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El devenir en la obligación de pago del impuesto de las hipotecas

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A la pregunta, ¿quién paga el impuesto sobre actos jurídicos documentados de la escritura pública de constitución de préstamo con garantía hipotecaria?, en los últimos días podría haber tenido distintas respuestas, atendiendo al día exacto en que se formulara.

Cualquiera de los lectores sabrá que lo anterior, no se trata de una broma de mal gusto por mi parte, ya que los últimos días han sido un caos en cuanto al sujeto pasivo del impuesto de las hipotecas, o lo que es lo mismo, sobre el criterio firme de quien está obligado a su pago. Como si de un partido de tenis se tratara, en el que `ayer´ le tocaba al banco el pago del impuesto y `hoy´ al cliente, es importante destacar las siguientes fechas:

1.- El 16 de octubre de 2018, se destapó la caja de pandora con una sentencia del Tribunal Supremo que fallaba a favor del cliente, en la que establecía que quien debía abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados, en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria, era la entidad prestamista y no quien recibía el préstamo.

Justificaba el Alto Tribunal el cambio de criterio en que el negocio es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción es el prestamista, para poder ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva de la hipoteca.

En la misma línea de lo anterior, siguieron las sentencias de 22 y 23 de octubre.

¿Quién paga el impuesto sobre actos jurídicos documentados de la escritura pública de constitución de préstamo con garantía hipotecaria?

2.- El cambio de criterio apenas duró 24 horas, ya que el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo convocó el pleno el 19 de octubre, día siguiente de la publicación de la sentencia, para decidir si se confirmaba o no el giro jurisprudencial que iba en contra del sistema financiero.

 3.- Prevista la decisión para el 5 de noviembre, esta se demoró un día más y tras dos jornadas de deliberaciones a última hora del día 6 de noviembre, con una diferencia de dos votos (15 frente a 13), el Supremo decidía que era el prestatario de la hipoteca y no la entidad bancaria quien debía pagar el impuesto de las hipotecas.

 4.- De nuevo en la casilla de salida, “el cliente paga”, fueron numerosas las reacciones y pronunciamientos y en el BOE del día 9 de noviembre se publicó, con carácter urgente, el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, que modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que carga a la entidad bancaria la obligación de pago del impuesto de actos jurídicos documentados por la inscripción de una hipoteca, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo en sentencias 1505/2018 de 16 de octubre, 1523/2018 de 22 de octubre y 1531/2018 de 23 de octubre. Y modifica los artículos 29 y 45 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

La rápida reacción del Gobierno fue por el gran revuelo social e inseguridad jurídica que generó el devenir de decisiones de nuestro Alto Tribunal en tan poco margen de fechas, sobre quien estaba obligado al pago del impuesto sobre las hipotecas, y consideró necesario abordar con urgente y extraordinaria necesidad el asunto. La urgente publicación del Real Decreto-ley se hizo al amparo del artículo 86.1 de la Constitución Española, con la intención de garantizar a los ciudadanos, entre otros, sus derechos como consumidores.

Así pues, a la pregunta ¿quién paga el impuesto sobre actos jurídicos documentados de la escritura pública de constitución de préstamo con garantía hipotecaria?, responde el Real Decreto-ley, que desde el pasado sábado día 10 de noviembre, son los bancos quienes asuman el pago del impuesto de las hipotecas, por el importe que corresponda según la comunidad autónoma.

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