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Niños europeos que dependen de un progenitor indocumentado

progenitor indocumentado
Extranjería

Ser europeo no trae de serie ser más responsable que ser asiático, africano o americano. Es una casualidad geográfica o genética, según la nacionalidad le venga dada al ciudadano por el lugar en el que nació o el país de nacionalidad de sus padres. Eso sí, la mayor parte de los países europeos emplea una cantidad de recursos considerable en proteger a sus ciudadanos, de hecho, se supone que todos los recursos de un país tienen como destino procurar su bienestar.

En no pocas ocasiones un ciudadano europeo engendra un hijo igual de europeo al que no presta atención (porque no puede, porque no quiere, porque no le interesa…). La criatura en cuestión, con suerte, tendrá al menos un progenitor con instinto de protección filial. Ahora bien, puede que ese progenitor más responsable resulte no ser europeo. Y no tener siquiera autorización para vivir en el país de nacionalidad de su hijo. El hijo se ve afectado tanto por el peligro que corre de quedarse sin amparo o por tener que emprender viaje fuera de su país europeo de origen como por su bienestar económico, difícil de alcanzar a cargo de un adulto que tiene limitada su capacidad de trabajar en función de una autorización administrativa de la que carece. Falta de autorización administrativa que le priva también de acceder a ayudas para familias con pocos recursos. Que son unas ayudas a las que nadie debería querer tener derecho a acceder. Porque la ayuda va al adulto, no al niño.

Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llegado una cuestión prejudicial planteada por un tribunal holandés en relación a un grupo de madres nacionales de terceros estados que asumen el cuidado de uno o varios hijos menores de nacionalidad holandesa, a las que las autoridades niegan las prestaciones de asistencia social y las prestaciones sociales por no tener derecho a residencia en Holanda. Y, por ende, ningún empresario holandés puede contratar por el mismo motivo. Y los padres holandeses de las criaturas, en casi todos los casos, apenas contribuyen a su sostenimiento económico y/o su cuidado. La controversia se centra en si esas madres, adultos con un menor holandés a cargo (ciudadano comunitario) tendrían derecho en esas circunstancias a acceder a un permiso de residencia, ya que la situación insostenible podría dejarlas sin más opción que regresar a su país de origen, ya sea de forma voluntaria o como consecuencia de una expulsión.

El TJUE llega a la conclusión de que hay que ir caso por caso y que es el interés del menor, sus vínculos con sus progenitores y la efectiva dependencia que tenga de cada uno de ellos (que son siempre más fuertes con aquel que lo cuida a diario) el que determina el posible acceso del progenitor al permiso. Y que es ajustado a ley que el estado le pida al progenitor que pretende acceder al permiso que ofrezca pruebas que permitan acreditar que “una decisión que deniegue el derecho de residencia al progenitor de un país tercero privaría al menor del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión, obligándole a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto”.

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