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¡Basta ya!

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Espacio Tributario

En el estado de derecho y sociedad democrática pocas cosas irritan tanto como contemplar a un poder público orillar una y otra vez a la ley.

Este es el caso de las administraciones tributarias autonómicas que, erre que erre, reiteran sucesivas liquidaciones por el ITP con fundamento en comprobaciones de valor sin motivación por genéricas, abstractas, sin particularizar ni visitar los bienes objeto de valoración. Y cuando vuelven a la carga, repitiendo a menudo el defecto originario, incurren en una nueva ilegalidad: no respetar el plazo para efectuar la retroacción de actuaciones.

El Tribunal Económico Administrativo Central ha salido al paso de este proceder declarando la caducidad de los procedimientos de comprobación por exceder el plazo que restaba para completar los seis meses de duración máxima de los procedimientos de gestión, contados desde el instante en el que se produjo el defecto formal que hubiere viciado el procedimiento.

La retroacción de actuaciones supone situar éstas en el “momento en que se produjo el defecto formal”, tal como dispone el artículo 239.3 de la LGT, lo que implica volver al mismo procedimiento inicial para desarrollarlo y concluirlo en debida forma. Consecuentemente, si el efecto propio de la retroacción es situar el procedimiento de que se trate en el mismo momento en que se cometió el vicio que la motiva, las actuaciones a realizar deben finalizar en el plazo que restase de aquel procedimiento. Deberán tenerse en cuenta, además, las disposiciones del artículo 66 del RGRVA.

Por lo tanto, en los casos de resoluciones económico-administrativas que estiman en parte, sin entrar a conocer del fondo del asunto y sin ordenar la práctica de otra liquidación en sustitución de la que se anula, acordando la retroacción de actuaciones, el órgano de aplicación de los tributos debe, en primer lugar, dictar y notificar los actos de ejecución de la resolución del recurso o reclamación económico-administrativa -actos que se circunscriben a anular la liquidación impugnada, a ordenar la retroacción, a devolver las garantías o importes ingresados y a anular, si existen, los actos posteriores que traigan su causa del anulado- en el plazo máximo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su ejecución. Y una vez que se ha procedido así, el procedimiento reabierto por la orden de retroacción dada por la resolución, debe continuar hasta su terminación (esto es, hasta la notificación de la liquidación), disponiendo para ello el órgano de aplicación de los tributos del plazo que restase del procedimiento cuya liquidación se anula, que es el resultante de deducir del plazo máximo legal de duración del procedimiento el tiempo transcurrido hasta el momento al que se retrotrae el procedimiento, que es el momento en que se cometió el vicio.

El punto de partida del TEAC (Resoluciones de la vocalía novena de 27/10/2014 y 12/3/2015) parte de lo afirmado por la STS de 9/12/2013 (Rec. Nº 4494/2012): “tratándose de resoluciones administrativas o judiciales estimatorias relativas a una liquidación, cabiendo la posibilidad de que se dicte una segunda liquidación, pueden distinguirse los siguientes supuestos:

1.- Resoluciones administrativas o judiciales estimatorias en parte por razones sustantivas que anulan una liquidación y que ordenan la práctica de otra en sustitución de aquélla. En estos casos, se confirma la regularización practicada si bien se corrige una parte de su importe, por lo que estas resoluciones estimatorias parciales formalmente obligan, en ejecución de dicha sentencia o resolución, a la anulación del acto impugnado y a la práctica de otro en sustitución de aquel que deberá dictarse de acuerdo con los criterios expresados por el órgano de revisión en su resolución.

 2.- Resoluciones administrativas o judiciales que estiman totalmente un recurso o reclamación, bien por razones sustantivas bien por razones de procedimiento, subsistiendo la posibilidad de que en su caso la Administración vuelva a liquidar, pero iniciando siempre un nuevo procedimiento y con determinadas limitaciones, pues la facultad de la Administración de volver a liquidar no es absoluta, como serían las impuestas por la prescripción y por la interdicción de incurrir en el mismo error. En este sentido, baste citar, por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2014 (Rec. nº 1014/2013).

