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Antecedentes policiales y libre circulación para los ciudadanos de la UE

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Extranjería

Ser ciudadano de la UE es una condición jurídica con muchas ventajas. Permite la libre circulación y movimiento dentro de un vasto territorio que no está del todo cohesionado, al que todavía le queda un largo camino por andar para tener unos procedimientos burocráticos y unos criterios de administración comunes. En todo caso, puesto en balance, es cómodo y útil para todos.

Ser ciudadano de la UE, eso sí, no te convierte en mejor persona o más cumplidor de las normas de convivencia. Ni te convierte en intocable para las autoridades de países distintos al tuyo de origen. Porque por mucha Unión Europea que formemos, siempre queda un punto de partida inicial que pivota sobre el país que te da la nacionalidad, siendo ese es el único que no tiene más remedio que permitirte que deambules por su territorio hagas lo que hagas (lo mismo acaba por confinarte en un espacio denominado prisión, pero acogerte te acoge).

Al Tribunal Superior de Justicia de Madrid llegó recientemente el debate sobre la idoneidad de la expulsión de un ciudadano rumano, decisión de expulsión adoptada en función de la existencia de numerosos antecedentes penales, ya que este ciudadano había sido detenido en más de 40 ocasiones teniendo en su poder (…)“múltiples documentos de identidad , tanto españoles como expedidos por terceros países; tarjetas de crédito cuya titularidad no correspondía a la persona que las tenía en su poder en el momento de la intervención policial; tarjetas sanitarias de diversas sociedades médicas; pasaportes expedidos por las autoridades de más de 10 países distintos; documentos profesionales; permiso de residencia en España expedidos a nombre de extranjeros residentes dentro de nuestro territorio; varias utilizaciones de tarjetas de crédito con apropiación de fondos ajenos, quizá, mediando engaño; billetes de avión; teléfonos móviles; metálico y billetes de distintos países; etc.”   La decisión de expulsarlo del territorio español por un período de cinco años la toma la delegación del gobierno en Madrid al amparo del artículo 15 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Ese Real Decreto establece la posibilidad de impedir la entrada en España de ciudadanos europeos, denegar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros, o la expedición o renovación de las tarjetas de residencia previstas e incluso ordenar la expulsión o devolución del territorio español de un ciudadano europeo cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública.

Esos antecedentes policiales numerosos no se habían convertido en antecedentes penales, si bien marcaban una tendencia preocupante. El TSJM considera que la falta de denuncias que llevasen a los antecedentes penales pueden tener una explicación “el lugar en que las mismas se desarrollaron (alrededores de estación del metro de Sol en donde la afluencia de personas y, sobre todo, turistas, es considerable) y el número de personas directamente afectadas (especialmente, turistas extranjeros cuyo desconocimiento de la ciudad y de los trámites administrativos, dificultan en gran medida la comunicación de los hechos a las fuerzas de seguridad) (…)” y que la cantidad de intervenciones de las fuerzas de seguridad en las que se ha visto envuelto este ciudadano marcan una tendencia de verse envuelto en actuaciones contra la seguridad pública que la administración española no puede ignorar, estando justificada y siendo proporcional la medida de expulsión del territorio nacional.

Ser ciudadano de la UE facilita el tránsito y establecimiento, pero no exime de un mínimo de comportamiento racional.

 

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