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Asistencia sanitaria

Extranjería

Es tema de debate en estos días la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, ya que se aproxima el término del plazo que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones concedió para regularizar la situación de asegurado, 31 de agosto de 2012.

La modificación de la asistencia sanitaria no ha pasado por el Parlamento ni ha sido debatida, por lo que carecemos de todos esos indicios y compromisos que se van dejando caer a lo lardo del trámite parlamentario. De hecho, no se sabe cómo la van a llevar a la práctica las comunidades autónomas –la mayoría de las competencias que hacen funcionar la sanidad y sus prestaciones en lo cotidiano están transferidas- y afecta a múltiples colectivos, no sólo a los trabajadores en situación irregular.

Con la literalidad de la norma en la mano, estarían excluidos, por no acreditar la situación de asegurado un grupo considerable de ciudadanos/as españoles/as mayores de 26 años residentes en España que nunca han estado en situación de alta o asimilada en el Sistema de Seguridad Social (o sea, que nunca han cotizado), por ejemplo: amas de casa divorciadas que no están a cargo del ex cónyuge, estudiantes universitarios (muchos habrá en Medicina, carrera universitaria de fondo que además lleva normalmente a la preparación del MIR), jóvenes que no han llegado a conseguir su primer empleo, personas pertenecientes a la etnia gitana, los que han desempeñado trabajos irregulares a lo largo de la vida, especialmente mujeres empleadas del hogar, religiosos y profesionales liberales que están adscritos a una mutua y no al régimen de autónomos o general. También lo estarían los ciudadanos comunitarios que no estén trabajando ni generando prestación, residentes legales no comunitarios en la misma situación de exclusión de trabajo y prestaciones y, naturalmente, los extranjeros en situación irregular mayores de 18 años empadronados o no, aunque tengan actualmente tarjeta sanitaria y a los que les será denegada la segunda tarjeta de residencia a causa de haber agotado las prestaciones por desempleo y encontrarse en paro de larga duración (irregularidad sobrevenida), y, naturalmente, sus cónyuges e hijos mayores de 18 años.

Sobre estas situaciones, tres matices importantes: los menores de 18 años están cubiertos en todos los casos, entre los españoles hay gran cantidad de casos en los que se obtiene cobertura por tener derecho a la adscripción a otro beneficiario (padres, abuelos, hermanos…), y se garantiza la asistencia sanitaria de urgencias. Sobre los menores de 18 años existe un nuevo matiz. En el parto hay dos asistencias: la que se presta al que nace y la que se presta a la madre. Esperemos que se considere todo parto una urgencia, porque otra cosa puede generar situaciones entre lo pintoresco y lo dramático. Todavía no se ha definido la asistencia a los españoles sin recursos, ni si será extensible a los residentes legales en general, ni cuál es el límite de ingresos a considerar y el procedimiento para obtenerla.

Esta remisión a la asistencia de urgencias se configura como el único recurso sanitario disponible para la población excluida. Es previsible un colapso de los servicios de urgencias de hospitales y centros sanitarios públicos ante el desamparo que supone no poder acceder a la asistencia de atención primaria. En algunos casos serán urgencias por no haber sido tratadas a tiempo, en algunos no serán urgencias pero irán igualmente porque no tienen opción. Y el caos de registro asistencial es también previsible, ya que no habrá historial ni referencia en los ordenadores y el seguimiento del paciente será muy difícil. El personal sanitario está especialmente vinculado al cumplimiento del deber de auxilio por su código deontológico y por el Código Penal, que define la omisión del deber de socorro en el artículo 196. La atención se prestará, pero a costa de la eficiencia y de la eficacia.

No se ha computado tampoco el gasto que supone el hecho de que el paciente excluido acudirá al sistema sanitario en una fase de su proceso media o avanzada y, caso de que se trate de un proceso transmisible, ya lo habrá contagiado (pensemos, por ejemplo, en la tuberculosis, fácilmente confundible con un proceso gripal o catarral, fácil de extender y con una incidencia alta). En todos los casos el tratamiento del enfermo y su entorno será más largo, más difícil y más caro, eso suponiendo que todos los afectados puedan costeárselo.

El reciente planteamiento que se ha puesto sobre la mesa de facilitar el acceso a la sanidad mediante el pago de una cuota mensual parece jurídicamente complejo. Obviamente la mayor parte de los residentes en situación administrativa irregular obtienen algún ingreso, ya que de algo tienen que mantenerse (y a las ayudas económicas no pueden acceder en situación irregular), pero hasta el precio que se propone es poco competitivo con respecto a un seguro privado. Supone, en todo caso, reconocer la existencia del ciudadano en situación irregular como sujeto pasivo de una situación administrativa, aunque sea un derecho al que se accede mediante pago de cuota. Y supone un paso más hacia un sistema de cuotas muy alejado del universal y gratuito del que hemos estado tan orgullosos.

Nuestro sistema de asistencia sanitaria, en contra de lo que se parece, no se financia exclusivamente con los aportes de las cotizaciones sociales, sino que también se nutre de los impuestos indirectos (artículo 86 de la Ley General de la Seguridad Social). Contribuimos a la sanidad a través de las cotizaciones y también contribuimos comprando leche, una entrada para el cine, una botella de pacharán, un paquete de tabaco o un litro de gasolina. Por lo que todos los que se van a quedar sin asistencia sanitaria han estado contribuyendo en alguna medida a su financiación, lo que explica que haya muchas personas contrarias a la utilización del término copago, considerando más adecuada la de repago.

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