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Inadmisiones, desestimaciones, suspensiones y demás "fauna" económico-administrativa

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Espacio Tributario

Expondré el supuesto de hecho que motiva este “post” de un modo aséptico, tal y como en el colegio se planteaban los problemas matemáticos:

  • Sea una empresa X a la que la AEAT le exige un impuesto (por cierto, de una cuantía no menor) que, en primera instancia, era exigible a un tercero (dejaremos para otra ocasión el cuestionable mecanismo de “derivación” de responsabilidad que vendría a amparar esa exigencia).
  • Sea que X recurre esa actuación ante un Tribunal Económico-Administrativo (TEA) y, además, solicita su suspensión sin garantía, basándose para ello tanto en la imposibilidad de aportarla como en los perjuicios de imposible o difícil reparación que la ejecución de aquella le arrostraría.
  • Sea que el TEA, sin mediar requerimiento previo alguno de subsanación de esa petición de suspensión, acuerda inadmitirla.
  • Sea que X impugna, ya en vía judicial, esa inadmisión de suspensión, solicitando asimismo su propia suspensión cautelar.

Hasta aquí, los hechos. Veamos con algo de detenimiento lo que aquí acontece:

  • X solicita esa suspensión con exoneración de garantías, aportando pruebas (más o menos fundadas) de la imposibilidad de lograr caución alguna y, además, acreditando (mejor o peor) los graves daños que la no suspensión le irrogaría.
  • El TEA, sin darle opción alguna a “mejorar/subsanar” (si es que fuera susceptible de) esa primitiva petición de suspensión, acuerda inadmitirla.
  • La consecuencia tan automática como inmediata que el ordenamiento contempla para la inadmisión de la solicitud de suspensión es que ésta se tiene por no presentada a todos los efectos”.
  • Ergo, a resultas de todo ello, X se enfrenta a un procedimiento recaudatorio ya en vía ejecutiva.

Sin embargo, estoy convencido de que las cosas no debieran ser así; y a ello dedicaré las siguientes líneas.

Es obvio (y la normativa aplicable se ocupa de despejar cualquier duda al respecto) que no es lo mismo una inadmisión que una desestimación. Lo primero (la “inadmisión”) supone que el TEA ni tan siquiera entra a valorar la procedencia de la pretensión del recurrente, de ahí que ni le dé curso para tramitarla como tal; es decir: se abstiene de analizar esa petición. Sin embargo, lo segundo (la “desestimación”) implica que el TEA lleve a cabo un análisis detallado e individualizado de la solicitud y, solo tras ponderarla conforme a Derecho, adopta su acuerdo en el sentido de concederla (“estimación”) o denegarla (“desestimación”).

Además, la diferencia entre ambos planos de la decisión denegatoria (“inadmisión” vs. “desestimación”) no es meramente formal, sino que, bien al contrario, provoca efectos jurídicos sustancialmente distintos; así, mientras que la “inadmisión” determina que la petición de suspensión se tiene por no presentada a todos los efectos”, la “desestimación” distingue entre “si en el momento de solicitarse (…) la deuda se encontraba en período voluntario de ingreso”, en cuyo caso, “con la notificación de su denegación se iniciará (en puridad, se “reiniciará” ex novo) el plazo previsto en el artículo 62.2 LGT, para que dicho ingreso sea realizado”; de “si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se encontraba en período ejecutivo”, circunstancia que motivará que con “la notificación del acuerdo de denegación (…) deba iniciarse el procedimiento de apremio, (…), de no haberse iniciado con anterioridad a dicha notificación”. Es decir, y coloquialmente hablando: mientras que la “inadmisión” deja el recurrente sin “red”, la “desestimación” le “reubica” en el mismo procedimiento recaudatorio ya abierto a la fecha de su petición.

Tan sensibles diferencias en el régimen recaudatorio del recurrente obligan, ya per se, a ser extremadamente cautelosos en la determinación de cuando estaremos ante un escenario de “inadmisión” frente a otro de “desestimación”, pues de no ser así se corre el serio riesgo de confundir ambas situaciones, con las graves consecuencias que ello provocaría al contribuyente. Y, al menos sobre el papel, la diferencia parece clara.

