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Cuando aun sabiendo qué hacemos, no sabemos cómo ni quiénes estamos obligados y a qué

Consultorio empresarial

Con un título tan desconcertante, en el que pese a su longitud nada nos dice y todo lo pone en duda, la entrada de hoy tiene como finalidad hacer un “examen de sinceridad”, pero sobre todo aclarar todas las dudas que todavía hay respecto a las obligaciones derivadas de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC&FT).

Ya es sabido que los gestores administrativos que prestamos asesoramiento fiscal y contable a nuestros clientes, somos sujetos obligados del artículo 2.1 de la Ley 10/2010 (en concreto de la letra m), por ende, estamos obligados a cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa reguladora en materia de PBC&FT.

Ahora bien, el Real Decreto-ley 11/2018 en su disposición adicional única estableció que las personas físicas o jurídicas que a la fecha de su entrada en vigor (04/09/2018) estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades comprendidas en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, y no constaren inscritas en el Registro Mercantil, debían hacerlo en el plazo de un año (hasta el 4 de septiembre de 2019). Por el contrario, la falta de cumplimiento supone infracción leve, con sanción de hasta 60.000 €.

¿Cuáles son los servicios que incluye la letra o)?

El tenor literal del artículo 2.1 letra o) disponer que “Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros:

  • Constituir sociedades u otras personas jurídicas;
  • Ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones;
  • Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos;
  • Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones;
  • Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.”

Aclaramos todas las dudas que todavía hay respecto a las obligaciones derivadas de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC&FT)

Es decir, los gestores administrativos obligados al cumplimiento de obligaciones derivadas de la normativa reguladora (letra m), si además prestamos alguno de los servicios anteriores (letra o), adicionalmente tendremos que cumplir con lo dispuesto en la disposición adicional única del Real Decreto- ley 11/2018. Pero ¿cómo lo hacemos?

Tras un año de espera, fue el pasado 4 de septiembre, coincidiendo con la fecha en la que supuestamente terminaba el plazo para realizar la inscripción, cuando se publicó en el BOE la esperada Instrucción de 30 de agosto que aclaró cómo realizar la inscripción atendiendo a las características del sujeto obligado que proceda al registro. Ahora bien, hasta lo expuesto

¿Cuántos estáis al 100% convencidos de saber si os afecta o no, y cómo?

A continuación, mostramos brevemente la comparativa con los aspectos más relevantes si el sujeto obligado por la letra o) del artículo 2.1 es una persona física profesional o persona jurídica/ personas físicas que actúen como empresarios:

En análisis de lo anterior, la teoría y el tenor literal de la normativa es muy importante conocerlo, pero lo que verdaderamente nos afecta es conocer su aplicación práctica, dicho de otra manera, la operatividad y aplicación día a día en nuestros despachos. Dicho esto, me despido por hoy repitiendo la misma pregunta de arriba, con la esperanza de que cada vez seamos más los que, en conocimiento de nuestras obligaciones las implantemos en nuestra actividad, y menos los que en el desempeño de nuestras funciones, asumamos riesgos innecesarios.

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