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La eliminación de la autorización administrativa de los ERE tras la reforma laboral

Laboral

A fecha de la redacción del presente artículo ya todos los lectores habrán realizado sus correspondientes valoraciones del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes del mercado laboral. De hecho, a día de hoy estamos pendientes de la finalización del trámite parlamentario y de conocer el texto definitivo de la ley que consolidará la reforma más profunda de la normativa laboral española de los últimos años.

En las siguientes líneas expondremos brevemente las luces y sombras que en nuestra opinión se pueden extraer de dicha reforma en lo referente a la regulación de los despidos colectivos.

Para ello trataremos de realizar un examen integrador de la misma, a partir de las intenciones que se manifiestan en la exposición de motivos y que dotan de sentido los diferentes aspectos de la reforma en relación con esta materia. Obvia decir que la presente reforma parte de una situación de profunda crisis económica y tiene como principal finalidad el aportar soluciones que permitan a los agentes sociales salir del atolladero económico en el que nos encontramos.

En este sentido, tras la simple lectura de la norma rápidamente podemos detectar que el Real Decreto Ley 3/2012 aborda materias que se habían mantenido inalteradas hasta la fecha y que van mucho más allá de la simple rebaja de la cuantía de la indemnización por despido.

La intención del legislador ha sido, en todo momento, dotar al mercado laboral de los suficientes resortes que permitan equilibrar los embates de una delicada situación económica, flexibilizando la normativa con el fin de adaptarla al dinamismo de la actividad productiva.

Para ello, el Real Decreto Ley 3/2012 trata de garantizar mayor flexibilidad interna a la hora de gestionar los recursos humanos de las empresas, así como de favorecer la empleabilidad de los trabajadores y la eficiencia del mercado de trabajo.

En este sentido, podríamos articular las principales medidas adoptadas en cuatro grandes grupos: un primer paquete de medidas en las que se incluirían aquellas que pretenden favorecer la flexibilidad, tanto interna como externa, en las empresas; un segundo grupo orientado a favorecer la empleabilidad de los trabajadores; en tercer lugar nos encontramos con aquellas medidas destinadas al fomento de la contratación indefinida y la creación de empleo; por último nos encontramos las novedades introducidas en el ámbito de la negociación colectiva.

En el presente artículo nos centraremos en el primer bloque normativo y más concretamente en las modificaciones introducidas en relación con la extinción colectiva de los contratos de trabajo y la supresión de la necesidad de recabar la autorización administrativa en los procedimientos de suspensión, reducción de jornada y despidos colectivos.

Sin duda, la intención del legislador ha sido agilizar la tramitación de los expedientes de regulación de empleo de modo que las empresas se encuentren con las menores trabas posibles a la hora de llevarlos a cabo, consiguiendo de este modo que no se dilaten en el tiempo y sufran un retraso que pueda provocar la ineficacia de su aplicación.

De todos es conocido que los expedientes de regulación – especialmente los suspensivos o de reducción de jornada – responden a una situación de necesidad especialmente perentoria y que exige su inmediata ejecución, ya que de lo contrario el deterioro de la compañía podría ser tal que impida atajar la ya de por sí delicada situación de la empresa que lo solicita.

La eliminación de la autorización administrativa parece ir en la dirección apuntada al inicio del presente texto y en consonancia con el espíritu general de la norma, que no es otro que el flexibilizar los trámites dando una adecuada respuesta a una realidad económica dinámica y cambiante.

Por nuestra parte, queremos apuntar que lo que puede parecer una simplificación en el proceso se puede acabar convirtiendo en una trampa para muchas empresas que, desconocedoras de la nueva norma, no ejecuten el expediente con el debido rigor confiadas en exceso por las supuestas bonanzas del texto legal.

Es importante destacar que los despidos colectivos no escapan en ningún caso del control judicial, ya que quedando sometidos al conocimiento tanto de los Juzgados de lo Social, como de los Tribunales Superiores de Justicia o Audiencia Nacional, en función del ámbito territorial en el que se extiendan sus efectos.

Lo cierto es que este hecho supone un factor fundamental a la hora de encarar la tramitación de un ERE: en numerosas ocasiones, el empresario tratará legítimamente de sacar adelante el expediente sin lograr alcanzar el acuerdo con los trabajadores –hecho que hasta la fecha resultaba prácticamente imprescindible- y finalmente este expediente será impugnado en sede judicial.

Concretamente, nos encontraremos ante un doble régimen de impugnación de la decisión extintiva:

– La impugnación de la decisión colectiva, a cargo de los representantes colectivos, ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, mediante la nueva modalidad procesal regulada en el nuevo art. 124 LRJS, cuyo objeto queda constreñido a constatar la concurrencia de la causa legal y, como supuestos de nulidad, al cumplimiento de vía procedimental, cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales o con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

– La impugnación individual por parte de cada uno de los afectados se vehiculará por la vía procesal de los arts. 120 a 123 LRJS, y, concretamente, entre otras, aquellas «pretensiones relativas a la inaplicación de las reglas de permanencia previstas legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el período de consultas», acción individual que quedará en suspenso mientras no se resuelva -mediante sentencia firme- la impugnación colectiva.

Este nuevo escenario modifica considerablemente la situación anterior. Hasta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 3/12, rara vez se llegaba a formular demanda frente al contencioso-administrativo, ya que normalmente ambas partes habían acordado los términos del expediente (bien fuese extintivo, suspensivo o de reducción de jornada). Con la nueva reforma, ya en vía social, será un tribunal quien pase a valorar la validez del expediente, con lo que se incrementa notablemente la posibilidad de que este sea anulado y, consecuentemente, se puede llegar a dificultar su aplicación.

Entendemos que este aspecto de la reforma ha sido poco publicitado y en cierto sentido ha pasado desapercibido, lo que supone un riesgo para aquellas empresas que realicen una interpretación poco escrupulosa de la normativa e interpreten que la desaparición de la hasta ahora preceptiva autorización administrativa significa la eliminación de cualquier tipo de control en la preparación y aplicación de los expedientes.

Para finalizar apuntar que, a falta de comprobar el desarrollo reglamentario y la interpretación jurisprudencial que tendrán muchas de las nuevas disposiciones, lo cierto es que consideramos que la tramitación de los eres debe realizarse con la debida cautela y que el período de consultas no ha perdido ni un ápice de su importancia ya que, como ha venido sucediendo en estos últimos años, aquellas empresas que cierren dicho período con acuerdo tendrán una mayor garantía de éxito a la hora de ejecutar el correspondiente expediente de regulación de empleo.

Borja Ríos González. Departamento Laboral del Gabinete Jurídico Garrigues

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