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Cuando se trabaja temporalmente para la justicia

Cuando se trabaja temporalmente para la justicia
Laboral

En estos días se acumula el trabajo de opinólogos variados sobre lo mal que está el país y lo poco que de justa tiene la justicia y tal. Convengamos en que vivimos en una época de excepcional trasiego judicial de personas que han acumulado poder y prebendas que, por lo que parece, no supieron administrar.

Y no se puede pretender (ni siquiera desear) de los jueces que distribuyan castigos ejemplarizantes, ya que su tarea es emitir veredictos ajustados a la ley. Las leyes emanan del poder legislativo el que elegimos los ciudadanos, si la ley arroja resultados indeseados, el mal diseño es del legislador.

Apuntado todo esto, lo curioso es que cuando los ciudadanos son convocados para auxiliar a los jueces y al proceso, bien sea como jurado, bien sea como testigos, es frecuente que busquen cualquier excusa para no atender al llamamiento, ya sea por dificultades logísticas vitales que les parecen insuperables, ya sea porque prefieren no meterse en follones, ya sea porque creen que encontrarán dificultades en el trabajo para poder acudir a la cita.

Una de las preguntas frecuentes de empresarios y trabajadores es quién se hace cargo del coste del tiempo que se pierde en el juzgado. Merece la pena aclarar algunos puntos:

  1. El tiempo que se pasa en el juzgado como testigo o jurado no es tiempo perdido. Es un deber público e inexcusable, como el de votar o ser parte de una mesa electoral.
  1. En cuanto deber público e inexcusable la no asistencia al trabajo es uno de los supuestos que el Estatuto de los Trabajadores considera como un permiso retribuido. La empresa debe permitir acudir y pagar igualmente, el único descuento que se puede realizar es en función de la indemnización que pueda llegar a percibir el trabajador por cumplir con ese deber.
  1. Ahora bien, el tiempo del que se puede disponer es el indispensable, y debe estar debidamente justificado. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. Si cumplir ese deber hace imposible la prestación de servicios en más del 20 % de las horas laborables en un periodo de tres meses (siendo jurado es muy común), la empresa puede pasar al trabajador a la situación de excedencia forzosa. Y, en ese caso, deja de pagar y cotizar.

Los testigos tienen, al menos en el papel de la ley, derecho a ser indemnizados por quien los propone, con una indemnización que se deja a criterio del secretario judicial. Los que forman parte de un jurado popular cobran un mínimo de 67 euros diarios, y tienen cubiertos los costes de desplazamiento y manutención. Y es un coste que pagamos entre todos, porque a todos nos gustaría que, llegado el caso de vernos ante un juzgado, nadie tenga dificultades para testificar o ser jurado.

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