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La avaricia rompe el saco: el Supremo condena a varias empresas por blanqueo de capitales

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Consultorio Empresarial

El Tribunal Supremo en sentencia de 19 de julio, da respuesta a los recursos contra sentencia previa de la Audiencia Nacional, de 15 de julio, que condenaba a varias empresas por un delito de blanqueo de capitales.

El propulsor de los hechos organizó un entramado familiar y empresarial, entre 2008 y 2012, que giraba en torno a una empresa dedicada a la obra pública con actividad real y legal, pero mantenida con las inyecciones de dinero en efectivo procedentes del tráfico de drogas, para introducirlo en el circuito legal. Para ello, resulta imprescindible la ayuda de otros acusados para recuperar bienes y ponerlos a salvo, aun cuando el artífice de la trama ya se encontraba en prisión tras haber sido acusado de los hechos.

Con la misma finalidad, se adquirieron varias empresas con dificultades financieras y la asociación con otros empresarios que, aun conociendo la actividad ilícita, actuaron como colaboradores. También formaba parte del entramado, el uso que el artífice de los hechos hizo de sociedades con poca actividad o meramente patrimoniales para dar apariencia lícita a sus adquisiciones.

Por los hechos descritos, resultaron varios acusados con posiciones procesales similares e incluso idénticas en algunos casos, quienes disconformes con el fallo de la sentencia en instancia recurrieron las penas impuestas.

Los motivos que exponen y solicitan las partes recurrentes son:

1.- No habérseles concedido expresamente el derecho a la última palabra de la persona jurídica acusada cuando sus titulares también lo sean, regulado en el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECr). Es decir, la posibilidad de efectuar unas últimas alegaciones.

2.- La vulneración del derecho a un juez imparcial por integrar el Tribunal con magistrados que previamente habrían resuelto un recurso contra el procesamiento recaído en una causa diferente (por tráfico de drogas), pero estrechamente vinculada con la actual (sentencia de 29 de febrero).

3.-  La moderación de la pena de multa por corresponsabilidad del artículo 31 bis del CP, al resultar penadas la persona jurídica como las personas físicas titulares de aquélla.

La pena de multa ha de ser proporcional en los delitos de blanqueo de capitales, lo que quiere decir, que para fijar su cuantía habrá que tener en cuenta eventual participación plural para no multiplicar desproporcionadamente el total de la cuantía objeto de blanqueo.

De los anteriores, el único que prospera es el último por considerar el Tribunal Supremo que se impone una pena pecuniaria a las empresas condenadas como personas jurídicas pese a ser titularidad en toda o buena parte de los también condenados, repercutiendo en la cuantía de las multas (artículo 31 bis del CP), por lo que resulta obligatorio la rectificación de las penas pecuniarias impuestas en la sentencia de instancia.

No prosperaron todos los recursos. Alguno de los acusados (personas físicas), fueron absueltos al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito y otros, por su parte, fueron condenados incluso a penas de prisión.

Para la fijación de las penas de multa ha de tomarse en consideración que en el blanqueo de las cantidades que sirven de referencia para la fijación del monto de las multas intervienen en cada caso dos o más responsables, por lo que habrá de ponderarse para no fijar multas desproporcionadas a los hechos.

En el caso de las personas jurídicas la penalidad ha de ajustarse además a los criterios del artículo 66 bis del CP, de lo que resulta necesario reducir la pena de clausura de locales y establecimientos a dos años, ya que en el hecho probado no existen base para justificar mayor duración al amparo del artículo mencionado, con una cuota diaria de 100 euros para dos de las entidades y únicamente la clausura de locales y establecimientos por el mismo tiempo que a las anteriores impuesta a tres de las empresas.

Para el resto de entidades se mantienen los pronunciamientos de la sentencia de instancia, salvo que resulten contradictorios con la presente sentencia.

A modo de conclusión, el Supremo en esta sentencia analiza y repasa los elementos necesarios para que surja la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para los casos que la empresa cumpla con lo establecido en el artículo 31 bis CP:

  • Que los administradores y directivos actuando en representación de la empresa hayan llevado a cabo una de las actividades del artículo 301 CP e imposición de las penas del artículo 302
  • Provecho o beneficio directo para la sociedad, ya que uno de los acusados realizó sucesivas inyecciones de dinero a la empresa para la introducción de ganancias provenientes del tráfico de drogas al circuito económico lícito enmascarada en la adquisición de vehículos y maquinaria para la sociedad.
  • La empresa carecía de un sistema efectivo de control para la anulación o disminución del riesgo de comisión del delito en el seno de la misma. Ahora bien, sería contradictorio que la quienes controlan la persona jurídica a la que utilizan para canalizar su actividad delictiva hayan implantado medidas para prevenir sus propósitos y planes.

 

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