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La efectividad de las nuevas medidas antidesahucios

Vivienda

El post de hoy lo voy a dedicar a analizar las medidas aprobadas por el Gobierno con la finalidad de “paralizar” los desahucios de inquilinos vulnerables por el impago de la renta durante la vigencia del estado de alarma (en principio, hasta el 9 de mayo de 2021).

¿Serán buenas noticias?

En el BOE de 23 de diciembre se publicó el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, por el que se amplían los beneficiarios para la paralización de los desahucios y los lanzamientos. Incluye la prohibición de cortar los suministros básicos de la vivienda y compensará a los propietarios siempre que la Administración no pueda realojar a las familias en un plazo de tres meses. Asimismo, introduce una serie de mejoras para asegurar la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes.

¿Cuáles son las medidas antidesahucios aprobadas por el Gobierno?

Podemos destacar cinco medidas:

  • Se extiende hasta la finalización del estado de alarma, la posibilidad de suspensión del procedimiento de desahucio, para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones a las personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional.
  • Se amplían las situaciones de vulnerabilidad social y económica que pueden alegarse, extendiendo dichas situaciones a aquellas no necesariamente derivadas, de manera directa, de los efectos de la expansión del COVID-19.
  • Con el objeto de garantizar la eficacia de la medida, se establece la comunicación por el juzgado a los servicios sociales competentes para valorar la situación de vulnerabilidad del arrendatario, y en su caso del arrendador, y formular la propuesta de medidas a adoptar.
  • La suspensión del lanzamiento se mantendrá por el tiempo necesario para aplicar las medidas sociales que procedan, que deberán permitir una solución habitacional que garantice una vivienda digna, y siempre dentro del periodo del estado de alarma.
  • En caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los arrendadores tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

Medidas antidesahucio para arrendatarios en situación de vulnerabilidad

El Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre ofrece especial protección a los hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

De manera que, previa valoración ponderada y proporcional de un juez del caso concreto, este podrá suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de los inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas (grandes tenedores), solicitando informe a los servicios sociales competentes para que valoren la situación de vulnerabilidad económica e identifiquen las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación.

Se dispone que la suspensión del procedimiento no podrá dictarse:

  • Cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario.
  • Cuando el inmueble se encuentre cedido a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia.
  • Que la entrada o permanencia en la vivienda se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.
  • Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.
  • Cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante.
  • Que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables

Y, además, con el objetivo de garantizar el suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables en las circunstancias actuales, se refuerzan las medidas existentes para su protección, en línea con el marco efectivo desarrollado para identificar y reducir de forma estructural el fenómeno de la pobreza energética.

Se amplía hasta el 9 de mayo, la prohibición de los cortes de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a todas aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o equivalente acreditada por los servicios sociales. El periodo durante el que esté en vigor esta medida no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente.

Recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

El mismo RD-ley (disposición adicional tercera) hace una previsión para que las CC.AA. tomen medidas excepcionales como respuesta urgente e inmediata a situaciones de vulnerabilidad durante el estado de alarma haciendo uso de los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

En la situación en la que nos encontramos, particularmente más larga de lo esperado en los primeros meses de pandemia, con las afectaciones que ello supone ¿crees que estas medidas serán suficientes o acertadas para abordar el derecho constitucional a tener una vivienda digna y adecuada?

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

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