Cerrar

El papel del Fondo de Garantía Salarial como última instancia en el cobro de deudas salariales

Laboral

El Fondo de Garantía Salarial es una institución dependiente del Ministerio de Empleo que responde sobre el abono a los/las trabajadores/as por cuenta ajena de salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no les han pagado al encontrarse en situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso (artículo 33.1 del Estatuto de los Trabajadores). El FOGASA asume como máximo para cada trabajador 150 días de salarios y siempre que no supongan más de 11.202 euros; y un máximo en indemnización por despido 27.258,20 euros, máximo que sólo se alcanza en determinadas circunstancias y tomando para el despido improcedente una base de cálculo de 30 días (ni 33 ni 45). El FOGASA se nutre del 0,40% de las cotizaciones sociales de los trabajadores por cuenta ajena, cotización a cargo del empresario.

Una vez abonadas las prestaciones el Fondo de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente, en la medida que haya pagado, en los derechos y acciones de los/las trabajadores/as para proceder en reclamación y repetición frente a los/las empleadores/as que adeudan.

Hasta el 13 de febrero, el FOGASA tenía atribuida una indemnización de pago directo del 40% de la indemnización por despido establecida como legal de los trabajadores de las empresas de menos de 25 trabajadores en extinciones objetivas o colectivas (obligación para todos los contratos excepto los indefinidos suscritos después del 18 de junio de 2010). Este abono era independiente de que la empresa realmente cumpliese con el otro 60% o fuese solvente o insolvente. Para solicitarlo sólo había que demostrar haber sido despedido por causas objetivas, trabajar en una empresa de menos de 25 trabajadores y no haber cobrado ya de la empresa (que de abonar el 100% de la indemnización tenía derecho a recuperar ese 40%). El abono de la cantidad se estaba demorando entre seis meses y un año.

Desde el 13 de febrero, el pago directo del FOGASA consiste en resarcir a la empresa de una parte de la indemnización que esta haya abonado, indemnización equivalente a 8 días de salario por año de servicio, en caso de despido objetivo o colectivo, siempre que se trate de un contrato indefinido. Esto es, la empresa que pague la totalidad de la cantidad que corresponde por la indemnización después puede solicitar que se le devuelva el equivalente a 8 días por año (sin límite de salario día) del FOGASA. Con lo que el coste del despido por causas objetivas es de 12 días por año trabajado en esas empresas, no de 20.

Para el caso de que el trabajador no tenga la suerte de que se le abone la cantidad correspondiente a su despido -sea improcedente, objetivo o colectivo, sea en una empresa grande o pequeña-, si quiere que el FOGASA cubra parte de sus pérdidas debe demandar a la empresa (o ser incluido en el concurso si la empresa está en esa fase), ya que la insolvencia no puede ser demostrada más que por auto judicial o declaración de concurso. Por muy quebrada que esté la empresa, el asunto debe pasar siempre por el juzgado. Obtener la cantidad que el FOGASA cubra es un proceso que puede demorarse en torno a los 24 meses, dependiendo de la agilidad de los juzgados, ya que a la declaración de insolvencia se llega tras una sentencia firme que pasa por un proceso de ejecución que después de buscar bienes de la empresa para embargar determina que del empresario o la empresa no queda nada de contenido económico. En ocasiones es peor encontrar bienes, que deben entrar en un proceso de subasta, por el que hay que pasar aunque nadie acuda a ella (pensemos en subastas de maquinaría obsoleta, vehículos industriales con más de 200.000 kilómetros, equipos ofimáticos de más de diez años…) para poder alcanzar el inicio de la solicitud de prestaciones al FOGASA.

La reforma deja, pues, una margen de respiro financiero al FOGASA que verá reclamaciones que no se llevan adelante por ser los plazos y las exigencias disuasorias, y plazos dilatados que le permitan reponerse con las cotizaciones de la población activa. Como todo seguro, se capitaliza con las aportaciones de quién no lo usa. La reforma deja en consecuencia al trabajador la carga total de reclamar a la empresa y la de soportar una dilación importante antes de poder recibir prestación alguna.

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , Garantía profesional.

©Todos los derechos reservados. Los contenidos de esta web son propiedad exclusiva de SIGA 98, S.A. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial.