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El Tribunal Constitucional y la asistencia sanitaria

Extranjería

En las últimas  semanas el Tribunal Constitucional ha dictado varias  sentencias con respecto a la legislación autonómica que ampliaba la cobertura sanitaria a los  inmigrantes indocumentados, entendiendo que dichas autonomías han rebasado su marco competencial, desborde legislativo que lleva como inexorable consecuencia la nulidad del exceso.

Esto es, el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre si la medida de la administración central es idónea a la luz de los compromisos sobre derechos humanos adquiridos por España, o si es razonable que las comunidades autónomas mejoren una prestación. Se centra en entender la legislación sanitaria (y, por tanto, la idea política que se articula a través de dicha legislación, no hay que olvidar que las leyes no son directrices administrativas neutras,  sino que tienen una impronta, un sesgo) “básica estatal cierra toda posibilidad a las normas autonómicas de desarrollo para configurar un sistema de acceso a las prestaciones sanitarias que no atienda a los conceptos de asegurado o de beneficiario que han establecido las bases recogidas en el tantas veces citado artículo 3 de la Ley 16/2003, a excepción del supuesto residual de la suscripción del convenio especial previsto en el apartado quinto del citado precepto.”  Las normas autonómicas, al ampliar los sujetos que pueden acceder a la cobertura sanitaria, cambia los conceptos de asegurado y beneficiario que la estatal impone.

Conste que la tercera parte de los magistrados del Tribunal Constitucional no están de acuerdo con esa visión del juego de las competencias y sostienen que “el nivel mínimo homogéneo o nivel de suficiencia de las prestaciones sanitarias públicas, cuya fijación compete al Estado ex art. 149.1.16 CE, es susceptible de mejora si así lo deciden las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales. Al hacerlo así actúan en el espacio normativo que es propio de la competencia autonómica de desarrollo legislativo en materia de sanidad, sometida al principio de solidaridad y a la existencia de financiación propia, principios que condicionan, pero en modo alguno cercenan el principio de autonomía”.  Y estas dos visiones técnicas de como funciona el sistema de competencias son parte de las cuestiones que se deberían debatir entre todos, en lugar de escamotear el tema político y dejar en manos del Tribunal Constitucional interpretar lo que podría ser claro.

La consecuencia inmediata de esta sentencia es que, en esas comunidades autónomas (valenciana, vasca y navarra) los inmigrantes indocumentados mayores de edad quedan fuera de la cobertura universal y pasan, en su caso, a depender, para su asistencia sanitaria en el sistema público, de la suscripción y  pago de un convenio que ronda los 60 euros mensuales para los menores de 65 años y los 156 euros mensuales para los mayores de esa edad, sin que el convenio cubra la parte de prestación farmacéutica. El convenio sí lo gestiona cada comunidad autónoma en términos similares.

 

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