Cerrar

Lo que el lenguaje esconde

notificaciones-AEAT
Espacio Tributario

“Ese sueño de la razón convertido en monstruo tiene tres patas: libertad individual, igualdad con matices y propiedad privada. Las tres estaban menos cojas hace cuarenta años que ahora. La última, debido a la inseguridad jurídica y los abusos tributarios. La segunda, por culpa del favoritismo otorgado a la inmigración y de las leyes de desigualdad de género. La primera, a causa de la hiperactividad legislativa y de la intromisión pública en todos los ámbitos de la vida. ¿Conque la democracia era esto? Yo luché por ella. De haberlo sabido…”.

Fernando Sánchez Dragó. El Mundo (18/6/2016)

En no pocas ocasiones, en nuestro acelerado día a día, nos dejamos deslumbrar por presuntos grandes acontecimientos (“los árboles”) que lo que hacen es impedirnos ver lo palpable, lo más sangrante y, a la vez, lo más cercano (“el bosque”). Precisamente por ello, hoy traigo a esta bitácora un caso -para nada de laboratorio- que no hace sino evidenciar algunas de las patologías con las que, de un modo inconsciente, nos toca lidiar cotidianamente, sin que en muchas ocasiones seamos siquiera conscientes de ello.

Veamos. Hace apenas unos días la Agencia Tributaria (AEAT) le dirigió a uno de mis clientes una “notificación de acuerdo de adopción de medida cautelar, consistente en el embargo de un inmueble de su titularidad. El texto del “acuerdo” -un acto administrativo, recordemos, y que, como tal, debe contar con su preceptiva motivación (ex artículo 35 de la Ley 39/2015) que, obvio es decirlo aunque sea un pleonasmo, debe referirse a las intrínsecas e individualizadas circunstancias del concreto supuesto fáctico sobre el que la AEAT está adoptando esa decisión restrictiva del derecho de propiedad de ese contribuyente (y, a la vez -o, precisamente, por- ciudadano)-, en su desarrollo, desliza la siguiente redacción literal:

“Dos son los presupuestos o circunstancias previas justificativas de la adopción de UNA (la negrita, subrayado y mayúscula, son míos) medida cautelar:

 I.- APARIENCIA DE BUEN DERECHO (“FUMUS BONIS IURIS´´)

 La apariencia de buen derecho es un juicio previo sobre el procedimiento principal en el seno del cual va a adoptarse la medida cautelar, del que racionalmente se desprende que la deuda en cuestión va a resultar o resulta ya exigible al obligado tributario, exigencia que se deriva del propio principio de seguridad jurídica. Asimismo, la apariencia de buen derecho se identifica esencialmente con la existencia de un título válido como acreedor, lo que, trasladado al ámbito administrativo, supone la existencia de una liquidación administrativa o la mera iniciación de un procedimiento tendente a liquidar o a imputar una deuda a un obligado tributario.

 Con carácter GENERAL (la negrita, subrayado y mayúscula son, otra vez, míos), en el ámbito de la Administración este principio está basado, en la autotutela que el ordenamiento jurídico le reconoce, así como en la ejecutividad y en la presunción de legalidad de los actos administrativos.

 En el presente caso, con fecha X/Y/Z se ha acordado el inicio del procedimiento de derivación frente a D. ABCDEFGH, ascendiendo el alcance exigible a MMMM€, habilitando el artículo 41.5 LGT a la Administración a adoptar medidas cautelares con anterioridad a la declaración de responsabilidad”.

Parece obvio que es, efectivamente, sobre el cimiento de la autotutela -¡ay!- y, de ahí, sobre su anudada presunción de legalidad (aunque yo más bien apostaría por la de validez) de la actuación administrativa, como la AEAT aspira a construir esa apariencia de buen derecho que se le exige para adoptar una decisión tan trascendente como la que aquí nos atañe.

Y ahí es, precisamente, donde el lenguaje que la propia AEAT utiliza le delata, de un modo tan notorio como al niño que niega haberse comido el chocolate mientras sus labios le acusan de lo contrario. Porque la AEAT no desarrolla esfuerzo argumental alguno para motivar específica e individualizadamente las razones que le llevan a entender que en el concreto caso que nos ocupa cuenta con una situación de aparente buen derecho. No. Lo que la AEAT expone es un discurso del todo estereotipado (idéntico -doy fe- en cuantas medidas cautelares han pasado por mi mano), siendo así que ese artículo “UNA” -ratificado por ese significativo adjetivo “GENERAL”– evidencia que su explicación, lejos de ser específica para el supuesto de hecho objeto de análisis, es del todo genérica y universal. Este modo de actuar no garantiza (no puede hacerlo) que esté exento de arbitrariedad.

Llegados a este punto, tomo prestadas las acertadas consideraciones de la profesora Carmen Uriol Egido al respecto: “Una potestad discrecional supone que exista cierta indeterminación en el campo de las consecuencias jurídicas, sin que ello signifique admitir que no se trate de una potestad reglada; esto es, que se ejerce dado un supuesto de hecho determinado por un órgano que la norma habilitante determina y con una finalidad concreta y determinada”. Es decir, que esa discrecionalidad debe modularse para comprobar, caso por caso y con el análisis individualizado que ello requiera, si esa concreta decisión es acorde a las circunstancias concurrentes, no siendo de recibo la aplicación de prejuicios o genéricas consideraciones universales de carácter estándar.

