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Y la gente se echó a la calle

ISD
Espacio Tributario

Fue el pasado 7 de febrero. De la mano de Susana Griso, en el programa Espejo Público, llegó Clavelina García y, como diría Carlos Puebla, “mandó a parar”. Clavelina, a lomos de unos muy lúcidos 82 años y haciendo gala de un discurso cargado de lógica apolítica, es un genuino revulsivo para el entramado tributario de las comunidades autónomas en general, y del Impuesto sobre Sucesiones (ISD) en particular.

Su aparición en escena fue como el pistoletazo de salida que miles de sufridos contribuyentes estaban esperando. La prensa, en los últimos años ya se había hecho eco de que las renuncias a las herencias se habían disparado, entre otras causas por la elevada presión del ISD, pero este fenómeno era asumido incomprensiblemente como “natural”, como un mal menor necesario para sustentar el solidario Estado del bienestar, el mismo que un día se desmoronará estruendosamente sobre nuestras crismas.

Clavelina fue, pues, el revulsivo que la gente “normal” aguardaba. Su razonamiento, que no solo azota la irracionalidad del insaciable fisco sino, más aún, del incontenible gasto público, es todo un aldabonazo en nuestra conciencia cívica. Todo un “¡basta ya!” o “¡hasta aquí hemos llegado!”. Desde entonces, la gente -tomando consciencia de que la movilización es lo único que parece hacer reaccionar a nuestros apoltronados dirigentes- ha salido a la calle: Zaragoza, Oviedo, Granada, Badajoz,… han sido escenarios de la ira popular frente a un impuesto que ya ha perdido su legitimidad social. El discurso oficial basado en que afecta solo a los “ricos” se ha desmoronado por la fuerza de la realidad; cruda realidad aderezada por las sensibles desigualdades existentes entre distintas CC. AA. Difícil de entender que un ciudadano comunitario tenga derecho a no verse discriminado por su condición de no residente, y que, sin embargo, los españoles, dentro de nuestro propio país, veamos -delante de nuestros propios ojos- como un día sí y al otro también se nos trata de un modo tan desigual.

Además, no perdamos la perspectiva. Aquí hay dos niveles de cabreo: uno, quizá el más notorio, es el generado por la propia normativa que lleva a unas gravosas cargas en unas CC. AA. y no tanto (e incluso muy poco) en otras. El otro, tal vez peor, es más sutil, más sibilino, pues la norma me “vende” el mejor de los mundos de “yupi”, pero luego es la Administración la que en su praxis cotidiana viene con las “rebajas del tío Paco”: que si la empresa parece familiar pero no lo es, que si su tío ya no es su tío, etc.

Y es en este punto, precisamente, donde vamos llegando al fondo de la cuestión. El ISD pudiera ser un impuesto asumible, hasta socialmente bien visto si tuviera una aplicación práctica razonada y razonable. Pero es por ahí -amén de por la sustancial diferencia de trato entre CC. AA.- donde ese pacto social se ha roto. Y es que es comprensible que los contribuyentes, en la creencia de que todavía son ciudadanos (y no súbditos; aunque estamos en ello), se rebelen cuando, estupefactos, comprueban que:

-. Los valores por ellos declarados, se elevan exponencialmente sin una motivación ni inteligible ni racional.

-. Cuando recurren esa falta de motivación, y ganan, la comunidad autónoma de turno retoma el expediente otra vez. Es decir, han ganado -muchas veces, pírricamente- una batalla, pero no la guerra.

-. Cuando la comunidad autónoma retoma el expediente y les gira una segunda liquidación, les exige más dinero que la primera pues el período de devengo de intereses es más dilatado (precisamente por computar el tiempo durante el que la propia Administración hizo mal su trabajo). Es decir, que cada vez se debe más, pese a ganar los pleitos.

-. No es extraño que el contribuyente no sepa si está en un procedimiento de gestión (con unos derechos y obligaciones) o en uno de inspección (con otro régimen jurídico distinto).

-. En no pocas ocasiones, los TEAs solo se pronuncian sobre la ausencia de motivación de la comprobación de valores (cuando la LGT les obliga a entrar a analizar cuantas cuestiones suscite el expediente; tanto las invocadas por el propio recurrente como las que aprecie de oficio), estimando el recurso pero permitiendo, así, que la comunidad autónoma retome el expediente.

-. A las empresas familiares se les niega tal carácter invocando argumentos que ya el propio Tribunal Supremo ha declarado inviables jurídicamente.

-. Las empresas son valoradas por funcionarios cuya específica cualificación técnica no se acredita.

-. Las empresas se tasan “transparentando” la valoración de los bienes que tienen en su activo, aflorando así latentes plusvalías tácitas subsumidas en su balance.

-. No es inusual que el ciudadano ignore qué método de valoración se le está aplicando: formalmente se le dice que está ante una comprobación pericial, pero la realidad es que se trata del sistema de aplicación de precios medios de mercado.

¿Hace falta seguir?

Soy un convencido de que la sociedad española está descabezada, que por sí misma -sin la intervención y manipulación partidista- tiene escasa o nula capacidad de reacción, porque aquí -en Españistán– la sociedad civil como tal no existe, está anestesiada por las migajas que se caen de la mesa del festín del Estado del bienestar. Pero, como decía el narrador al inicio de cada capítulo de la serie La frontera azul”: “no desprecies a la serpiente por no tener cuernos, pues podrá reencarnarse en un dragón”. ¡Ojo!, pues, con Clavelina y sus discípulos: la brecha social ya se ha abierto, y no seré yo quien les diga que no tienen motivos para su indignación.

Dice el refranero español que “el que avisa no es traidor”; o, si lo prefieren al modo inglés, “I told you”. Un día llegará alguien que nos diga ¡en marcha!” -o algo similar-, y aún habrá quien se extrañe de que todos -al unísono- le sigamos, alborozados, cual si fuera un postmoderno flautista de Hamelin. Entonces, y solo entonces, será el rechinar de dientes.

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4 Comentarios

  1. Un gran sentido común. Le felicito por este artículo.

  2. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por el artículo

  3. Completamente de acuerdo. Urge una reforma de la normativa autonómica de los Impuestos de Sucesiones y Donaciones y del Patrimonio para su completa armonización en todo el territorio nacional, por razones de igualdad entre todos los españoles, por razones de legalidad, por razones de solidaridad, pero sobre todo, por una razón más poderosa y que todos los ciudadanos comparten, por sentido común.

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