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Trabajo y pensión de invalidez

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Laboral

Las prestaciones de invalidez, que surgen en un específico contexto de previa cotización, no son siempre sinónimo del final de la vida laboral. De hecho, no deberían serlo, deberían actuar como un colchón económico que permita a quién tiene la desgracia de ver limitada su capacidad a reinventarse en función de las capacidades restantes. El tener una incapacidad no puede limitar el derecho constitucional al trabajo, si bien dificulta su ejercicio.

En una invalidez total se supone que las limitaciones que se padecen impiden volver a un desempeño profesional de la profesión u oficio que venía siendo habitual, pero que hay una gama de posibles trabajos para los que aún se conserva aptitud. El ejemplo típico es el del concertista de piano que pierde dos dedos en un accidente. El piano ya no lo puede tocar, pero a todos se nos ocurren trabajos a los que podría acceder sin problemas. En una invalidez absoluta, las limitaciones que se padecen son tales que no hay tareas realizables con profesionalidad que abran un abanico de perfiles de ocupación que se puedan desempeñar. En ambos casos la calificación de la invalidez está sujeta a revisión, porque la ciencia avanza que es una barbaridad y los estados de salud en ocasiones evolucionan a mejoría. Y las cuantías (con matices según edad del beneficiario y origen de la incapacidad) son muy diferentes : el 55% de la base reguladora para la total y el 100% para la absoluta.

La ley general de la seguridad social establece específicamente un régimen de compatibilidad entre prestación vitalicia de incapacidad permanente y actividad remunerada. En el caso de la incapacidad permanente total, hay compatibilidad “con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.”

En el caso de las pensiones vitalicias de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez “no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.”

¿Quién juzga que las funciones no coincidan o que sea compatibles con el estado del incapacitado? La entidad gestora de las prestaciones, el INSS habitualmente, a la que se tiene la obligación de comunicar el ejercicio de la actividad. El INSS puede estimar que el realizar la actividad supone una mejoría efectiva en las dolencias, o que el perfil del nuevo trabajo se parece tanto al de la profesión habitual que la decisión inicial de la incapacidad partió de una valoración errónea de la persona. Es una comunicación, no una autorización (salvo para los pensionistas de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional, que sí deben ser autorizados), aunque si puede tener consecuencias, ya que no hay una normativa clara al respecto, por tanto, cuanto más descriptiva sea la diferencia entre lo que se hacía y lo que se va a hacer, mejor, se evitará el engorro de una revisión. El formulario no da para muchas descripciones, es recomendable anexar un escrito detallando lo que se pretende hacer. Y , en todo caso, recordemos que quién no perdona el alta y la declaración de ingresos es la AEAT.

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

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