Cerrar

“Abogaaaaaado”

cabo del terror8
Espacio Tributario

La decisión se tomó el pasado mes de julio, pero ha sido ahora -tras el lapso vacacional- cuando ha trascendido públicamente: la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el informe emitido previamente por su Gabinete Técnico, informando favorablemente respecto a la petición recibida desde la Agencia Tributaria (AEAT) relativa al suministro de información sobre la intervención de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales habidos durante 2014, 2015 y 2016.

Así las cosas, corresponderá a los respectivos órganos judiciales la decisión última sobre la información a facilitar a resultas del requerimiento de la AEAT, pero siempre tomando como referencia las consideraciones hechas por el CGPJ que da el plácet a lo solicitado desde el erario público con la única expresa excepción de los datos relativos a los clientes.

Estamos, pues, ante un nuevo episodio que suscita el debate sobre el genuino alcance de los requerimientos de información. El asunto no es nuevo; y precisamente por ello ya es sabido qué extremos son los más vidriosos de este escenario, a saber:

-. La clave de bóveda del asunto viene dada por el resbaladizo concepto de “trascendencia tributaria” que el Tribunal Supremo (TS) definió como “la cualidad de aquellos hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida en el artículo 31 de la Constitución de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, y poder, en caso contrario, actuar en consecuencia. Y esta utilidad puede ser directa (cuando la información solicitada se refiere a hechos imponibles, o sea, a actividades, titularidades, actos o hechos a los que la ley anuda el gravamen) o indirecta (cuando la información solicitada se refiere solo a datos colaterales, que pueden servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, para guiar después la labor inspectora -que, no se olvida, no puede alcanzar absolutamente a todos los sujetos pasivos, por ser ello materialmente imposible- hacia ciertas y determinadas personas”.

-. En paralelo, el TS advierte que este medio de obtención de información por “captación” no puede desvirtuarse para terminarse equiparando al deber reglamentario de facilitar información por “suministro” (modelos 190, 347, etc).

-. El TS lanza un aviso (¿a navegantes?): “Sería contrario a la disciplina legal practicar un requerimiento individualizado de información para recabar la que debería haberse recogido a través del deber general de información periódica; pero no lo es pedir los datos a personas que eventualmente pueden disponer de datos con trascendencia tributaria, aunque su conocimiento proceda de relaciones tenidas con personas distintas de los obligados tributarios, siempre que las (…) fuentes de conocimiento sean de naturaleza económica, profesional o financiera”.

Dicho esto, también es cierto que dos de los últimos -y más significados- pronunciamientos del TS al respecto (los relativos a los “casos” 4B y El Corte Inglés) incluyeron sendos votos particulares suscritos por los Magistrados D. Joaquín Huelin y D. José Antonio Montero, advirtiendo que ese deber de información y colaboración debe ponderarse mediante el principio (básico, habremos de decir) de la proporcionalidad; siendo así que la Administración no goza de una discrecionalidad plena para decidir el modo y método de recopilar esa información, no siendo de recibo aquellos requerimientos generalistas, inconcretos, indiscriminados y no selectivos (visto lo visto, parece que el requerimiento de la AEAT al CGPJ sería susceptible de reunir varias de esas características).

En ese mismo sentido, debe traerse a colación algún pronunciamiento del TEAC (vgr.: su resolución de 4/4/2017) en el que aborda -haciéndose así eco de la interpretación del propio TS al respecto- la difícil cuestión del carácter de la utilidad potencial o indirecta de la información solicitada por la AEAT, apuntando que no todo dato económico tiene per se trascendencia tributaria. Y, es más, señala que alguna pretensión informativa de la AEAT “afecta a datos que (…) no se sabe, a priori, si van a tener o no incidencia en la aplicación de los tributos concretos; dada la generalidad y globalidad con que se expresa no parece admisible presumir concurrente una relevancia implícita y prescinde de la fijación de umbral alguno por razón de importe satisfecho que pudiera considerarse representativo de determinada capacidad económica”. Todo ello para concluir apuntando que “la generalidad e indiscriminación del requerimiento, en el que se ha de dar la información de datos que en muchos casos carecerán de relevancia económica alguna y la ausencia total de justificación avalan que no se compadece bien con los principios de proporcionalidad y de limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales a que hace referencia el artículo 3.2 de la LGT”.

