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El ruido y la furia …. de los vecinos

El ruido y la furia …. de los vecinos
Vivienda

Dice un aforismo latino que “quod natura non dat, Salmantica non presta”, que en latín evolucionado a castellano viene a ser que por bueno que sea el centro educativo, si no tienes aptitud y actitud para el estudio poco rendimiento vas a sacar como estudiante.

Con las normas de convivencia en las comunidades de propietarios pasa algo parecido. Por mucho que uno ponga en blanco sobre negro un detallado reglamento de régimen interno en el que se prohíba subir al perro en el ascensor, tirar colillas a la terraza del primero, sacudir los manteles por las ventanas, o taconear a las 6 de la mañana, no hay policía en el país que vaya a detener al infractor, ni a multarlo, ni siquiera a llamarle sutilmente la atención. Cuando a uno le toca un vecino con un concepto alternativo (y generalmente egocéntrico) de convivencia y educación pocas armas le ofrece la ley para hacer que el vecino – ya sea propietario o inquilino- deponga su actitud. Además, en general, se suele convertir en un asunto entre sufridor y atacante, con un grupo de no afectados que prefieren vivir tranquilos y contemporizan con ambos. Hasta que les toque a ellos, naturalmente. Pero que estén en el reglamento de régimen interno, aunque sean conductas poco cívicas obvias, facilita las cosas para llegar a la acción de cesación.

En el ámbito de la propiedad horizontal, defenderse del incivismo y la falta de empatía con el entorno no recae sobre la administración pública, ni siquiera sobre el administrador contratado, recae sobre aquel/aquellos que la sufren, que deben requerir a las huestes de la comunidad para que los auxilien invocando el artículo 7.2 de la ley de propiedad horizontal. Este articulo establece que “Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.” .

¿Qué pasa si algún propietario/ocupante ignora el tema y sigue ensayando sin éxito ni evolución sus solos de violín a las 8 de la mañana de los sábados durante 6 interminables horas con desprecio absoluto de los turnos del panadero que vive en el piso de abajo y el descanso de todos los demás? ¿O si decide alquilar el piso a un grupo de jornaleras del placer que desarrollan su trabajo en la vivienda comunitaria con cierto trasiego de personas a altas horas de la madrugada?  Pues  el presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, debe requerir a que cese en tal costumbre o actividad bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. Generalmente es el administrador quien, con el visto bueno del presidente, envía una carta para que conste tal apercibimiento.

Si el infractor persiste en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación. Esto es, la junta decide si demandar al vecino o no (se demanda siempre al propietario y, de ser el caso, también contra el inquilino de costumbres incívicas).

A la demanda se acompaña “la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios”. Se pueden pedir medidas cautelares al juez para que cese de forma inmediata “la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia”. Si la sentencia declara que la actividad/comportamiento es intolerable para la convivencia pactada en la comunidad podrá , “además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento”. Ahora bien, esto es un juicio civil, quién alega que la actividad se realiza y le molesta debe probarlo fehacientemente.  Y eso puede no ser tan sencillo.

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