En estos casos, la ejecución se circunscribe a la anulación del acto recurrido.

3.- Resoluciones administrativas o judiciales que estiman en parte, sin entrar a conocer del fondo del asunto y sin ordenar la práctica de otra liquidación en sustitución de la que se anula, acordando no obstante la retroacción de actuaciones. En estos supuestos, no se inicia un nuevo procedimiento, sino que la orden de retroacción provoca que el procedimiento quede de nuevo abierto y que por tanto deban realizarse las correspondientes actuaciones de instrucción tendentes a su terminación.

Pues bien, las comprobaciones de valor no motivadas son anulables por motivos de forma son subsumibles en este tercer grupo, pues “el valor final es una cifra abstracta par el contribuyente, al que se le posibilita conocer  el resultado de aquella actividad valorativa pero no los criterios mantenidos con fundamentación en dicho acto, por lo que se le priva de los elementos necesarios para aceptarlo, o en su caso, combatirlo y por ello adolece de un defeco de forma que le produce indefensión y su posición frente a la comprobación se carga de incertidumbre”.

¿Y de qué plazo dispone la Administración para exteriorizar la motivación de su comprobación?  De un lado el artículo 66 del RGRVA –RD 520/2005- fija el plazo de un mes para ejecutar la anulación del acto (Anulación formal del acto por el órgano que lo dictó, pues materialmente el acto ya está anulado por la resolución del tribunal): “cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo del asunto, la resolución ordenará la retroacción de las actuaciones, se anularán todos los actos posteriores que traigan su causa en el anulado y, en su caso, se devolverán las garantías o las cantidades indebidamente ingresadas junto con los correspondientes intereses de demora”. 

De otra parte, el artículo 104 dispone un plazo máximo para resolver de 6 meses en los procedimientos de gestión. Por consiguiente, la doctrina del TEAC exige completar la retroacción en la parte no consumida del plazo global de siete meses. El incumplimiento de este plazo producirá la caducidad del expediente; no del expediente de retroacción, entiéndase bien, sino de todo el expediente de comprobación. Y como los procedimiento caducados no interrumpen el cómputo de la prescripción, en la mayoría de los expediente se habrá ganado la prescripción. ¿Y qué hacen las Administraciones tributarias autonómicas? Pues ignoran olímpicamente esta doctrina y abren un nuevo expediente –en lugar de completar el anterior- exteriorizando la motivación omitida, no declaran la caducidad de oficio del procedimiento originario y así le atribuyen virtualidad interruptiva de la prescripción.

El Tribunal Supremo ha ido incluso más lejos que el TEAC y ha extendido los efectos de esta doctrina a las anulaciones por motivos de fondo, a los procedimientos de Inspección, si bien posiblemente con el mayor plazo que dispone el artículo 150.7 de la LGT, y cualquier anulación por defecto de forma que, aún cuando no ordene expresamente la retroacción formal, materialmente resulte necesaria para ejecutar lo resuelto por el tribunal. Esta doctrina fue sentada por el TS en Sentencia de 25/1/2017, siendo también aplicada por el TSJ de Extremadura, Sentencia de 26-01-2017 y el TSJ de Madrid, Sentencias de 7/10/2016 y 28/11/2016.

La Comunidad de Madrid recurrió en casación estas últimas dos sentencias ante el Supremo, recursos que fueron admitidos a trámite en sendos autos del TS de 29/3/2017 y 14/6/2017, quien apreció interés casacional en el asunto, por lo que las espadas están aún en alto. Pero conociendo el espíritu garantista del que hace gala la sección segunda de la Sala tercera del Tribunal Supremo, es más que probable que se desestimen sendos recursos.

Les tendré informados.

 

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1 Comentario

  1. Gracias por compartir tú opinión. Comparto totalmente lo indicado en el artículo. Yo tengo un caso similar ante la AEAT, por una comprobación del IRPF 2008. He alegado tal cuestión ante el TEAR de Galicia y estoy a la espera.

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