A partir de ahora, el asunto queda pues en manos de la Justicia y, además, en un doble sentido: es a los Jueces a quienes corresponde la entrega de la información requerida, por ser ellos los custodios de los ficheros jurisdiccionales; y, también, es sobre ellos sobre los que recae la responsabilidad de evaluar la ortodoxia jurídica de esa petición, debiendo ponderar tanto su proporcionalidad como la trascendencia tributaria de los datos requeridos. Y, en este punto, cobrará una enorme relevancia un aspecto habitualmente colateral pero que aquí será nuclear: ¿mientras se discute si el requerimiento es jurídicamente válido o no, cabe su suspensión cautelar? En mi humilde opinión, pocos casos hay tan paradigmáticos como éste en el que se aprecie en toda su crudeza que la ejecutividad del acto impugnado conlleva que la resolución final del litigio se arriesgue a ser del todo estéril, pues de no suspenderse el suministro de la información requerida, no parece dable retrotraer la situación (con todas las consecuencias que arrostra para terceras personas) al momento anterior al de su envío a la AEAT. Rememoro aquí aquellas acertadas observaciones del Magistrado Navarro Sanchís saliendo al paso de la pretensión de la AEAT de que se ejecutara su requerimiento, argumentando ésta que si finalmente una sentencia declarara el requerimiento como improcedente, ello “no crearía situaciones irreversibles, en principio, conllevaría la devolución de toda la información remitida”; “reintegro éste que -afirma Navarro-, en mi humildad de juzgador en la instancia, se me antoja tan difícil como el regreso de un neonato al claustro materno”. Sencillamente magistral.

Voy terminando. Obviamente, las reacciones a esta decisión no se han hecho esperar. El Consejo General de la Abogacía (CGA) emitió un comunicado señalando que, de este modo, se siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de todos los abogados procesalistas (…). La solicitud de datos de la AEAT -identificación del abogado interviniente con indicación de nombre completo, NIF, número de colegiado, las fechas de inicio y de cese del procedimiento, naturaleza del mismo, el juzgado o tribunal donde se ha celebrado, localidad e importe de cada procedimiento judicial- es un requerimiento sumamente escueto, carente de motivación y falto de concreción, por más que se refiere a información desprovista de contenido tributario. Este mecanismo de recopilación generalizado de carácter masivo, sin la adecuada justificación y por ello sin amparo en el marco normativo, se hace, además, sobre casi 23 millones de asuntos judiciales de los que la Agencia Tributaria ya dispone de completa información”. Es decir, sus argumentos vienen a coincidir -grosso modo- con los aquí expuestos. Habrá que estar atentos, pues, a cómo se va dilucidando la batalla judicial que se anuncia.

Cosa distinta -y, lo siento, no puedo evitar apuntarla- es que la queja del CGA, y, con él, la de los respectivos Colegios de Abogados (ICAs), me temo que llega tarde. En tiempos de Pedrol Ríus (y en circunstancias bastante más dolorosas que las actuales, como fue, por ejemplo, el asesinato de los abogados de Atocha), se afirmaba que “es la abogacía la que ha de salvaguardar el derecho de la sociedad entera”. Sin embargo, con sumo y profundo dolor, he de decir que no parece ser ya ése el principio que guía a la abogacía como cuerpo social. Y es que han sido varias (y graves) las ocasiones en las que la sociedad echó en falta que la abogacía -siempre con alguna honrosa excepción-, como institución, levantara la voz ante ciertos retrocesos… Porque, ¿dónde estaba cuando el recurso ante el TS quedó restringido al IBEX35? ¿Y cuándo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se convirtió en algo parecido a una quimera? ¿Y cuándo se condenó a alguien a pena de cárcel mediante pruebas obtenidas ilegalmente? En definitiva, y como diría “El último de la fila”, “¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité?. Quizá, por ello, la penitencia de los ICAs sea la “maldición” de los versos de Niemöller: “cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie que dijera nada”.

