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La aldea global. Cóctel de nacionalidades y reagrupación familiar

La aldea global
Extranjería

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas plantea varias cuestiones que nos parece interesantes comentar. La sentencia analiza dos casos que ocurren en Finlandia, en relación a una reagrupación familiar que solicita un familiar de ciudadano de la Unión. Pone en evidencia que el legislador al pensar la norma no pudo prever la cantidad de supuestos diversos que se pueden acoger a ella. Se debate el alcance de una directiva comunitaria, la 2003/86/CE sobre el derecho a la reagrupación familiar, cuando el reagrupante es familiar de ciudadano de la Unión pero el reagrupado no, ni tiene relación con el ciudadano comunitario.

El primero de los casos es el de una mujer de Ghana residente con permiso permanente en Finlandia, que se casa con un finlandés (no sabemos si de origen o no) y, tras dos años de matrimonio, tienen un hijo común, al que le corresponde la nacionalidad finlandesa. Se divorcia cuando el  menor tiene 2 años, y se le otorga la guardia y custodia de este en exclusiva, residiendo el padre en Finlandia. Tres años después se casa en con un nacional de Costa de Marfil con el que tiene una niña nacida también en Finlandia, a la que le corresponde la nacionalidad de Ghana. Se pide permiso de residencia para el padre, que se deniega por no haber demostrado este que tenía medios de subsistencia, entendiendo que no procede hacer excepción alguna (que está prevista por la ley de extranjería finlandesa) en interés del menor. La reagrupante ha estudiado, aprendido una profesión  y trabajado en Finlandia durante los años que lleva residiendo allí.

El segundo de los casos es una argelina casada en primeras nupcias con un finlandés del que tiene un niño (entre matrimonio, hijo y divorcio transcurren apenas 18 meses), hijo común al que corresponde la nacionalidad finlandesa, se le otorga la guardia y custodia de este en exclusiva, residiendo el padre en Finlandia. Dos años después contrae matrimonio con un argelino del que tiene una hija común, nacida en Finlandia, a la que corresponde la nacionalidad argelina. Como el  padre es devuelto a Argelia antes del nacimiento no consta que conozca a su hija. La reagrupante nunca ha ejercido actividad laboral en Finlandia y sus ingresos proceden de prestaciones estatales. Se deniega la residencia por carecer de ingresos suficientes.

Las preguntas que se le plantean al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que suelen ser bastante retorcidas,  son:

 “1) ¿Es contrario al artículo 20 TFUE denegar a un nacional de un tercer país un permiso de residencia por carecer de medios de subsistencia, si las relaciones familiares son tales que su cónyuge tiene la guarda y custodia de un hijo ciudadano de la Unión y el nacional del tercer país no es ni el padre biológico de dicho menor, ni le corresponde su guarda y custodia?

 2) En caso de responderse a la primera pregunta de forma negativa, ¿debe valorarse el efecto del artículo 20 TFUE de otro modo si el nacional del tercer país que no posee permiso de residencia vive con su cónyuge y con el menor ciudadano de la Unión, sobre el que el cónyuge ejerce la guarda y custodia?

 3) ¿Es contrario al artículo 20 TFUE denegar a un nacional de un tercer país un permiso de residencia por carecer de medios de subsistencia si las relaciones familiares son tales que su cónyuge tiene la guarda y custodia de un hijo ciudadano de la Unión y el nacional del tercer país no es el padre biológico de dicho menor, ni le corresponde su guarda y custodia ni tampoco vive con su cónyuge o con el menor en cuestión?

4) En caso de responderse a la anterior  pregunta de forma negativa, ¿debe valorarse el efecto del artículo 20 TFUE de otro modo si el nacional del tercer país, que no posee permiso de residencia y no vive en Finlandia, y su cónyuge tienen un hijo cuya guarda y custodia ejercen conjuntamente, que vive en Finlandia y es ciudadano de un tercer país?»”

 Y el Tribunal responde :

 “El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro deniegue al nacional de un tercer país un permiso de residencia solicitado al amparo de la reagrupación familiar, cuando dicho nacional pretende residir con su cónyuge, también nacional de un tercer país legalmente residente en dicho Estado miembro y madre de un hijo, fruto de un primer matrimonio y que es ciudadano de la Unión, y con el hijo fruto de su propia unión, también nacional de un tercer país, siempre que tal negativa no provoque, para el ciudadano de la Unión afectado, la privación del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

Las solicitudes de permisos de residencia formuladas al amparo de la reagrupación familiar como las examinadas en los litigios principales están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar. El artículo 7, apartado 1, letra c), de ésta debe interpretarse en el sentido de que, si bien los Estados miembros tienen la facultad de exigir que se acredite que el reagrupante dispone de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, dicha facultad debe ejercerse a la luz de los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que obligan a los Estados miembros a examinar las solicitudes de reagrupación familiar en interés de los menores afectados y procurando también favorecer la vida familiar, así como evitando menoscabar tanto el objetivo de la citada Directiva, como su efecto útil. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las decisiones denegatorias del permiso de residencia de que se trata en los litigios principales se adoptaron cumpliendo estas exigencias”.

Esto es, la norma comunitaria no impide la existencia de una norma nacional que deniegue el permiso de residencia por reagrupación familiar por carecer de medios de subsistencia suficientes en casos como los expuestos; ni reagrupado ni reagrupante, ni sus  hijos en común son ciudadanos de la Unión Europea, y el reagrupado carece de vínculos directos con ciudadano comunitario alguno. Ahora bien, el interés de los menores -comunitarios o no- debe ser protegido promoviendo su derecho a la vida familiar, que es objetivo de las directivas sobre el tema. Y el Alto Tribunal europeo remite a los tribunales finlandeses la responsabilidad de determinar y revisar si en cada uno de los dos casos enjuiciados se tomaron en cuenta y se integraron en la decisión esas exigencias.

En mi opinión, se lee entrelíneas que el Tribunal Europeo tiene serias dudas sobre si se han salvaguardado los intereses de los menores afectados, pero sólo puede responder a lo que se le pregunta y dentro de los límites de sus competencias.

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