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Adiós secretitos en Panamá

PANAMA
Consultorio Empresarial

Cuando estamos acabando de digerir el 720 (declaración sobre Bienes y Derechos situados en el Extranjero), llega el modelo 232 (Declaración Informativa de Operaciones Vinculadas y de Operaciones y situaciones relacionadas con Países y Territorios considerados como Paraísos Fiscales) y, en un futuro no muy lejano, llegará desde Bruselas la obligación de informar sobre operaciones potencialmente abusivas que sean promovidas por intermediarios fiscales establecidos en la Unión europea.

La cosa se pone seria. El pasado 30 de agosto se publicó la Orden que aprueba el modelo 232, por el que se obliga a los contribuyentes del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente, a presentar una declaración en la que se incluyan, entre otras, las operaciones y situaciones relacionadas con personas o entidades vinculadas superiores a 250.000 euros y, las operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales, cualquiera que sea su importe. En definitiva, quien realice operaciones con territorios como Panamá, lo debe informar a la Agencia Tributaria.

Esta nueva declaración es otro de los mecanismos que está adoptando la administración tributaria para luchar contra el fraude fiscal, y, además, se adelanta a los pasos que está dando las Instituciones Europeas en la adopción de medidas anti-elusivas.

Así, la Comisión Europea presentó el 21 de Junio del 2017 una propuesta de Directiva para establecer un mecanismo de declaración y de Intercambio automático de información para operaciones que se consideren como sospechosas de ser potencialmente abusivas, en términos fiscales. Esta es una consecuencia de los “Papeles de Panamá”, pues ante los escándalos que se destaparon, la Comisión de la UE se ha puesto “las pilas” y busca fórmulas que permitan detectar conductas tendentes a rebajar o incluso eliminar la tributación de determinadas operaciones.

Ahora, con esta propuesta de Directiva, se pone el punto de mira, no sólo en las empresas (como hace la administración española con el modelo 232), sino también en los denominados intermediarios fiscales, y que no son otra cosa que los asesores que aconsejan a sus clientes en la planificación fiscal.

Parece que entramos en una nueva era de transparencia y puede que esta vez sea real. Que hay que informar de las operaciones realizadas en paraísos fiscales es ya una realidad. Que haya que informar de las operaciones de planificación fiscal “agresiva” que se quieran llevar a cabo es más que probable, incluso con los riesgos que puede llevar aparejado.

Esta propuesta de la Comisión, aunque se ha redactado con muy buena intención, necesita ser perfilada. La vulneración del secreto empresarial, con la aprobación de una declaración de este calibre es algo que no puede tratarse a la ligera, no sólo por la confidencialidad de la que toda persona debe gozar, sino por que estaríamos desalentando a inversores de terceros países a establecerse en mercados europeos.

La tendencia mundial es clara para acabar, o al menos reducir al máximo, el fraude fiscal. Sólo queda buscar un buen método que no acabe por perjudicar a los mercados europeos y que sea capaz de conjugar transparencia con competitividad empresarial y crecimiento económico.

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