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Canales de denuncia internos: Los whistleblowers, ¿denunciantes protegidos?

Consultorio empresarial

El término “whistleblower” surge con la aprobación de la Directiva de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (Directiva Whistleblowing), refiriéndose al personal de una entidad que denuncia malas conductas en el seno de la misma. Los denunciantes o whistleblowers desempeñan un papel importante para descubrir y prevenir infracciones internas en las empresas y proteger el bienestar de la sociedad en general, pero estos suelen renunciar a informar por temor a represalias.

Esta Directiva contempla garantías para proteger a los denunciantes e introduce características que han de reunir los canales de denuncias internos, que se establecen como obligatorios en determinados casos. Asimismo, ha entrado en vigor con el objetivo de buscar nuevos canales eficientes contra la delincuencia y la corrupción, con la intención de proteger a los denunciantes ya que, al informar sobre infracciones del Derecho de la Unión perjudiciales para el interés público, los whistleblower desempeñan un papel clave para descubrir y prevenir toda mala praxis. Por lo que garantizar que no habrá represalias, reducirá el número de renuncias a denunciar/comunicar fundadas en el temor a las consecuencias de hacerlo.

Es importante aclarar, que por denunciante se entiende aquella persona física que comunica o revela públicamente información sobre infracciones obtenida en el ejercicio de sus actividades laborales, por lo que esta Directiva se aplicará a los denunciantes que trabajan en el sector público o privado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.

Cualquier canal de denuncias debe garantizar que el denunciante encuentre protección, incluidos especialmente los empleados de las empresas por ser los más “temerosos” a denunciar por sus consecuencias:

  • Si la denuncia no es anónima se podrá canalizar a través de un compliance officer, de manera que solo este conozca la identidad del denunciante y el hecho o conducta denunciados. Esta alternativa agiliza el proceso, ya que el profesional podrá establecer una entrevista privada con el denunciante para comenzar la fase de instrucción.
  • Si la denuncia es anónima procederá anonimizar la identidad de los denunciantes, por esta vía el compliance officer no conoce quien ha hecho la denuncia sino tan solo el contenido de la irregularidad denunciada de manera que no resulta posible determinar (ponerle nombre), al menos de inmediato, a quien es posible pedirle más detalles sobre la denuncia, pero no impide la investigación de los hechos.

Por su parte, ante situaciones de falsas denuncias se pondrá en marcha un protocolo de inhibición del impacto en el propio canal (incorporando medidas disciplinarias correctoras o la investigación de los indicios de falsedad).

La Directiva Whistleblowing establece garantías para proteger a los denunciantes e introduce características que han de reunir los canales de denuncias internos

La canalización de las denuncias dependerá del método elegido por la empresa en cumplimiento de las directrices dispuestas en el Informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos nº 128/2007.

Entre otros, los canales han de permitir las denuncias por escrito, verbalmente o ambas. La denuncia verbal será posible por vía telefónica o a través de otros sistemas de mensajería de voz y, previa solicitud del denunciante, por medio de una reunión presencial dentro de un determinado plazo.

Por todo lo anterior, los estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva como plazos máximos antes del 17 de diciembre de 2021 y/o del 17 de diciembre de 2023, según los casos.

¿Conseguirá la Directiva Whistleblowing ganarse la confianza de los potenciales denunciantes por contener las medidas y garantías de protección necesarias para que estos se animen a denunciar? Sólo el tiempo lo dirá.

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

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