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Indemnizaciones por accidentes de trabajo e intereses moratorios

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Laboral

El recorrido judicial de la indemnización con origen en un accidente de trabajo puede demorarse años. Los accidentes más graves suelen tener un inicio penal. La penal es la sanción más grave posible, el que no haya un directo responsable (o incluso que haya fallecido en el mismo accidente) lleva a la jurisdicción social, que queda detenida mientras la penal no se pronuncia, ya que uno no puede ser juzgado dos veces por el mismo motivo.

El objetivo principal en todo juicio indemnizatorio es obtener el resarcimiento del daño.  El pagador más habitual de la indemnización perseguida, la compañía de seguros. Los seguros son un magnífico invento para socializar los riesgos. Y también son un negocio. Bien es cierto que los seguros se han ganado la fama de que se apañan para no cubrir lo que realmente ocurre y que es raro que el indemnizado se sienta resarcido. También es cierto que intentar colarle cosas al seguro para que las abone es casi un sector de actividad en sí mismo.

A cambio de una cantidad fija la compañía de seguros adquiere el compromiso (muy delimitado, eso sí) de hacerse cargo de los daños que el asegurado pueda provocar a un tercero, ya sea personalmente o en sus bienes. En el caso de los accidentes de trabajo, asegura las consecuencias de la falta de medidas efectivas por parte del empresario para evitar el riesgo, la llamada responsabilidad civil. Para los daños personales se ha fijado un baremo en el ámbito de los accidentes de tráfico, que suele ser utilizado en situaciones ajenas a la circulación de vehículos de motor. La salud no te la devuelven, el dolor es tuyo…, hay una cantidad estimada para intentar compensarlo.

El negocio de las compañías de seguro está, obviamente, en intentar evitar o demorar los pagos. El perjudicado en un siniestro puede tener mayor necesidad de un cobro rápido, aunque sea de la mitad de lo que le corresponde, que de discutir. Los grandes caballos de batalla del seguro son que haya efectiva responsabilidad de su asegurado, que el accidente esté dentro de aquellas cuestiones que la póliza cubre e intentar evitar toda acción que pueda dar pie a la mínima consideración de que se consideren remotamente responsables de nada. Para contrarrestar esta inercia de las compañías, la ley del contrato del seguro impone en su artículo 20 una mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.” La mora es del “interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100”, si bien “transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100”.

Al tribunal supremo (TS) ha llegado la discusión sobre la procedencia de abonar los intereses moratorios desde la fecha del accidente en un accidente laboral. En el asunto que se debate la compañía sabe del accidente, si bien  argumenta que no caben intereses cuando no está determinada una cantidad, cantidad que ha necesitado de un procedimiento judicial para fijarse. El TS aclara que “la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial”.

El TS entiende que bien pudo la compañía ir ofreciendo una cantidad mínima en función de un siniestro cuyas consecuencias conocía, un accidentado al que teniendo localizado no citó para examinarlo, y unos baremos que, aunque no son vinculantes fuera de los accidentes de tráfico, bien pueden ser tomados como referencia. No lo hizo por negociar a la baja, o por evitar el depósito de la cantidad, o por tener la esperanza de que el debate judicial excluyese su obligación de cubrir el siniestro. Y esa es una decisión de estrategia procesal cuyas consecuencias no pueden recaer en el perjudicado.

El accidente que se debate es de 2008, los intereses moratorios a la altura de 2017 pueden suponen duplicar la cantidad de indemnización. Un riesgo con el que la compañía jugó y que, en esta ocasión, no le va a salir a cuenta.

 

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