 

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , Garantía profesional.

©Todos los derechos reservados. Los contenidos de esta web son propiedad exclusiva de SIGA 98, S.A. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial.

1 Comentario

  1. https://www.politicafiscal.es/

    Corría el otoño de 2012 cuando José Ramón Carril -un excelente profesional, y aún mejor persona-, responsable de prestar servicios tecnológicos a los gestores administrativos, estaba dando forma a un sueño largo tiempo perseguido: crear una blogosfera en la que, a modo de plaza pública, se pudieran debatir asuntos laborales, empresariales y fiscales.
    Y fue, precisamente, entonces cuando los caminos vitales de Carril y el mío se cruzaron. Su capacidad de convicción y persuasión fue tal que apenas pude ofrecer resistencia a su ofrecimiento: se trataba de poner en marcha un blog tributario que, bajo el nombre de Espacio Tributario vio la luz el 13 -¡y martes!- de noviembre de 2012. Desde entonces, todos los martes, a las 11 en punto de la mañana dio a luz el milagro de un “post”: un comentario, más o menos desenfadado o técnico -a según- sobre un asunto fiscal de actualidad e interés en la blogosfera de SIGA. El reto no era menor, y el esfuerzo tampoco: cada semana, puntualmente, debía generarse contenido, primero para generar seguidores y, después, para mantenerlos.
    Afortunadamente, no tardaron mucho en aparecer dos magníficos compañeros de viaje: Francisco Veiga y Francisco Soto, ambos entonces abogados tributaristas de Garrigues. La camaradería surgió rápido y nuestra condición de competidores -yo, por entonces, todavía estaba en EY Abogados, aunque mis “posts” los firmaba a título individual- nunca fue un obstáculo para interactuar respetuosa y armónicamente…
    La idea era simple y compleja a la vez: plena libertad en la elección de los asuntos a abordar, así como en la perspectiva desde la que se expusieran. De ese modo, la variedad de temas fue ingente, así como el estilo, que fue adoptando un tono de sarcástica y desenfadada acidez. Quizá el mercado estaba algo saturado de sesudos tratados técnicos, y esta visión distinta fue generando fieles lectores: sea como fuere, la criatura ya iba tomando forma.
    El tiempo pasó, y yo me fui de EY y ellos del blog; pero el espíritu de Espacio Tributario se mantuvo invariable con la incorporación al proyecto de otros nuevos -y también grandes- profesionales: Antón Beiras Cal, César García Novoa y Carlos Romero Plaza. Cada uno de ellos, con su propio estilo y perfil profesional -académico el de César, mordaz el de Antón y genial el de Carlos-, fueron haciendo sus valiosísimas contribuciones a un ser que, por entonces, ya había adquirido vida propia. Carril, ya jubilado, podría estar contento pues su criatura creció firme y recia.
    Y, si todo en la vida tiene un principio y un final, Espacio tributario tuvo, afortunadamente, no un punto y final sino un punto y seguido. Un día -nunca supimos porqué aunque lo cierto es que tampoco importa- la sociedad promotora del blog decidió tirar la toalla. Pero aquel proyecto ya no podía parar: la cita de los martes a las 11 de la mañana ya era una rutina -casi un vicio- semanal para los entonces cuatro coautores y, así, fue como decidimos seguir.
    Ya con nuestra propia plataforma, en politicafiscal.es, bautizada TAXLANDIA, damos pues continuidad a aquel embrión que tímidamente salió de su cascarón en noviembre de 2012. Y aquí estamos, fieles a aquellos principios: la libertad por bandera, el rigor como arma, y el respeto como lema (eso sí, si hay que pisar algún callo, se pisa). El mundo impositivo es de natural agrio, por ello pretendemos aportar un poco de aire fresco en un universo con frecuencia serio y desagradecido.
    Nosotros, que conste, nos divertimos; esperamos que Ustedes, por lo menos, se entretengan. Siéntanse cómodos; están en su casa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

Pin It on Pinterest