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El encadenamiento de los contratos temporales

Laboral

El hábito de huir de la contratación fija y sus costes indemnizatorios, tendiendo los empresarios a la contratación temporal, ha creado la forma de relaciones laborales que los expertos denominan “dualidad del mercado de trabajo español”: por un lado, los trabajadores indefinidos, y por otro, los temporales; dos grupos con teóricamente los mismos derechos (excepto el de indemnización por fin de contrato) pero con muy distintas expectativas.

En realidad, el contrato de trabajo temporal está muy limitado, ya que deben de concurrir unas causas muy concretas para que se pueda formalizar. La mayor parte de los contratos temporales que se llevan a los tribunales son considerados fraudulentos no tanto por su condición de prestación de servicio continuada -que se compadece mal con un servicio “temporal”-, como por no adecuarse al objeto de la contratación.

En las diversas reformas del Estatuto de los Trabajadores -vamos por la 58- se ha intentado abordar este asunto para clarificar el panorama de la contratación, con escaso éxito: el empresario español medio huye del hipotético coste de despedir, y considera que el trabajador rinde más si tiene siempre encima la amenaza de que se puede prescindir de sus servicios. Por mucho que el asesor le advierta que no puede hacer un contrato por acumulación de tareas para cubrir la actividad normal de la empresa, el empresario tiene su propio enfoque: de cada 20 contratos temporales en fraude de ley que haga, sólo 5 llevarán a una reclamación del trabajador, por lo que se ha ahorrado 15 indemnizaciones por despido. Lo más triste es que este razonamiento lo hará cuando contrata, pero lo olvidará cuando el trabajador reclame… y la culpa será de que no le avisaron en la gestoría. La desaparición de los salarios de trámite probablemente aumentará esta tendencia, ya que el riesgo empresarial en la reclamación por despido es muchísimo menor. No se volverán a dar situaciones en las que la empresa pague más de salarios de trámite que de indemnización por despido.

La reforma laboral de 2010 introdujo una cláusula reguladora con el objetivo de limitar estos usos, vinculando un concreto de plazo temporal a la conversión de todo contrato de duración determinada (excepto los de obra o servicio que tienen su propio límite de 36 a 48 meses según convenio) en indefinido: “(…)los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos (…)” (artículo 15.5 del E.T.). Sin embargo, en agosto de 2011 fue suspendida su aplicación hasta el 30 de agosto de 2013. La reforma actual recupera la cláusula pero, de momento, aplaza su aplicación hasta el 1/01/2013 y no se aclara si el cómputo se iniciará para las contrataciones temporales que se realicen desde entonces o si afectará a las ya en marcha.

A esto se une la vigencia intocada de la disposición transitoria decimotercera del Estatuto de los Trabajadores que establece la indemnización por finalización de contrato temporal, que se aumentará de modo gradual: para este año serán nueve días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2012; diez días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2013; once días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2014; y doce días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2015. Si esto se pone en relación con la rebaja en la indemnización de despido en los contratos indefinidos, se acorta la distancia indemnizatoria entre fijos y temporales.

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