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La negociación colectiva

Laboral

En estos tiempos de convulsión legislativa en los que apenas aprendidas las últimas modificaciones operadas en nuestro ordenamiento jurídico laboral ya nos aparecen otras en el BOE que vienen a derogar o modificar las anteriores, no estaría de más darle una lectura a la Constitución Española (la de 1978, no a la Pepa, aunque para el caso tampoco estaría de más y serían muy útiles algunos de sus contenidos) para rebatir a los contertulios radiofónicos y televisivos, plumillas de prensa escrita y demás gentes “representativas” de la sociedad civil, que valoran de manera muy positiva, valiente y necesaria para la competitividad de nuestra economía, las modificaciones introducidas en el E.T. por el RDL 3/2012 de 10 de febrero. Quisiera, pues, centrar el tema de hoy en la reforma de la estructura de la negociación colectiva.

La CE define a España como un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la igualdad; reconoce que sindicatos y organizaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales; establece que los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan la participación de todos los ciudadanos en la vida política y económica; reconoce el derecho todos los españoles a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia; establece que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, etc.

Por lo tanto España, como Estado social (esta definición proviene de la Alemania de nuestra “bien querida” Ángela Merckel), es un sistema que se propone fortalecer servicios y garantizar derechos, considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para que sus ciudadanos participen como miembros plenos en la sociedad.

Partiendo de la premisa de que no todos pensamos de igual manera sobre cómo debe alcanzarse ese “Estado social”, nos organizamos en asociaciones de diverso tipo (sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos, culturales, empresariales, etc), y tratamos, cada uno desde su propio ámbito, de aportar nuestra experiencia y esfuerzo en pro de alcanzar ese tan deseado Estado social, también llamando Estado de bienestar.

En el ámbito laboral y en el sistema económico que nos toca vivir, nos encontramos con dos grupos claramente contrapuestos, pero condenados a entenderse por el bien común de la sociedad: sindicatos y organizaciones empresariales. Ambas están formadas por personas con nombres y apellidos que se unen, se agrupan, en torno a unas ideas y unos objetivos (en estos tiempos parece necesario recordarlo, porque se viene hablando de ellos, fundamentalmente de los primeros, como si fueran algo impersonal, entes que andan flotando por ahí y que deciden por nosotros sin contar con nosotros. Esto sería materia para otro tipo de análisis).

Nuestra Constitución (que es de todos y no sólo de algunos, como últimamente nos quieren hacer ver) les otorga un reconocimiento expreso para la vertebración económica y social de España, pero también al Estado le reserva un papel importante, yo diría que fundamental. Este papel no es otro que el de arbitrar medidas equilibradas que beneficien a todos los ciudadanos y no sólo a unos cuantos.

Con la reforma de la estructura de la negociación colectiva introducida en el RDL 3/2012, y que modifica sustancialmente la hasta ahora recogida en el Estatuto de los Trabajadores, (fundamentalmente los artículos 84 y 86) se ha roto el equilibrio que hasta el momento se ha venido manteniendo en los últimos 30 años, y que con el paso de los años se ha venido mejorando. Primar la negociación colectiva empresa por empresa resultará nocivo, tanto para nuestra economía como para la cohesión social.

Con la “disculpa” de fomentar la competitividad de nuestras empresas y de la economía, lo que realmente se pretende es atomizar la negociación colectiva para que en la práctica desaparezca como tal y pase a convertirse o bien en contrato individual entre empresa y trabajador, o en imposición desde la empresa de un mal llamado “convenio colectivo” de empresa, y todo ello sin intervención sindical (dada la involución normativa en cuanto a despidos y modificaciones sustanciales de trabajo, difícilmente los trabajadores de manera individualizada podrán conseguir mejoras en sus condiciones laborales, y debido al número de pequeñas empresas existentes en nuestro país, a los sindicatos les resultará actualmente imposible llegar a todas y cada una de ellas).

En un primer análisis, esto nos traerá los siguientes problemas:

– Se rompe con el equilibrio que los convenios provinciales, autonómicos o estatales facilitaban a las empresas para una competencia “sana”.

– La aplicación generalizada del convenio colectivo de empresa, en cuanto que facilita el establecimiento empresa por empresa desde el salario base, pasando por la clasificación profesional, y hasta las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, provocará una competencia entre empresas basadas en estos parámetros y no en otros, como pueden ser la calidad del producto, la formación del trabajador o la inversión de I+D+I.

– Será más fácil para las multinacionales despedir y cerrar sus plantas en España que en otros países (Alemania, Francia, Finlandia, Suecia…) donde el despido está más penalizado.

Y no debemos olvidar que si bajamos los salarios, también bajarán la recaudación vía impuestos (tanto directos como indirectos), cotizaciones sociales, lo que repercutirá negativamente en las prestaciones sociales (desempleo. I.T., jubilaciones, incapacidades permanentes, etc.). Y con ello se vacía de contenido parte importante y sustancial de nuestra Constitución.

Esa igualdad entre españoles que preconiza, cada vez será más distante (aunque a lo mejor nos igualamos por abajo, y no creo que fuera este el espíritu de los “padres de la Constitución”), la vertebración de la sociedad civil (de la que los sindicatos son un pilar importante) se verá seriamente resentida, pues se trata de eliminarlos del mapa o al menos reducir al mínimo su intervención en la economía del país (en el que la negociación colectiva venía siendo un contrapeso importante para que la diferencia entre rentas del trabajo y rentas del capital no fuera tan desventajosa para las primeras); la consecución de que todos los ciudadanos podamos tener un salario suficiente para nuestro sustento y el de nuestras familias se esfuma (salarios de 700€/mes para oficiales de primera de la industria del metal y de la construcción, por media jornada de trabajo; 12 horas, pues el día tiene 24, empiezan a estar encima de las mesas de asesores de empresas); y la negociación colectiva desaparecerá como tal negociación, pasando a ser un vago recuerdo.

Los trabajadores con esos salarios no van a poder consumir, ni mucho menos comprar en clave de inversión. Las empresas no tendrán a quién vender sus productos. La promoción de la avaricia sin medida de unos pocos que nos ha traído hasta aquí, sin ninguna cortapisa, no nos devolverá a la senda del bienestar construido entre casi todos. Y si la representación de los trabajadores se demoniza, desprestigia y desarticula nos faltará gran parte de la voz y la fuerza para oponernos de forma constructiva. ¿Qué nos quedará entonces?

Juan Alberto Campos. Graduado Social. Equipo jurídico de CC.OO. de Galicia

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