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El procedimiento de expulsión (I)

Extranjería

Aunque la administración no parece apreciarlo, el tipo sancionador básico por no tener documentación en regla es la multa. Jurídicamente es lógico siguiendo la teoría de la proporcionalidad de la sanción en el ámbito administrativo, ya que lo que se analiza es un problema de haber obtenido o no un permiso necesario, y la orden de expulsión supone restricciones muy serias a la libertad de movimiento y de establecimiento. Expulsar no conlleva sólo dejar España, supone también, salvo muy raras excepciones, la imposibilidad de regresar al país durante años (entre 5 y 10).

El artículo 241 del reglamento de la ley de extranjería establece la revocación automática de las órdenes de expulsión cuando se haga una solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales y se cumplan los requisitos para obtenerla. Esto supone que el legislador reconoce que una enorme cantidad de órdenes de expulsión no llegan a ser ejecutadas nunca. Es fácil entender por qué: el extranjero sancionado sabe que lo peor que le puede pasar es tener que regresar a su país sin poder regresar a España, que es exactamente lo que le invitan a hacer si cumple con la orden voluntariamente. Por tanto es excepcional cumplir con la orden voluntariamente y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no tienen medios suficientes para perseguir con denuedo extranjeros cuando el único motivo para perseguirlos es que no tiene la documentación en regla.

El procedimiento sancionador en materia de extranjería es de naturaleza administrativa. Debe respetar una serie de principios, garantías y derechos básicos: tipicidad (sólo se puede sancionar una conducta previamente descrita como sancionable), garantía del procedimiento, garantía de imparcialidad (el órgano que instruye no es el mismo que sanciona), derecho a conocer los términos exactos de la conducta que se le imputa, a ser informado de las características del proceso, a presentar alegaciones… y a que al final de la instrucción del procedimiento se tomen todas las manifestaciones efectuadas en cuenta para que se fije, en su caso, de forma proporcional la sanción que corresponde dentro de las que el ordenamiento jurídico tenga recogidas.

Pero la Administración no siempre muestra su mejor cara de cumplimiento de la ley en el procedimiento sancionador en materia de extranjería. Las delegaciones del gobierno tienen un volumen importante de pelitos en esta materia, a pesar de que muchos extranjeros optan por no recurrir, bien esperando cumplir los criterios para el permiso por circunstancias excepcionales, bien porque en realidad no tienen mucho que alegar.

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