explotaban con el coercitivo pago de tributos.

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

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