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Solicitantes de protección internacional. ¿Qué pasa cuando no se concede?

Extranjería

En muchos países del mundo, sus habitantes viven con una perpetua sensación de inseguridad, desprotección y peligro. A todo se acostumbra uno y se va sobreviviendo, en muchos casos ayuda no conocer algo mejor. Si a esto añadimos la frustración del esfuerzo que siempre se trunca, la ilusión por un futuro mejor y una situación económica precaria no es difícil que la opción que se les presente como solución es establecerse en países con una estructura social en la que uno pueda tener certeza de comportamientos y soluciones. No es una situación puntual, es una situación que afecta a decenas de miles de extranjeros actuales habitantes de España.

Protección internacional

La protección internacional está concebida como un mecanismo de preservar la civilización. Los países que creen que los derechos humanos son un valor a proteger en toda su dimensión, España entre ellos, se han dotado de un mecanismo de acogida de los ciudadanos de otros países menos comprometidos en esta defensa (o que no consiguen amparar a todos sus ciudadanos) cuando se ven personalmente comprometidos en su integridad.

Esto es, cuando el contexto social en el que viven (o el propio Estado) los identifica como individuos a abatir, acallar o anular y no tienen Estado que los proteja. Si no huyen de una persecución personal, no corren más riesgo que sus conciudadanos. Y ese matiz es fundamental cuando de la protección internacional se trata. No se protegen migraciones económicas, no se protegen migraciones por hartazgo o impotencia, se protege a un individuo cuya vida está amenazada de forma directa y no puede vivir en su país.

Así, cuando el solicitante llega a España y cuenta su historia, la administración le facilita una documentación inicial (un resguardo blanco y un número de identificación de extranjero) que le permite quedarse legalmente en el país, inicialmente sin poder trabajar, mientras se determina el grado de amenaza al que está sometido. Se le retira el pasaporte y se le emplaza a volver en seis meses si no hay resolución de la solicitud antes. Si en seis meses no se resuelve nada, lo que es bastante habitual, el resguardo blanco pasa a tarjeta roja y el solicitante de protección internacional puede trabajar (si tiene edad legal para ello) durante otros seis meses mientras espera que se dé curso o no a la solicitud. Este proceso de prórrogas puede durar años, en los que el ciudadano trabaja y se integra con la incertidumbre como compañera. Y una legalidad relativa siempre en el filo del semestre.

Si todo sale bien y se considera que reúne las condiciones, pasa a tener un permiso de residencia y trabajo y consolida su situación (bien como protección directa, bien subsidiaria por motivos humanitarios). Pero esto no siempre ocurre, en no pocos casos se deniega la solicitud y el ser humano que hay detrás de ella se queda en el limbo de lo ilegal, sin autorización para trabajar y emplazado a regresar al lugar del que ha huido por considerarlo invivible.

En principio, la reacción lógica es recurrir pidiendo que mientras no se resuelva se mantengan las condiciones de cobertura legal que la tarjeta roja suponía. Solicitud que no siempre se admite y les deja sin capacidad de continuar trabajando. Y si se da esa admisión, no garantiza que la sentencia final conceda la residencia que se pidió inicialmente.

La otra reacción lógica es no tener intención de regresar al lugar del que uno se ha ido. Lo que lleva a intentar buscar otros caminos para poder establecerse de forma legal en el país.

Arraigo laboral vs. arraigo social

Hay dos autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales que podrían encajar en la situación, por un lado, el arraigo laboral, por otro el arraigo social. Ambas situaciones están pensadas para situaciones sostenidas en el tiempo de irregularidad administrativa, que es la realidad sobrevenida en la que se encuentran los solicitantes de asilo. Esto es, su derecho a residir en España era presunto y finalmente no se ha consolidado, por tanto, es una situación análoga a la irregularidad administrativa (aunque mucho más sencilla de gestionar en el día a día). El arraigo laboral pide acreditar seis meses de relaciones laborales y dos años de permanencia en España. El social pide medios de vida, integración y tres años de permanencia en España.

El arraigo social sí está al alcance de cualquier solicitante de protección internacional. Y lo está en cuanto se cumplan tres años de estancia en el país, incluso cuando la solicitud sigue su curso y aún se espera resolución renovando con paciencia semestralmente la tarjeta roja. Por tanto, es un camino a recorrer en cuanto se alcancen los tres años de permanencia en España en todos los casos en los que se está a la espera de resolución o en recurso de la denegación.

Curiosamente el más sencillo, el arraigo laboral, no está en principio al alcance de los solicitantes de protección internacional, ya que las relaciones laborales que se piden son las desarrolladas de forma irregular. Sí, han leído correctamente, hay un procedimiento administrativo de autorización que se interpreta con criterios que penalizan la estancia regular frente a la irregular. La razón de fondo es que el arraigo laboral es un sistema para incentivar la denuncia del trabajo en la economía sumergida, pero no deja de ser llamativo que esa razón prevalezca en este caso. Acortaría en un año la agonía y evitaría situaciones de irregularidad.

Que conste, resolver los expedientes en los primeros seis meses también sería un planazo. Pero eso igual es mucho pedir.

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