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ITP en los contratos de alquiler de vivienda ¿quién tiene que pagarlo?

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Espacio Tributario

Es habitual hablar del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los casos de adquisición de la vivienda habitual, pero este impuesto también es obligatorio para los arrendamientos de viviendas, y el obligado tributario en este caso es el propio inquilino.

Al igual que la compra de una vivienda, el alquiler también se considera como una adquisición onerosa, ya que el inquilino tiene derecho a utilizar la vivienda a cambio de un precio establecido en el contrato y durante un periodo de tiempo determinado.

Este impuesto está regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En su artículo 7 se determina el hecho imponible:

“La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando estas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en puertos y en aeropuertos”.

Tal como hemos comentado, el sujeto pasivo es el arrendatario, no obstante, la norma señala en su artículo 9.1.b) como responsable subsidiario al arrendador en el caso de haber percibido el primer plazo de renta sin exigir al arrendatario el abono de dicho impuesto.

Hay que tener en cuenta que no estarán sujetas a ITP las operaciones que sean realizadas por empresarios o profesionales y estén sujetas a IVA, no obstante, estarán sujetas a ITP las operaciones realizadas por empresarios (incluidos los arrendamientos de bienes inmuebles) cuando estén exentos de IVA. Puede entenderse que, si el alquiler de viviendas está exento de IVA estará sujeto a ITP, con independencia de que el arrendador sea persona física o jurídica.

A los efectos del cálculo de la base imponible, se deberán tener en cuenta la cantidad total a satisfacer por todo el periodo de duración del contrato de arrendamiento. Si se trata de contratos de fincas urbanas sujetas a prórroga forzosa, se computará como mínimo, un plazo de duración de tres años. En los casos en los que en el contrato no conste la duración del mismo, se computará un mínimo de seis años.

Para obtener la cuota tributaria de los arrendamientos, se aplicará sobre la base liquidable la tarifa aprobada por la Comunidad Autónoma. En su defecto, se aplicará la escala establecida en el artículo 12 del Real Decreto que aprueba el Texto refundido de la Ley de ITP y AJD.

En estos casos, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se devenga en el momento de constitución del acto o contrato y se puede realizar de dos modos diferentes, mediante pago en metálico liquidando el impuesto en la comunidad autónoma correspondiente a través del modelo 600, o liquidando la cuota utilizando efectos timbrados.

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