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Estar en la cárcel como forma de acreditar permanencia en España

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Extranjería

Una de las formas más comunes de regularizar la situación administrativa de un ciudadano que no ha tenido inicialmente acceso al permiso de trabajo y residencia es optar por el arraigo social. El arraigo social es una forma de reconocimiento a la capacidad de resistencia de las personas que consigue radicarse y encontrar su lugar en la sociedad española a pesar de tener una situación administrativa irregular que les impide acceder a un empleo oficial remunerado. Un homenaje práctico a la capacidad de resilencia burocrática del ser humano y una aceptación de la importancia de la economía sumergida.

En el arraigo social, además de un empleo potencial, se pide que el solicitante (es un supuesto en el que el solicitante es el trabajador y no el empleador) haya permanecido en España durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y que pueda demostrarlo. Habitualmente la demostración parte de un certificado de empadronamiento (o varios, si ha estado empadronado en distintas ciudades).

Al tribunal superior de justicia de las Islas Canarias (TSJCAN) llegó el asunto de un arraigo social solicitado por quien llevaba en España, de forma claramente demostrable, desde hacía más de tres años. El problema es que el solicitante de tal arraigo había pasado dos de esos años en prisión preventiva, por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas, estando a la fecha de la solicitud a la espera de la celebración del juicio. No se puede dudar que había estado en territorio español, sometido de hecho a la atenta mirada de la misma administración que ponía en cuestión su posibilidad de arraigo.

Y el tribunal entiende que el arraigo social va más allá de constatar una presencia continuada en un espacio geográfico del estado español. Va de integración, de estar a gusto en la sociedad de la que pretende formar parte y respetar la convivencia pacífica. Es una opción legislativa para premiar una conducta en positivo. Por tanto, más allá de la literalidad de la permanencia continuada, esa permanencia debe de conectarse con el concepto mismo de arraigo, de pasar a formar parte ordenada y aceptada de un colectivo.

Difícilmente puede tener una relación estable con la sociedad quien pasa dos de los tres años en la cárcel, ya que le está vedado el contacto con una gran parte. Y ello con independencia de que resulte al final completamente inocente de los cargos que se le imputen. En ese caso estaríamos en el principio de una discusión completamente diferente: los daños y perjuicios derivados de una prisión preventiva si se demuestra que esta era injustificada.

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