Así, la “inadmisión” solo puede responder a tres posibles circunstancias (y no más):

1.- Cuando “la solicitud de suspensión (…) no esté vinculada a una reclamación económico-administrativa anterior o simultánea a dicha solicitud” (lo que obliga a ser diligentes en cuanto a que la suspensión sea siempre posterior a la reclamación de la que trae causa).

2.- Cuando “subsanados los defectos (…), el Tribunal decidirá sobre la admisión a trámite de la solicitud, inadmitiéndola cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de los perjuicios de difícil o imposible reparación (…)”. Este supuesto de hecho es determinante para el análisis de este asunto, pues trae causa de otra previsión anterior que no es otra que la que obliga al TEA a que “cuando se advierta la existencia de defectos distintos del indicado en el número anterior –precisamente el relativo, exclusivamente, a aquellas solicitudes de suspensión no vinculadas a reclamación alguna (i)-, ya sea en la solicitud o en la documentación que lo acompañe, se requerirá (carácter imperativo, que no admite margen de duda alguna) al interesado para que proceda a su subsanación en un plazo máximo de 10 días (…)”.

3.- Cuando “la falta de atención a dicho requerimiento (ii) determinará el archivo de las actuaciones y se tendrá por no presentada la solicitud (…)”.

Luego lo que aquí tenemos es que el TEA, ante la detección de cualquier carencia (ya sea formal, documental, probatoria, argumental,…) distinta a la palmaria circunstancia de que la solicitud de suspensión no esté anudada a una reclamación previa (o “simultánea”; sic), viene imperativamente obligado a requerir al recurrente para que subsane ese supuesto defecto. Única y exclusivamente después de tal trámite tendrá el TEA plena legitimidad para inadmitir la petición (bien por desatender el requerimiento, bien por atenderlo de un modo insuficiente). No hay otra.

Desde mi perspectiva, la primera conclusión a que nos aboca esto es que, por tanto, no parecen jurídicamente ortodoxas esas inadmisiones (tan frecuentes como preocupantes) decretadas sin haber mediado requerimiento de subsanación alguno. Y en este punto tampoco me vale el “agarrarse” al clavo ardiendo del inciso “en su caso” que la norma incluye cuando afirma que “examinada la solicitud (de suspensión con dispensa total o parcial de garantías que se fundamente en perjuicios de imposible o difícil reparación), se procederá, en su caso, a la subsanación prevista”, pues ese “en su caso” no es un cheque en blanco para que el TEA decida discrecional (y hasta arbitrariamente) si esa subsanación es o no lo procedente, sino que esa cautela del legislador viene a contemplar sólo aquellos supuestos en los que concurra la eventualidad de un “defecto” en la originaria solicitud de suspensión. De concurrir un defecto -¡cualquiera!; excepción hecha de esas solicitudes de suspensión no vinculadas a una previa o simultánea reclamación- el TEA no tiene opción: tiene, sí o sí, que conceder el trámite de subsanación. Lo que, a su vez, nos conduce a la segunda conclusión: si no media un previo requerimiento de subsanación (y haciendo abstracción, nuevamente, del supuesto “i” anteriormente descrito), la solicitud de suspensión podrá ser desestimada pero nunca inadmitida.

Lo novedoso del caso y lo que, como tal, motiva estas reflexiones es que esas inadmisiones, cuando son recurridas ya en la vía judicial, pueden ser, a su vez, objeto de suspensión, dejando así cautelarmente sin efecto aquella previa inadmisión de la primitiva suspensión, “trabalenguas” procedimental que nos retrotrae a la casilla de salida: el acto originariamente impugnado quedará en suspenso -ahora ya sí- por “contagio”, por obra y gracia de la suspensión cautelar de la inadmisión de la petición de suspensión de aquél. No otra cosa es lo que ha apreciado el Tribunal Supremo en sus recientes sentencias de 26/1 y 19/2/2016 que, paradójicamente, tienen su precedente argumental en una resolución del TEAC de 27/2/2014 mediante la que éste ya abrió la puerta a la suspensión cautelar de actos (aparentemente) negativos, siendo así que esta tesis ya ha sido también acogida por la propia Audiencia Nacional en algún reciente auto.

Se hace, pues, la luz al final del túnel (confiemos que no sea el foco frontal de un expreso presto a arrollarnos).

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