Cerrar

Cuando la pareja se rompe y uno de los cónyuges no es comunitario

Extranjería

En la anterior entrada de este blog hicimos un esbozo de los cambios que la legislación ha introducido en el régimen comunitario, endureciendo los requisitos para mantener el derecho de residencia. Muchos de esos casos son unidades familiares que permanecen unidas pero no podrían quedarse en España por motivos económicos. Todavía más frecuente es el caso en el que lo que no se mantiene es la misma pareja y la quiebra del vínculo repercute de forma directa en el permiso.

El permiso de residencia de familiar de ciudadano comunitario, como su propio nombre indica, se obtiene por ser determinante en el régimen jurídico de aplicación el parentesco con el ciudadano comunitario. Hay parentescos inamovibles, como el que proviene de la filiación (ya sea biológica o adoptiva, los llamados consanguíneos en línea recta) y otros parentescos más fáciles de quebrar como la condición de cónyuge (y de familia por afinidad).

Con el fin del matrimonio llega el fin de la condición de familiar, lo que puede llegar a suponer un cambio de régimen jurídico aplicable tanto para el cónyuge extra comunitario como para sus familiares que no lo sean de sangre con su excónyuge (hijos no comunes y padres). Aunque el permiso de residencia concedido esté en vigor, las condiciones en las que se concedió no subsisten, por lo que, como en cualquier otra autorización administrativa, es preciso informar al Estado del cambio de circunstancias.

Si se trata de una ruptura del vínculo por fallecimiento del ciudadano de la UE, se mantendrá el derecho de residencia cuando el/la viudo/a haya convivido en España, como miembro de la familia, antes de ese fallecimiento.

Si se trata de nulidad, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada, el cónyuge podrá mantener su condición de residente comunitario si se encuentra en una de las siguientes situaciones:

1) Duración de tres años del matrimonio o situación de pareja registrada, hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad o divorcio o de la cancelación de inscripción. De esos tres años uno debe de haber sido de convivencia en España.

2) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial de la custodia de los hijos comunes al ciudadano extracomunitario.

3) Circunstancias acreditables especialmente difíciles como haber sido víctima de violencia de género, haber sido sometido por el cónyuge o pareja a trata de seres humanos durante el tiempo en el que persistía el vínculo.

4) Resolución judicial o acuerdo en el que se conceda derecho de visitas al hijo menor común residente en España por parte del excónyuge o expareja.

Si no se dan ninguna de estas circunstancias, para continuar residiendo legalmente en España el extranjero deberá obtener una autorización de residencia o residencia y trabajo (y cumplir los requisitos para ello excepto la obtención de visado), presentando la correspondiente solicitud en el plazo de tres meses desde el día en que se produce el hecho que motiva la extinción del derecho de residencia en el régimen comunitario, lo que está regulado expresamente en el artículo 200.3 del RD 557/2011. No presentarlo en plazo puede conllevar una sanción. El hecho de que el divorcio, nulidad o cancelación conste en un registro público no es suficiente para que la administración se dé por enterada, ya que son registros que dependen de departamentos (e incluso de administraciones) diferentes, que no están conectados.

Hay que recordar que la disposición adicional vigésima deja fuera de toda duda que la normativa del régimen comunitario es la aplicable a miembros de la familia de ciudadano español que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , Garantía profesional.

©Todos los derechos reservados. Los contenidos de esta web son propiedad exclusiva de SIGA 98, S.A. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial.