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El ejercicio desleal del derecho

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Vivienda

La jurisprudencia considera que se produce ejercicio desleal del derecho, cuando alguien reclama su derecho tan tardíamente que aunque lo haga dentro del plazo de prescripción o caducidad, esa tardanza haya hecho concebir en el deudor el convencimiento de que ese derecho no iba a ser ejercido.

Se fundamenta en el principio de buena fe recogido en el artículo 7.1 del Código Civil: “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, que puede ser contravenido por un ejercicio tardío”.

Sin embargo hay que subrayar que el mero transcurso del tiempo no implica por si solo ese quebrantamiento del principio de buena fe por parte del acreedor.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, 2 de marzo de 2017, puntualiza los requisitos necesarios para que prospere la alegación de esa infracción de la buena fe contractual.

En el supuesto estudiado, el Tribunal Supremo considera que no puede apreciarse ejercicio desleal del derecho, aunque sea tardío, en el acreedor que reclama el pago de un crédito hipotecario, mediante la ejecución hipotecaria del mismo, transcurridos 23 años desde que se produjo el vencimiento del primer pago no atendido.

El Supremo estima la alegación del acreedor al recurrir la sentencia de la Audiencia de haber sido apreciada indebidamente la aplicación de la doctrina del retraso desleal al basar su decisión en el mero transcurso del tiempo unido a la falta de ejercicio del derecho. Por lo que ha ignorado que la doctrina jurisprudencial exige, además, que la conducta sea desleal; de forma que cree una confianza en el deudor de que el titular del derecho no va a reclamarlo.

Considera el Tribunal Supremo que la aplicación de la doctrina jurisprudencial del retraso desleal o verwirkung, como plasmación de un acto típico de ejercicio extralimitado del derecho subjetivo que supone una contravención del principio de la buena fe (artículo 7.1 del Código Civil), requiere de la concurrencia de diversos presupuestos. Así, en el plano funcional, su aplicación debe operar necesariamente antes del término del plazo prescriptivo de la acción de que se trate.

En el plano de su fundamentación, su aplicación requiere, aparte de una consustancial omisión del ejercicio del derecho y de una inactividad o transcurso dilatado de un periodo de tiempo, de una objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del derecho de crédito. Confianza o apariencia de derecho que debe surgir, también necesariamente, de actos propios del acreedor.

En el presente caso, de los hechos acreditados en la instancia, se desprende que falta la concurrencia del presupuesto del ejercicio desleal de la reclamación del crédito por parte del acreedor. Pues, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, y en contra del criterio seguido por la sentencia recurrida, la mera inactividad o el transcurso dilatado de un periodo de tiempo en la reclamación del crédito no comporta, por sí solo, un acto propio del acreedor que cree, objetivamente, una razonable confianza en el deudor acerca de la no reclamación del derecho de crédito.

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