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Novedades en las obligaciones de PBC&FT

Consultorio empresarial

Algunos de los lectores, no me atrevería a fijar una cantidad, pero seguramente más de los que la “ley” manda, estarán pensando, “ya era poco lo que teníamos que hacer y ahora … ¿todavía más?”. Sin intención alguna de hacer de poli malo, todos los sujetos obligados, entre ellos los gestores administrativos, debemos concienciarnos y recordar que estamos hablando de obligaciones no de opciones. Antes de continuar, me disculpo por la extensión de la entrada de hoy pero es importante analizar de forma detallada los principales cambios que nos puedan afectar.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2018, el pasado 4 de septiembre, ha sido modificada la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT), con la intención de subsanar las deficiencias en la transposición de la IV Directiva Europea sobre blanqueo de capitales, que habían dado lugar a la apertura de un expediente sancionador por parte de la Comisión Europea.

A todos aquellos que os estáis preguntando ¿qué más tendremos que hacer? os interesará seguir leyendo, ya que a continuación analizaré las principales novedades:

Nuevos sujetos obligados, nuevas obligaciones, endurecimiento de sanciones, … son  algunas de las novedades que no debemos pasar por alto.

1.- Asesores externos como nuevos sujetos obligados 

Las personas que, con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica, presten funciones de asesoría externa de una sociedad en relación con la dirección y la estratégica económico-financiera de la empresa (artículo 2.1 letra o) quedarán obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 10/2010.

Es decir, los asesores externos, se incluirán en la lista de sujetos obligados de la Ley.

2.- Identificación y verificación de PRP´S obligatoria 

Se exige mayor precisión para determinar si los altos cargos se consideran personas de responsabilidad pública (PRP´s). Asimismo, se refuerza la obligación de verificar si el cliente o el titular real es un PRP.

En estos casos, resulta obligatorio practicar las siguientes medidas de diligencia debida (a mayores de las normales):

a) La aplicación de procedimientos adecuados para determinar si el cliente o el titular real es un PRP.

b) Obtener la autorización para establecer o mantener relaciones de negocios.

c) Adopción de medidas adecuadas a fin de determinar el origen patrimonial y de los fondos.

d) Seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios.

3.- Obligación de crear un canal de denuncias

Los sujetos obligados tendrán que crear un canal de denuncias con la finalidad de que los empleados, directivos o agentes puedan comunicar, si lo desean incluso con carácter anónimo, información relevante sobre posibles incumplimientos de la Ley 10/2010, cometidos en el seno de la organización.

4.- Destrucción obligatoria de la documentación justificativa en materia de PBC&FT

Obligación de, pasados 10 años desde la finalización de la relación con el cliente, destruir la documentación justificativa en materia de PBC&FT.

Además de lo anterior, transcurridos 5 años desde la finalización de la relación con el cliente, será obligatorio restringir el acceso a la documentación por los órganos de control interno, en su caso, también a las unidades técnicas de prevención y a los encargados de defensa legal.

5.- Inscripción en el Registro Mercantil 

Están obligados a inscribirse en el Registro Mercantil los sujetos obligados que de forma empresarial o profesional presten por cuenta de terceros (alguno de los siguientes servicios):

▪ Constitución de sociedades u otras personas jurídicas.

▪ Ejerzan funciones de dirección, secretarios no consejeros de consejo de administración, asesoría externa de una sociedad (en relación con la dirección y la estratégica económico-financiera de la empresa), socio o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

Faciliten un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una persona jurídica.

▪ Ejerzan funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

▪ Ejerzan funciones de accionista por cuenta de otra persona, salvo las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea.

La inscripción en el Registro Mercantil será previa al inicio de dichas actividades y, para quienes ya las estén realizando, hasta el 4 de septiembre de 2019, que se cumplirá 1 año desde la entrada en vigor.

Cada año, salvo las personas físicas profesionales, presentarán en el Registro Mercantil junto a sus cuentas anuales un documento que recoja los servicios anteriores que se prestan, ámbito territorial de actuación, operaciones con no residentes o volumen facturado, etc.

La falta de cumplimiento de esta obligación de inscripción se considera una infracción leve, con sanciones hasta 60.000 €.

La nueva obligación de inscripción en el Registro Mercantil puede afectar especialmente, en función de los servicios que oferten, a asesores fiscales y contables, despachos jurídicos y centros de negocio.

6.- Se reduce el importe de las operaciones en metálico en el comercio de bienes 

Los comercios de bienes que realicen operaciones de compra o venta en metálico por importe superior 10.000 €, por alguno de los medios de pago del artículo 34.2 de la Ley 10/2010, (concesionarios de coches, comercios de ropa, marroquinería, electrodomésticos, etc.) quedarán sujetos al cumplimiento de lo dispuesto en esta.

7.- Novedades en la determinación del control sobre una sociedad

Regulación más precisa de los criterios de determinación del control para la identificación del titular real, por remisión al artículo 42 del Código de Comercio y a las Directivas Europeas sobre estados financieros.

También se establecen los criterios de determinación del titular real en los fideicomisos y trust.

8.- Nuevos requisitos para la identificación y aplicación de medidas de diligencia debida a los jugadores de azar

Los casinos practicarán medidas de diligencia debida sobre cualquier jugador que realice una transacción por valor igual o superior a 2.000 euros.

Asimismo, las plataformas de juego online comprobarán la identidad de los jugadores al registrarse en la plataforma y practicarán medidas de diligencia debida sobre cualquier jugador que realice una transacción por valor igual o superior a 2.000 euros.

9.- Se endurecen las sanciones por incumplimiento

Después de leer detenidamente esta información, ¿te has quedado indiferente?

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

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