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El fin de la incapacitación

Civil

El pasado 3 de septiembre entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (en adelante Ley 8/2021, de 2 de junio). Esta norma, publicada en el BOE desde el 3 de junio de 2021, supone la modificación de hasta ocho leyes, con lo que para contar con tiempo suficiente para afrontar los cambios introducidos se estableció este periodo de transitoriedad de tres meses. Pero ¿sabemos la implicación que ha supuesto esta norma en cuanto a la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad?

Recuperando la autonomía individual

Como sabemos en la regulación anterior estábamos ante un sistema de extremos, en el que se consideraba que si una persona tenía una enfermedad física, psíquica o sensorial que afectaba a su capacidad, había que iniciar un procedimiento de incapacitación o de modificación de la capacidad de ésta y en consecuencia se procedía a sustituir total o parcialmente a la persona con discapacidad por otra persona a quien se le consideraba plenamente capaz, como por ejemplo un tutor. En este sistema, se dejaba a un lado la autonomía individual de la persona y el tutor era quien realizaba todos los actos que concernían a la persona con discapacidad, y por norma general se ejecutaban sin tener en cuenta la propia voluntad de la persona con discapacidad.

Aquella regulación, entre otras cosas, suponía el mantenimiento de una situación de discriminación hacia las personas con discapacidad que nos apartaba de la consecución de la igualdad real y efectiva de todos los individuos.

La nueva regulación supone un cambio radical, una ruptura de ese sistema “paternalista”, y un avance hacia esa igualdad de todos los individuos y no discriminación; se dignifica a las personas con discapacidad mediante el reconocimiento de su plena capacidad jurídica (se reconoce expresamente que la capacidad es algo inherente a la condición de persona humana) y ha supuesto el establecimiento de un sistema de “medidas de apoyo” a estas personas, en virtud del cual pueden tomar libremente y por sí mismas decisiones sobre todos los aspectos de su vida (desde cuestiones patrimoniales, personales hasta vicisitudes de su vida ordinaria).

A partir de ahora las personas con discapacidad no se verán sometidas a un procedimiento de incapacitación judicial (que ha sido) si no que serán ellas mismas quienes, a través de las medidas de apoyo, previstas en la nueva regulación, designen a quién o a quiénes deben, a su vez, prestarle apoyo ante una situación de merma o falta de capacidad, y con qué alcance. Además, como dispone la propia norma, podrá beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que las precise, con independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido algún reconocimiento administrativo.

Pero la norma no se limita a prever este sistema para las personas con una discapacidad si no que extiende el establecimiento de medidas de apoyo para aquellas personas (mayores de edad o menores emancipados) que en previsión o apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarles el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, podrá prever o acordar mediante escritura pública las medidas de apoyo sobre su persona o sus bienes.

En último lugar, desde esta nueva perspectiva, se configuran como instituciones protectoras de las personas con discapacidad: la curatela y la guarda de hecho, que serán los mecanismos idóneos para la concesión de apoyos a las personas con discapacidad.

En conclusión, aunque este nuevo sistema ha supuesto el reconocimiento del pleno desarrollo de la personalidad del individuo y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad -sin que las medidas complementarias supongan,  a priori, la sustitución de la propia voluntad de la persona con discapacidad-  tendremos que esperar a ver se traduce en la materialización del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, como el respeto de su dignidad inherente.

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