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Oferta de empleo de un empleador solvente

Extranjería

En el ámbito de la extranjería no basta con que al ciudadano extranjero le ofrezcan un puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo tiene que proceder de un empleador, sea persona física o jurídica, que pueda demostrar que se puede hacer cargo del amplio elenco de obligaciones que supone tener a un trabajador a cargo.

Si es una persona jurídica o una persona física con una actividad económica, el primer paso de seriedad es no tener deudas con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria.  Porque quién no puede cumplir con sus obligaciones fiscales y de cotización con los ingresos que tiene, difícilmente va a equilibrar la balanza con un gasto más en forma de trabajador. Que algún lector me dirá que los trabajadores son una inversión que se hace con la idea de incrementar las ganancias reforzando la producción o mejorando los servicios … y tendrá toda la razón teórica pero ninguna viabilidad a la hora de plantear un recurso. Hace falta ser una empresa cumplidora para ofrecer un contrato a un trabajador extranjero.

Además, esta persona jurídica debe contar con unos balances saneados. Idealmente tener beneficios por los que se vea obligada a pagar (puntualmente) el impuesto de sociedades. Esto es, debe tener un margen actual y no potencial para asumir el coste de la contratación. Puede que haya empresas con más músculo del que sus cuentas muestran, así como las hay que aparentan tener una solidez financiera que es puramente etérea.  Sometidos al criterio del ministerio de trabajo para autorizar una contratación, la solvencia tiene que poder demostrarse documentalmente, y será más creíble cuanto más sostenida en el tiempo, para lo que suelen pedir la documentación de los últimos 3 ejercicios. Las empresas de nueva creación siempre son observadas con suspicacia y juzgadas con mayor severidad.

Si el empleador es una familia, los criterios de solvencia siguen ahí, aunque con matices diferentes. Los ingresos que se utilizan para pagar el salario del trabajador extranjero son aquellos que se puedan demostrar vía IRPF o depósitos en cuentas bancarias, que deben ser suficientes para acreditar, una vez descontado el pago del salario convenido, que al empleador le queda libre el 100% del IPREM si no hay familiares a su cargo. Si la unidad familiar incluye dos miembros el 200%. Si la unidad familiar incluye más de dos personas se deberá sumar a la cantidad anterior el 50 % del IPREM por cada miembro adicional. En el caso de empleadas de hogar que cumplen la función de cuidadoras de personas mayores, se puede argumentar que el pago se hace no a cargo de los ingresos de la persona a la que cuidan, sino con la contribución de varios miembros de la familia que, a su vez, constituyen unidades familiares independientes. Típico caso en que varios hermanos contratan a una persona para que atienda a sus progenitores.

En todo caso, hay que desterrar la idea de que encontrar una oferta de contrato de trabajo resuelve siempre el problema del trabajador extranjero que pretende regularizarse. No sirve cualquier oferta, sólo las de los empleadores solventes.

 

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