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Comentario sobre la reforma laboral (I)

Laboral

La reforma laboral es indudablemente controvertida y resulta difícil evaluar la dimensión de su repercusión futura en el Derecho del Trabajo que hemos venido utilizando durante los últimos 20 años. Próximos ya a su ratificación por el poder legislativo, hemos pedido una reflexión de conjunto a un magistrado de lo social, en su condición de profundo conocedor de la norma, investido con la potestad de interpretarla, contextualizarla en cada caso concreto con respecto a nuestro ordenamiento jurídico… y que va a aplicarla a diario. Es una reflexión extensa, que hemos creído prudente dividir y dedicarle las dos entradas del blog de esta semana.

Comentario sobre la reforma laboral (I)

Resulta complicado no aproximarse a la reforma laboral operada por R.D. Ley 3/12 sin hacer alguna reflexión de tipo político o de oportunidad, comentarios que van desde la timidez de la misma, que para algunos se ha quedado corta, a manifestar que constituye el mayor ataque a los derechos de los trabajadores y al escenario de relaciones laborales vigente en este país.

Mi intención es profundizar en aquellos aspectos que atañen más a la función de los profesionales en el marco de un conflicto a la hora de defenderlo y de los jueces para decidirlo, sobre todo si nos enfrentamos a las decisiones que más afectan a los trabajadores, tales como la modificación de sus condiciones de trabajo o la extinción de sus contratos, siendo inevitable, en cualquier caso, alguna consideración que exceda de lo técnico para hacer referencia a la función institucional que se nos ha venido reservando. Y todo ello en un contexto muy definido como es el de la flexibilidad interna y externa. Por esto es oportuno tratar de definir estos conceptos tan en boga con ocasión de la reforma, remitiéndome para ello, no a estudios especializados, sino al contenido de diferentes pronunciamientos judiciales, citando a tal efecto la sentencia del T.S. de 16 de mayo de 2011 que resume planteamientos de tipo económico y orientación legislativa ante determinadas situaciones, afirmando que la razón sustantiva de un tratamiento legal diferente de las decisiones modificativas y extintivas radica en que los intereses en juego no son los mismos cuando la decisión empresarial supone la pérdida del empleo (“flexibilidad externa” o “adaptación de la plantilla”) que cuando significa un mero cambio en el modo o en las circunstancias de ejecución del trabajo (“flexibilidad interna” o “adaptación de condiciones de trabajo”).

La distinta valoración o ponderación de estos intereses explica que la facultad de gestionar con flexibilidad interna la organización del trabajo, que es manifestación de la libertad de empresa y de la defensa de la productividad reconocidas en el artículo 38 de la Constitución, se atribuya al empresario con márgenes más holgados que la facultad de flexibilidad externa o de reestructuración de la plantilla, la cual ha de encontrar un punto adecuado de equilibrio entre la esa libertad y el derecho al trabajo de los trabajadores despedidos reconocido en el artículo 35 del propio texto constitucional.

Así, el criterio legal para valorar la justificación de las modificaciones sustanciales no coincidía con el establecido para las extinciones de contrato de carácter colectivo o individual por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, teniendo un alcance más amplio y flexible, lo que guarda relación con el diferente efecto de la decisión empresarial, de tal manera que en el caso de las causas económicas, la justificación de la medida no se vincula a la superación de situaciones económicas negativas de la empresa. De ahí que no sea necesario que la empresa tenga pérdidas, por lo que puede acordarse aunque el balance económico sea positivo o no exista peligro alguno sobre su futura viabilidad.

Si las causas son técnicas, organizativas o de producción no es necesario que la empresa atraviese por una situación organizativa o productiva problemática, sino que basta con que la medida en cuestión sea razonable desde la perspectiva de una buena gestión empresarial, partiendo de la base, como presunción derivada de la lógica y de la experiencia, de que el empresario actúa siempre en defensa e interés de la mercantil que gestiona, articulando el legislador esta facultad como un instrumento destinado a conseguir una mayor adecuación de la empresa a las necesidades del mercado, de manera que permita una mejor optimización de sus recursos productivos para dar respuesta a las exigencias necesarias para mantener o aumentar los niveles de competitividad y rentabilidad empresariales. Es por esto que sería suficiente con que la medida redunde en una mayor eficiencia y más adecuado rendimiento de la organización empresarial.

Los artículos 51 y 52.c. del propio E.T. para el despido colectivo y para el despido objetivo por necesidades de la empresa establecían una referencia mucho más estricta y limitada para considerar razonables las causas de estos dos supuestos legales de despidos económicos, imponiendo de manera expresa que las respectivas decisiones empresariales de despedir contribuyan a objetivos más exigentes; a saber, bien a “superar una situación económica negativa de la empresa” (artículo 51, para las causas económicas en sentido estricto de los despidos colectivos), bien a “garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma” (artículo 51, para las causas técnicas, organizativas y de producción de los despidos colectivos), bien a la “superación de situaciones económicas negativas” (artículo 52.c., para las causas económicas en sentido estricto de los despidos objetivos por necesidades de la empresa), bien a “superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa” (artículo 52.c., para las causas técnicas, organizativas y de producción de los despidos objetivos por necesidades de la empresa). La redacción sucesiva de estos preceptos y la homologación de los presupuestos para adoptar cualesquiera de estas decisiones nos permite mantener que la anterior doctrina ha sido superada por el legislador, con lo que ello supone de autentica transformación del modelo empresarial y también de relaciones entre los sujetos del contrato, existente hasta ahora.

Además, y en lo que aquí me interesa subrayar, esta opción -entiendo que absolutamente reflexiva y elaborada- parece haber acogido las quejas de algunos sectores que venían atribuyendo a los jueces de lo social cierta responsabilidad en la situación empresarial, al mantener que esa rigidez del mercado tiene también su explicación en el gran número de sentencias estimatorias de las pretensiones de despido, no dejando de subyacer en este planteamiento una desconfianza hacia los tribunales de este orden.

Fernando Cabezas Lefler. Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Nº3 de Pontevedra

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