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¿Hay alguien ahí? A propósito de la sentencia Falciani

la sentencia Falciani
Espacio Tributario

Pese a que entonces era apenas un chaval, me acuerdo bien de la mañana del 25 de enero de 1977. En esa época -es curioso, pero de eso no recuerdo el porqué-, mi horario matinal (levantarse, lavarse, vestirse, desayunar,…) no coincidía con el de mis hermanos mayores, por lo que mi única -¡enorme!- compañía en aquellos desayunos era la de mi padre, al que aquel día vi apesadumbrado, seriamente preocupado. Con el sonido de fondo del noticiero de la radio –el parte, entonces exclusivo de RNE-, me relató que, esa noche, varios abogados habían sido asesinados en Madrid, que el país estaba viviendo unos meses complicados, trascendentales en su historia y que solo deseaba que el futuro -nuestro futuro, el de sus hijos- fuera mejor que aquel presente.

Con los años, a través de la lectura y de otros medios, llegué a hacerme una idea de lo que aquello supuso, de aquellos tremendos días -semanas- en los que el país se asomó al borde del abismo, al vértigo de la zozobra. De aquel dramático episodio -que hoy traigo aquí a colación- es ahora oportuno recordar que los cadáveres de los abogados asesinados se velaron en la sede del Colegio de Abogados de Madrid -entonces presidido por el insigne catalán (¿se lo imaginan hoy?) Antonio Pedrol Ríus-, en una decisión tomada en una tumultuosa asamblea de la que destaco las palabras solemnemente pronunciadas por el letrado Jaime Miralles: “es la abogacía la que ha de salvaguardar el derecho de la sociedad entera”.

Tomo ahora prestadas esas acertadas palabras de Miralles (sobre las que han pasado -con sus días y sus noches- cuarenta años) para enfatizar el silencio, el clamoroso silencio, de las instituciones de la Abogacía (singularmente los Colegios pero, también, el propio Consejo General de la Abogacía -CGAE- como tal) sobre un preocupante episodio reciente que -desde mi tan convencida como subjetiva perspectiva- entiendo debería haber sido acreedor de un solemne pronunciamiento público en el que se mostrara la honda preocupación que ello genera.

Me refiero a la sentencia que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó el pasado 23 de febrero -¡ay, esa fecha que siempre deja alguna huella!- respecto al recurso planteado contra la validez (otorgada ya inicialmente por la Audiencia Provincial del Madrid) de la “lista Falciani” como prueba para condenar a alguien por delito fiscal.

Recordemos los antecedentes básicos: Hervé Falciani, trabajaba en el HSBC en Ginebra cuando robó información de relevancia financiera (cometiendo así un delito en Suiza) de miles de clientes foráneos. Tras un periplo propio del guion de un “thriller” de espionaje, los datos relativos a unos seiscientos contribuyentes españoles llegaron -por obra y gracia del Gobierno francés- a manos de la AEAT que, previo “ofrecimiento” para que aquellos regularizaran “espontáneamente”, se dirigió a los que no se acogieron a tal “invitación”. Uno de ellos es el que, al oponerse a las pretensiones de la AEAT, ha dado pie a esta STS al defenderse argumentando que, dado que los datos de la “lista Falciani” provienen de un robo, esa prueba no sería jurídicamente válida pues se obtuvo “directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales” (artículo 11 LOPJ).

Sin embargo, el TS rechaza esa tesis dado que “la prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cobra su genuino sentido como mecanismo de contención de excesos policiales”, pero Falciani no era un funcionario policial sino un particular, por lo que “no rebasa el cuadro de garantías que define los límites constitucionales al acopio estatal de fuentes de pruebas incriminatorias”.

Desde el absoluto respeto y consideración (como no podía ser de otro modo) hacia el Tribunal Supremo, manifiesto mi absoluta y convencida desazón por esta interpretación judicial que, pese a su argumentación (que, en algunos párrafos, parecería asemejarse más a unas sentidas disculpas que a fundamentos jurídicos en sentido estricto), entiendo que no es de recibo, que genera un muy peligroso -peligrosísimo- precedente en la admisión de pruebas de todo punto rechazables; y aquí no estoy hablando solo del ámbito tributario -¡en absoluto!- sino de todos aquellos que pudieran derivar en la vía penal (o, ¿por qué no?, también en la administrativa sancionadora).

Y es en esa preocupación -que, me consta, no experimento en solitario si no que es muy sentida por gran parte de la “grey tributaria”- donde echo muy en falta que, hasta donde me consta, ningún Colegio de Abogados ni tampoco el propio CGAE haya levantado la voz de un modo oficial y público contra esta sentencia. No voy a negar que este silencio tampoco me ha extrañado en exceso; no. Ya lo eché en falta, al menos, en dos ocasiones anteriores: cuando las respectivas reformas legales fueron cercenando las posibilidades reales de que el común de los mortales pudiera acceder al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo (quizá, entonces, esas instituciones colegiales estuvieran ocupadas con otras cuestiones que, por lo que parece, les merece mayor atención: léase tasas judiciales, por ejemplo). Y ahora, ¡quién sabe!, tal vez puedan haber estado centradas en otros asuntos tales como el mediático IVA del turno de oficio. No lo sé; pero lo que sí que sé es que no he tenido conocimiento alguno de que -pública e institucionalmente- hayan considerado oportuno fijar su atención en la sentencia “Falciani” ni, menos aún, hacer “ruido” con ocasión de este controvertido pronunciamiento judicial. A ver si, al final, aún va a ser verdad eso de que “España nunca gozó de mayor libertad personal que en la transición, de 1975 a mediados de los ochenta. Total, que el mérito, aquí en exclusiva, es, por méritos propios, del valiente “lobo solitario” Leopoldo Gandarías que, cual predicador en el desierto, advirtió negro sobre blanco -paradójicamente, en un publicación de la Abogacía- acerca de la enorme gravedad de esa praxis interpretativa ahora avalada por el Tribunal Supremo.

Llámenme purista -hasta puritano, si lo prefieren-, meapilas, integrista, radical,…lo que quieran. Si esos calificativos suponen la defensa de las inalienables libertades individuales frente a la voracidad del Leviatán, si ello supone preservar la esfera jurídica básica del individuo ante la omnipotencia del Estado, lo seré y, como tal, lo asumo gustoso. Y, obviamente, esa numantina defensa mía de los que considero aspectos fundamentales del estatus jurídico del ciudadano no admite fisuras, por muy loable que sea la pretensión, la finalidad buscada por el poder público. Y es que lo contrario abre una grieta peligrosa, muy peligrosa, por la que pueden terminar esfumándose aspectos básicos de nuestra convivencia. Por eso este tema no admite fisuras; no hay medias tintas. Aquí, no.

Porque no vaya a ser que, tal y como recientemente denunciaba Pérez-Reverte, “aquí seguimos, oigan. Tirando por la borda siglos de lucha. Admitiendo por la puerta de atrás lo que echamos a patadas, con sangre, inteligencia y sacrificio, por la puerta principal. Suicidándonos como idiotas”.

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