Cerrar

El impago de salarios y la rescisión de contrato

impago de salarios
Laboral

Los empleados prestan su fuerza de trabajo a la empresa, aplicada a una serie de tareas concretas, durante unas horas determinadas, a cambio de un salario. Esta es la relación contractual básica del derecho laboral.

En España prescindir de un trabajador contratado de forma indefinida (o contratado incorrectamente de forma temporal) conlleva una indemnización, salvo que el trabajador se vaya voluntariamente o incumpla sus tareas y /o las órdenes del empresario de una forma manifiesta. Desde este escenario teóricamente simple la realidad se complica un tanto.

En supuestos tasados, el trabajador está expresamente autorizado por la ley para solicitar irse de la empresa y que esa salida conlleve un derecho a indemnización igual a la que tendría si el empresario lo despidiese. Uno de esos supuestos es la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. Ojo, no está amparado para irse directamente sino para pedir la extinción del contrato ante los tribunales.

Al Tribunal Supremo llegó hace apenas un año el caso de un trabajador que llevaba más de seis meses trabajando sin cobrar. Tenía una reclamación interpuesta por las cantidades adeudas, pidiendo además la rescisión de contrato. El trabajador estaba excedente en otra empresa, con derecho a reserva del puesto de trabajo, trabajo donde espera cobrar todos los meses, y comunica a la empresa impagadora que la situación es insostenible y que se va. En la comunicación deja claro que no es una dimisión, sino la consecuencia del incumplimiento del empresario, por lo que entiende debe ser rescindido el contrato en el juicio correspondiente, de proceso ya iniciado, con la indemnización establecida por despido improcedente (además del pago de los salarios debidos).

Cuando llega el momento de celebrase el juicio, tanto el juzgado de lo social como el Superior de Justicia de Andalucía desestiman la demanda al entender que no cabe rescindir un contrato cuando el trabajador ya presta servicios en otra empresa. Y el ello porque la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que es la que establece las normas que han de seguirse en los procesos laborales, establece expresamente la posibilidad para el trabajador de pedir al juzgado que va a tratar de su rescisión por impago que autorice cautelarmente la ausencia del trabajador de ese empleo por el que no recibe remuneración. Estando esa posibilidad en la norma, no hay margen para que el trabajador lo decida por su cuenta, debe contar con el apoyo del juzgado.

Antes del 2011 esta opción no estaba expresamente regulada, por lo que la jurisprudencia que daba un cierto margen de decisión al trabajador ante un impago flagrante no sería aplicable. El Tribunal Supremo mantenía que “en los supuestos en que se ejercita una acción extintiva por una falta prolongada en el tiempo de pago del salario, generadora de una situación insoportable “por estar en juego tanto la subsistencia del trabajador, como su propia dignidad”, se ha de estimar, (…) que al trabajador no le es exigible un comportamiento diverso que el abandono de su puesto de trabajo para la búsqueda de un nuevo empleo” (…) “se entiende como justificado el hecho de que el trabajador pueda haber cesado en la prestación del servicio, sin que ello suponga dimisión o ruptura por su parte de la relación laboral”. Con la nueva norma procesal en la mano, hay un cauce para preguntar antes de decidir marcharse y el trabajador no puede irse por su cuenta.

El TS, sin embargo, no comparte este criterio y lo corrige. Entiende que es potestativo pedir las medidas cautelares y que el trabajador si abandona el trabajo se arriesga a que no se considere lo bastante grave el incumplimiento, no a quedarse sin la posibilidad de reclamar “Cuando el trabajador que ejercita la acción de extinción del contrato de trabajo a su instancia con fundamento en el art. 50 ET , sin solicitar al órgano judicial las medidas cautelares ex art. 79.3 en relación con el art. 180.4 LRJS , decide voluntariamente cesar en la prestación de servicios al tiempo que se ejercita la acción, la consecuencia es que asume los riesgos derivados de que la sentencia sea desestimatoria o de que interprete que no existía justa causa para que dejara de prestar servicios en favor del empleador”.

El trabajador tenía una urgencia que atender, conseguir ingresos para poder subsistir, que van más allá de los tiempos judiciales y de la necesidad legal de que el impago de los salarios sea grave (que no se suele considerar tal si no supera holgadamente los 3 meses). El TS admite la urgencia vital y flexibiliza el mantenimiento de la acción procesal, el trabajador corre el riesgo de que no consideren grave el incumplimiento del empleador, lo que no debe es correr el riesgo de que no sea sometido a la consideración del juez si tal incumplimiento existe o no.

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo . Garantía profesional.

©Todos los derechos reservados. Los contenidos de esta web son propiedad exclusiva de SIGA 98, S.A. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

Pin It on Pinterest