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La Administración pública también está afectada por la reforma

Laboral

La reforma laboral incluye expresamente a las Administraciones Públicas como empleadores, y trata a los contratados laborales (sean en régimen ordinario, sean con contratos de alta dirección) como trabajadores convencionales.

Se regula expresamente la posibilidad de despido no disciplinario del personal laboral de las Administraciones Públicas en paralelo a cualquier otro trabajador. Si bien siempre ha sido posible amortizar un puesto de laboral fijo, este era un caso infrecuente, ya que la naturaleza de la actividad de la Administración permitía la recolocación del trabajador o su reclasificación funcional antes de optar por el despido; hay una representación sindical consolidada en ese ámbito que presiona contra el despido o la amortización; muchos de los contratados tenían algún vínculo con los políticos que habían promovido su contratación; y normalmente caía antes el personal con contrato temporal. Para complicarlo más jurídicamente hasta el 12 de febrero de este año era difícil que prosperase un ERE de una administración, ya que se suponía que eran solventes y además, si estaba en juego un servicio público por definición –casi todos-, resultaba difícil cuestionar su subsistencia.

Apenas había pasado un mes desde la reforma cuando el 16 de marzo se publicó en el BOE la Orden HAP/537/2012, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Y se preguntará el lector qué tiene esto que ver con la reforma laboral, aparte de ser otro real decreto ley. Pues incluye el certificado un anexo donde establece un formulario o modelo para los planes de ajuste municipales. El ajuste puede extenderse y planificarse durante 10 años, y si la deuda municipal reconocida se quiere financiar durante muchos años, el plan de ajuste deberá contener previsiones de ingresos y gastos para todos esos años.

Dentro de las medidas de ajuste que propone como modelo para rellenar las hay referenciadas a los ingresos (recaudación) y otras relativas a los gastos. La primera de las medidas previstas en el ámbito de los gastos es la reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos); otras también contempladas son, por ejemplo, la regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos, la limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección o la reducción del número del personal de confianza; contratos externalizados que, considerando su objeto, pueden ser prestados por el personal municipal actual, o la disolución de todas las empresas de la corporación que presenten pérdidas superiores a la mitad del capital social (medida 8). Por tanto, son medidas sobre personal, sobre cambios en el número y en la retribución del personal. Los planes de ajuste deben determinarlas, periodificarlas y ponerlas en marcha, y las administraciones que no se acojan expresamente a los planes de ajuste tienen la puerta abierta con la reforma para aplicar parte de estas medidas igualmente, al menos respecto al personal laboral propio (fijos y temporales) y al de las subcontratas públicas.

Todo ello aderezado con las complicaciones propias del mecanismo de decisión de una corporación pública. Imaginemos que los despidos son declarados improcedentes en vía laboral. En este supuesto, el juez emplazará al ayuntamiento a elegir la readmisión o indemnización en cinco días según marca la LPL. La elección entre readmitir o indemnizar lleva a elegir entre presupuestos anuales diferentes y plantillas diferentes (facultades del pleno indelegables según la LBRL), cada una con su RPT que debe ser previamente negociada. Y sólo hay cinco días… ¿será siempre readmisión –con sus salarios de trámite- o se debatirá en el pleno con carácter previo al juicio?, ¿puede un pleno tomar una decisión sobre un futurible no del todo concreto?

El personal funcionario quedaría en principio fuera del alcance de lo establecido por la reforma en el Estatuto de los Trabajadores, lo que puede llevar bien a un cambio en el estatuto básico del empleado público o a que corporaciones locales con mucho personal laboral puedan amortizar puestos de trabajo y equilibrar presupuestos mientras otras no tengan margen para cumplir con los planes de ajuste y se queden sin financiación para pagar esos salarios. Si bien los ayuntamientos no tienen competencia para establecer las retribuciones básicas de sus funcionarios y no podrán reducirlas, podrían plantear la reducción de sueldos minorando los complementos de destino (con el tope de los grados personales consolidados) y específico, pero caso por caso y sin una norma local. Y esas reducciones retributivas requerirían previo sometimiento a la negociación colectiva por ser modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo.

Ni el más estable de los trabajos parece ahora tan estable.

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