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La afectación a la actividad de las inversiones financieras en el ámbito del ISD

Espacio tributario

Para la aplicación de las reducciones previstas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a la adquisición de participaciones sociales es necesario el cumplimiento de los requisitos del apartado 8 del artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre Patrimonio. Una vez comprobada la procedencia del derecho a la exención en patrimonio, es necesario analizar detalladamente la composición del activo de la entidad para determinar el porcentaje de reducción final aplicable, y es aquí donde nos encontramos ante una tarea difícil ante la Administración.

Sobre el contribuyente recae la carga de la prueba de la aplicación de la exención o reducción, en virtud del artículo 105.1 de la LGT, debiendo de aportar las pruebas oportunas para acreditar la afectación a la actividad empresarial del elemento patrimonial de la sociedad.

A la hora de valorar la afectación de inversiones financieras, fondos de inversión o depósitos en cuentas bancarias, el contribuyente se encuentra ante una ardua tarea, ya que normalmente la inspección, acude a parámetros económico financieros tales como los coeficientes de liquidez, disponibilidad y tesorería, al carecer de una norma que determine objetivamente su afectación. La aplicación de este tipo de coeficientes, no tiene en cuenta las circunstancias concretas de cada empresa, ni la posibilidad de que estos recursos estén invertidos a la espera de futuras inversiones en la actividad. En la práctica, los órganos de inspección vienen negando la afectación de estas inversiones al considerar que la afectación debe ser real y efectiva, a tenor del artículo 29 de la LIRPF, justificando su no afectación bajo conceptos indeterminados como “liquidez prudente” o “tesorería ociosa“.

La justificación de este análisis de afectación viene dada por la finalidad de la norma, que no es otra que beneficiar la continuidad de la empresa en funcionamiento, sin que por ello se privilegie a quienes son empresarios, para que bajo el paraguas de la empresa eviten pagar el ISD que correspondería por la adquisición de bienes que nada tienen que ver con la actividad empresarial.

Ahora bien, sería necesaria una norma objetiva que clarifique la afección de estos elementos para terminar con la litigiosidad que ocasiona valorar su afectación.

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