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Administración local y negociación colectiva

Laboral

Es por todos sabido que una parte más o menos significativa de los trabajadores al servicio de un ayuntamiento no son funcionarios. El personal laboral de los grandes ayuntamientos tiene condiciones negociadas y reguladas, pero las corporaciones locales de los municipios pequeños no siempre ha abordado las relaciones laborales de forma global, la planificación va muy en función de las previsiones presupuestarias y los programas de empleo que diputaciones, comunidades autónomas y administraciones estatales asignen.

Los ayuntamientos pueden llegar a ser una empresa multifunción (servicio de obras, jardinería, piscina, guardería, gabinete psicológico, bomberos …) y muchos de ellos – sobre todos los más pequeños- carecen de convenio colectivo, convenios que deberían articular todas las funciones que pueden llegar a asumir. Cuando una actividad no tiene convenio su suelo retributivo y legislativo está en el estatuto de los trabajadores y el Salario Mínimo Interprofesional. Cuando una empresa tiene varias actividades debe tender a la aplicación de un solo convenio, salvo cuando esas actividades resulten estar totalmente diferenciadas dentro de la organización empresarial (y cada una tenga un CCC).

Al Tribunal Supremo llegó recientemente el caso de un operario de obras, contratado a través de un contrato eventual enmarcado en un programa de fomento de empleo. El ayuntamiento carece de convenio y el trabajador pide que se le aplique el de la construcción, ya que las tareas desempeñadas al servicio del ayuntamiento encajan perfectamente en ese marco sectorial de negociación colectiva. El trabajador apoya su reclamación en el criterio del propio TS, que allá por el año 2005 consideró ajustado a derecho aplicar el convenio de centros de asistencia de educación infantil a las maestras que un ayuntamiento había contratado para dar servicio a la guardería municipal.

El ayuntamiento defiende que no es una empresa de construcción, por lo que no tiene obligación de aplicar el convenio, aunque justo el convenio general de ese sector (…) en el apartado 1 del artículo 4 establece que “la normativa de este convenio será de obligada y general observancia para todas las empresas, entidades públicas y trabajadores de las actividades enumeradas en el artículo anterior”, comprendiendo en su ámbito personal no a las empresas o entidades que se dediquen principal o fundamentalmente a la construcción, sino que realicen dichas actividades, incluyendo genéricamente a las entidades públicas.(…) “

El Tribunal Supremo cambia el criterio que ha venido manteniendo y entiende que “una Administración Pública -que no tienen convenio colectivo u otro específicamente aplicable-, no puede quedar afectada por lo dispuesto en un convenio sectorial del que no ha formado parte ni está representada por las Asociaciones empresariales firmantes del mismo. Las Administraciones Públicas no pueden estar sujetas a normas convenidas por organizaciones patronales necesariamente guiadas por intereses particulares o sectoriales que muy difícilmente podrán coincidir con aquellos intereses públicos y generales que, como ocurre en este caso concreto, los Ayuntamientos están llamados a desempeñar, y por ello entendemos que las asociaciones empresariales carecen de la representatividad necesaria para extender los efectos de una negociación colectiva a tales entidades.”

Y el Tribunal Supremo manda un recado a los ayuntamientos “(..) Ninguna duda cabe que la formalización por los ayuntamientos de un convenio colectivo propio es la herramienta jurídica más adecuada para dar solución a esta problemática, en tanto que permite regular unitariamente las relaciones laborales de todos sus empleados y de todas las diferentes actividades que pudiere desarrollar en la prestación del servicio público. Igualmente, la ausencia de convenio colectivo podría ser solucionada mediante el recurso a los mecanismos previstosen el artículo 92 ET, bien mediante la adhesión a otro convenio, bien mediante la extensión de otro convenio colectivo en vigor.” Por tanto, no se puede “aceptar la aplicación de todos y cada uno de los distintos convenios sectoriales que pudieren corresponderse con todas y cada una de las diferentes actividades que pudiere desarrollar el Ayuntamiento.”

Cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo discrepan de la teoría mayoritaria, que entienden llevará a un retroceso importante en las condiciones de trabajo del personal al servicio de los pequeños ayuntamientos repartidos por España. Este efecto puede ser paliado desde las propias corporaciones, adhiriéndose en los contratos a la aplicación de algún convenio concreto. No olvidemos que los convenios no solo regulan salarios, regulan también régimen sancionador, condiciones de conciliación, excedencias, permisos….

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