Sigue Uriol señalando que “más que intentar discernir si la naturaleza de la motivación es un elemento formal o material, y cuáles son los efectos derivados de su incumplimiento -…-, estimamos que la motivación debe considerarse como un elemento esencial o sustancial del acto en la medida en que evita la arbitrariedad de la Administración, evita la indefensión del obligado tributario y permite el control judicial de legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. (…). En caso contrario, podría llegar a aceptarse la presunción, sin necesidad de justificación alguna, de que cada vez que la Administración actúa, cada vez que dicta un acto administrativo en ejercicio de una potestad, existe un interés público general, independientemente de si dicha actuación resulta justificada o no, proporcionada o no, lo que, evidentemente, no puede admitirse”.

En esa misma línea, Meseguer Yebra afirma, rotundo, que “si falta la motivación, de nada sirve respetar el resto de requisitos de las medidas cautelares, como plazos, tipicidad de las medidas cautelares, competencia del órgano que las adopta, etc. (…) Es donde el profesional debe afinar sus dotes para poder demostrar si la base fáctica tomada en cuenta por el órgano decisor para adoptar la medida cautelar es suficiente apoyo (no lo son las presunciones, rumores, sospechas, …)”. Y éste es, precisamente, el punto al que quería llegar: las presunciones.

Porque es obvio que lo único que la AEAT hace como intento de justificación de su apariencia de buen derecho es apoyarse -por obra y gracia de un simple acto de fe- en un mero encadenamiento de actos administrativos, siendo así que como todos ellos cuentan con la presunción legal de certeza (se basa en hechos verídicos) y de legalidad (se atiene al ordenamiento jurídico), la suma de ambas, a su vez, les dota de la de validez, lo que conlleva tanto su eficacia como su consiguiente ejecutividad. ¡Qué fácil!, ¿no? Como todo lo que yo hago se presume válido, no tengo que motivar ni dialéctica ni argumentalmente la apariencia de buen derecho de la medida cautelar adoptada, pues ésta no hace más que tomar como fundamento otra actuación mía que, a su vez, también se considera cierta y ajustada a Derecho…, y así “ad infinitum”. El núcleo de la idea constituye toda una espiral, y destila tal grado de egocentrismo, que se aproxima de un modo burdo a lo que subyace en ese célebre eslogan publicitario de una marca de cosméticos: “porque yo lo valgo”. Amén de que viene a consagrar que el Estado, imbuido -y engreído- de una prepotencia paternalista, trate a los ciudadanos como si fueran menores de edad. Nada más y nada menos. ¡Ea!

Esto, es obvio, nos aboca a escenarios peligrosos, a transitar por senderos al borde de vertiginosos abismos, como los ya advertidos por el TSJ-Canarias en su sentencia de 30/6/2006, en la que acertadamente advierte que la Administración, al menospreciar la motivación de una decisión, olvida que esa delgada línea es la que marca la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario, pues si no hay motivación que sustente lo acordado, el único apoyo de esa decisión es la sola voluntad de quien la adopta; cimiento del todo insuficiente en un Estado de Derecho donde no hay hueco para el poder personal.

Y en este punto de la denuncia de esa endeble (por no decir inexistente) motivación de la apariencia de buen derecho -que, a modo de castillo de naipes, la AEAT construye sobre una previa actuación suya que, a su vez, también se presume válida-, cabe apuntar una consideración final: si admitimos “pulpo como animal doméstico” (es decir, que la presunción de validez de un acto anterior es sustento bastante para la apariencia de buen derecho de uno ulterior), ello habrá de provocar que si ese primitivo acto “pilar” -sobre el que la AEAT construye otros posteriores- estuviera suspendido (ya fuera de un modo expreso o tácito, en cuyo caso operaría la suspensión cautelarísima, es decir, la que  preserva los derechos del recurrente en tanto en cuanto se decide sobre la suspensión cautelar), en la medida en que esa suspensión debería enervar su presunción de legalidad/certeza/validez y no sólo su inminente ejecutividad, ello supondrá que de un modo preventivo -a expensas del resultado final de ese litigio- decae esa base jurídica sobre la que se elevó la medida cautelar, de modo y manera que también ésta tiene que venirse abajo como si de una ficha de dominó se tratara. Desde mi tan particular como subjetiva perspectiva yo así lo veo, pero se admiten apuestas sobre cuál será la reacción de la AEAT a esa argumentación.

Todo ello sea dicho sin perjuicio de apuntar que si finalmente esa medida cautelar (bien en sí misma, o por contagio del acto previo sobre el que se construyó) resultara jurídicamente improcedente, en un país “normal” en el que cada palo aguantara su vela ello determinaría la consiguiente responsabilidad patrimonial de la Administración pero -¡claro!- no debemos olvidar que “Spain (léase Españistán) is different”. Suma y sigue.

 

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , Garantía profesional.

©Todos los derechos reservados. Los contenidos de esta web son propiedad exclusiva de SIGA 98, S.A. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

Pin It on Pinterest